Cierre de negocios por inseguridad, ¿responsabilidad patrimonial del estado?
Lamentablemente hemos visto en los medios de comunicación noticias sobre el cierre de negocios ante la falta de clientes motivada por la inseguridad que vivimos.
De acuerdo con la Constitución federal, todos los mexicanos tenemos la obligación de contribuir al gasto público pagando los impuestos que nos correspondan.
Se supone que, a cambio de los impuestos que pagamos, los mexicanos debemos disfrutar de los servicios que presta el estado y de la infraestructura que debe construir.
Dentro de los servicios que tenemos derecho a disfrutar los mexicanos que pagamos impuestos, se encuentra el de seguridad pública cuyo objetivo principal es garantizar que vivamos en un medio ambiente libre de violencia.
Como todos sabemos, el Estado no ha cumplido con prestar el servicio de seguridad pública de forma eficiente, es más, ni siquiera de forma medianamente aceptable.
La ola de violencia que vivimos ha puesto en evidencia que el Estado está rebasado y que no encuentra la forma de poner orden.
Mientras esto se soluciona los ciudadanos sufrimos las consecuencias y también los negocios establecidos que han tenido que cerrar sus puertas o despedir personal.
La pregunta obligada aquí es, si el Estado no está cumpliendo con prestar el servicio de seguridad pública como se debe, ¿es responsable de los daños y perjuicios que se nos causen a los ciudadanos?
En otras palabras, si tengo que cerrar mi negocio por la falta de clientes ahuyentados por la violencia imparable, ¿puedo demandar al Estado para que me pague los daños y perjuicios causados?
No tengo noticias de que se haya llevado algún juicio de ese tipo en el País y tampoco existe jurisprudencia al respecto, pero creo que valdría la pena intentar llevar a tribunales esta inquietud.
Lo peor que puede pasar es que no se gane el juicio y el ciudadano tenga que asumir los daños y perjuicios causados por el cierre de su negocio.
Pero imagínese que obtenga sentencia favorable y reciba una indemnización por los daños y perjuicios que le ocasione el cierre de su negocio, sentaría un precedente importante que serviría para dos cosas: la primera, para que el Estado repare los daños y perjuicios causados por su actuación ineficiente en materia de seguridad pública y, segundo, generaría un efecto disuasivo en el Estado, quien, enfrentado a tener que pagar daños y perjuicios por servicios públicos deficientes, tendrá que mejorarlos.
Ahí les dejo la idea por si algún ciudadano afectado quiere intentar demandar al Estado por responsabilidad patrimonial, ahora falta que alguien se anime a ponerla en práctica.
