Cifras oficiales de delitos en México: anomalías detrás de los descensos
Las cifras oficiales de delitos en México muestran una reducción en buena parte de los principales indicadores de violencia durante el primer semestre de 2026. Sin embargo, un análisis de Causa en Común identifica patrones atípicos, posibles reclasificaciones, diferencias entre registros oficiales y casos documentados que dificultan saber hasta qué punto esos descensos reflejan una disminución real de la violencia.
Entre enero y junio de 2026, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) registró 8,988 víctimas de homicidio doloso, 30 por ciento menos que en el mismo periodo de 2025. Guanajuato, Baja California, Chihuahua, Sinaloa y el Estado de México concentraron el mayor número de víctimas. El problema es que una reducción estadística no necesariamente significa que la violencia haya disminuido en la misma proporción. Las cifras dependen de que los delitos sean denunciados, investigados, clasificados y registrados correctamente. Y en cada una de esas etapas existen márgenes que pueden modificar el resultado final.
El análisis de Causa en Común revisa las estadísticas del SESNSP y del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) mediante un sistema de alertas que identifica variaciones estadísticas atípicas, posibles reclasificaciones, subregistro, opacidad y formas de comunicación que pueden distorsionar la interpretación de los datos.
Uno de los principales focos de atención está en las categorías que rodean al homicidio doloso. En 2026, el SESNSP modificó su metodología y desagregó algunos delitos que anteriormente formaban parte de categorías residuales de “otros”. El cambio permite una mayor precisión en algunos registros, pero no elimina el problema de fondo: las fiscalías, con capacidades insuficientes y desiguales, siguen teniendo un papel determinante en la clasificación inicial de los delitos.
Durante el primer semestre, 12 entidades reportaron más víctimas en “otros delitos contra la vida” -incluidas las tentativas- que víctimas de homicidio doloso y feminicidio. En Durango, por ejemplo, los asesinatos disminuyeron 3 por ciento, mientras que los registros de “otros delitos contra la vida” aumentaron 280 por ciento. En Guerrero, la relación fue de una reducción de 32 por ciento en asesinatos frente a un aumento de 174 por ciento en esa categoría. Algo similar ocurre con los homicidios culposos. En 17 entidades disminuyeron los homicidios dolosos al mismo tiempo que aumentaron los homicidios no intencionales. En Guanajuato, por ejemplo, los asesinatos bajaron 50 por ciento, mientras que los homicidios culposos aumentaron 22 por ciento. En Tlaxcala, los asesinatos aumentaron 5 por ciento, pero los homicidios culposos crecieron 157 por ciento. Estos patrones no prueban que los asesinatos hayan sido reclasificados. Sí constituyen, sin embargo, señales que requieren explicación y revisión.
La misma incertidumbre aparece en las desapariciones. En el primer semestre, diez entidades registraron más personas desaparecidas que víctimas de asesinato. En Ciudad de México hubo 534 desapariciones frente a 440 asesinatos; en Nuevo León, 388 frente a 225; y en Yucatán, 32 frente a 16. En esta última entidad, además, las desapariciones aumentaron 357 por ciento respecto del primer semestre de 2025, mientras los asesinatos disminuyeron 11 por ciento. Las desapariciones no pueden equipararse con homicidios. Pero mientras se desconozca el destino de miles de personas, existe una zona de incertidumbre que dificulta dimensionar la violencia letal.
Hay, además, diferencias entre los propios registros oficiales. Las cifras preliminares del Inegipara 2025 contabilizaron 27,989 defunciones por homicidio, mientras que las fiscalías reportaron al SESNSP 24,344 víctimas de homicidio doloso y feminicidio, una diferencia de 3,645 casos, cercana a 15 por ciento. Aunque ambos sistemas tienen metodologías distintas, la magnitud de la discrepancia amerita una explicación.
El problema no se limita a los homicidios. En feminicidio, por ejemplo, 14 entidades registraron más víctimas de homicidio doloso de mujeres que de feminicidio. En Guanajuato fueron 100 homicidios dolosos de mujeres frente a 13 feminicidios; en Guerrero, 50 frente a 10; y en Michoacán, 50 frente a 7.
En secuestro, trata, extorsión y distintos tipos de robo también aparecen variaciones abruptas y discrepancias con hechos documentados públicamente. La ausencia de una alerta, sin embargo, tampoco significa que las cifras sean completas. Por ejemplo, en delitos con una elevada cifra negra, como el secuestro, simplemente no existen fuentes independientes suficientes para detectar sistemáticamente el subregistro.
A todo esto se suma la forma en que las autoridades comunican las estadísticas. Causa en Común identificó el uso recurrente de comparaciones temporales selectivas, gráficos con ejes truncados y la presentación aislada del promedio diario de homicidios. Estos recursos pueden hacer que una reducción parezca mayor de lo que muestran los datos cuando se observan series completas o periodos de comparación distintos.
El informe no sostiene que las anomalías demuestren una manipulación deliberada de las estadísticas. Su conclusión es más precisa: los registros oficiales continúan presentando inconsistencias que requieren explicación y mecanismos independientes de verificación. En un país donde las estadísticas de seguridad son utilizadas para evaluar el éxito o fracaso de las políticas públicas, saber cuántos delitos ocurren es apenas el primer paso. También es indispensable saber cómo se registran, cómo se clasifican y cómo se comunican. Sin controles que permitan verificar esos procesos, una reducción en las cifras puede ser real, pero también puede esconder una parte de la violencia que las estadísticas deberían ayudar a revelar.
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El autor es Fernando Escobar Ayala, politólogo investigador en Causa en Común, especialista en el estudio de la incidencia delictiva, las anomalías en los registros oficiales y las condiciones de las corporaciones policiales, fiscalías y penitenciarias del país. Redes: @ferchovzky
