La Auditoría Superior del Estado no es un organismo de plena autonomía como algunos han pretendido verlo a la luz de los últimos debates, se trata más bien de un órgano técnico de fiscalización subordinada al Congreso del Estado de Sinaloa. Tiene, ciertamente, plena independencia y autonomía técnica y de gestión, porque ella establece los criterios, procedimiento, métodos y sistemas para revisar y fiscalizar los gastos y el desempeño de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de Sinaloa, los municipios, los organismos autónomos estatales, los entes públicos estatales y municipales, así como -ojo aquí- los fideicomisos.
Del Poder Legislativo nace la Auditoría Superior como una herramienta para cumplir con su facultad de fiscalización y revisión del gasto público. La ASE todos los años, siguiendo un programa establecido y calendarizado realiza auditorías financieras, revisión de obra pública, auditorías al desempeño entre otras importantísimas funciones. Derivado de las auditorías, el organismo puede presentar, en su caso, recomendaciones, solicitudes de aclaración, pliegos de observaciones, así como promociones de responsabilidad administrativas, que podrían en su caso, dar pie a responsabilidades penales.
La relación que debe existir entre el o la titular de la Auditoría Superior y el Congreso debe ser de imparcialidad y confianza, fundando los actos individuales -de la Auditoría- o conjuntos -Legislativo y órgano técnico- en el principio de la legalidad.
En marzo de 2017 fue electa auditora, por un periodo de siete años, la licenciada Emma Guadalupe Félix Rivera. A casi dos años de concluir su encargo, un grupo de legisladores de diferentes partidos pide abiertamente su renuncia. Un escenario que es totalmente posible, más no necesariamente deseable. Cuestión de enfoques.
Cuando los conflictos políticos se presentan, es muy común polarizar los juicios, decir que “todo es malo” o que “todo es bueno”. En este caso, se debería ser muy justo para argumentar técnicamente que es lo que se ha hecho bien o mal desde el organismo de fiscalización en cuestión. Las posturas radicalizadas y juicios rápidos respecto al trabajo de la Auditoría y su titular abonan poco al debate serio sobre este asunto.
Los argumentos para sacar de funciones a Félix Rivera, en todo caso deben basarse en las causales contempladas en el artículo 27 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado. Porque una cosa es pedir la renuncia y otra diferente es iniciar un procedimiento de máxima sanción por causas graves.
No se trata de defender la función de tal o cual servidor público, ni de polemizar un asunto tan importante para la vida pública sinaloense. Pero a la luz de todos los cambios sucedidos en este arranque de sexenio, y la interrupción abrupta de los periodos contemplados en la Constitución nos debe poner a pensar seriamente en el ideal democrático.
Valdría la pena reflexionar lo que el psicoanalista Santiago Ramírez describió como: “el origen de las motivaciones”, resolviendo ese enigma y teniendo claro en donde nace el deseo de despedir a la auditora, podremos tener mayor claridad para responder a la pregunta que titula esta columna. Luego le seguimos...
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