Desaparición, crisis forense y fosas clandestinas: los datos que (no) existen

A poco más de una semana del Día Internacional de las Víctimas de las Desapariciones Forzadas, en nuestro País existen más de 132 mil personas desaparecidas, 79 mil personas sin identificar y alrededor de 5 mil 152 fosas clandestinas. Preguntarnos cómo llegamos aquí tiene un cuestionamiento adicional de fondo: ¿cómo sabemos que llegamos aquí?

Esto es relevante porque, de los tres datos mencionados anteriormente, sólo el primero es producido por el Estado: según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas, con corte del 7 septiembre de 2026, 132 mil 092 personas continúan desaparecidas en todo el País en un recuento desde 1952. A pesar de que desde diversas administraciones se ha intentado cuestionar la veracidad de las cifras, lo cierto es que una contabilización seria del fenómeno nos muestra una cosa clara: en este país se desaparecen a personas todos los días y esto no ha descendido en los últimos años.

Cinco meses después de que la Presidenta de la República mostrara su análisis sobre las cifras del Registro (1), no ha habido un cambio en las tendencias de la desaparición ni tampoco un número considerable de localizaciones e identificaciones de personas, el cual sería el único criterio posible para modificar el número real de personas desaparecidas en México.

No obstante, las otras dos cifras: 79 mil personas sin identificar y 5 mil 152 fosas clandestinas, son datos que, a pesar de tener base en información pública, en realidad han sido construidos por la sociedad civil y por la academia. El primero parte de un ejercicio del medio “A dónde van los desaparecidos”, quienes vía solicitudes de información lograron sistematizar que, al final de 2023, existían 72 mil 100 cuerpos sin identificar. Posteriormente, entre Elementa, Política Colectiva y Fundar hicimos una comparativa entre los registros sistematizados por “A dónde van...!” y los reportes de cuerpos sin identificar en los Anexos Técnicos que las Comisiones Locales de Búsqueda entregan a la Federación en su solicitud de recursos año con año. En esa comparativa, encontramos que el número de cuerpos sin identificar ascendía de 72 mil a 79 mil cuerpos.

Esta cifra muestra que la atención de la crisis forense es una labor que, entre más se aplace, más compleja se vuelve: las técnicas de identificación se limitan, el resguardo de cuerpos disminuye su capacidad y la suma de estos factores hace más lejana la identificación y restitución digna de las personas hacia sus familias. A pesar de los esfuerzos de diversas instituciones -como el Inegi desde el 2024 (2)- para conocer la magnitud de dicha crisis, las instancias forenses y de búsqueda son aquellas obligadas a decirnos cuántos cuerpos existen aún sin identificar, porque el rezago es una categoría que se pierde en el tiempo. La labor de las organizaciones y el periodismo para conocer la magnitud de la crisis forense hace eco de la lucha de los colectivos que buscan que nadie se quede en el olvido, pero no tendría que ser así: conocer el número de personas sin identificar es tan solo la base para poder devolverles a casa. Cada vez que esa brecha de información se hace más grande, más nos alejamos de encontrarles.

Lo mismo ocurre con el número de fosas clandestinas en el país, lugares donde “la tierra devuelve fragmentos de vidas interrumpidas”, según el último informe publicado por el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana. Este informe nos muestra varias realidades preocupantes: que el número de fosas clandestinas aumenta entre más se cronifica la violencia; que no existen entidades federativas ajenas a este fenómeno, y que existe cada vez más un espacio intermedio -“zona gris” (3)-, donde la relación entre el Estado y el crimen organizado generan dinámicas de violencia que no se explican sólo como una relación simple entre ambas instancias, cuyo resultado final son entornos de muerte y olvido. La labor de la academia comprometida es necesaria y relevante, pero su existencia revela algo que hemos obviado: la obligación de mostrarnos la magnitud de la crisis de violencia es del Estado.

El hecho de que buena parte de la labor de defensa y acompañamiento se centre en abrir la información de aquello que el Estado se ha negado a mostrar, si bien es loable, nos aleja de un escenario donde las personas no desaparezcan, que quienes están desaparecidas vuelvan a casa y donde el ocultamiento y la violencia extrema no sean la práctica común en escenarios de conflicto.

No queremos ser testigos calificados de una crisis que no cesa. A casi 20 años del inicio de una ola de violencia, lo primero que deben hacer las instituciones es mostrarnos la realidad tal cual es. Solo con un piso de realidad es como podremos reconstruir el camino donde todas las personas vuelvan a casa.

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El autor es Ángel Ruiz, investigador en el programa de Derechos Humanos y Lucha contra la Impunidad de Fundar México.

Referencias:

¹ Conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo del 27 de marzo de 2026, versión estenográfica.

² Desde hace tres años, el INEGI ha publicado estadística forense a propósito del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. Estos datos nos ayudan a conocer el estado actual de los servicios médicos forenses, pero no contabilizan el rezago.

³ “La zona gris nos permite agrupar aquellos hallazgos donde, a pesar de la falta de una confirmación explícita sobre la identidad del perpetrador en los medios de comunicación o por información oficial, la combinación de múltiples elementos -como un alto volumen de cuerpos, la presencia de armamento de carácter militar, así como la identificación del ejercicio de violencia tecnificada- evidencia una dinámica de colusión o convergencia entre redes criminales y actores del Estado”, Trazar la ausencia, caminar la esperanza. Análisis de hallazgos de fosas clandestinas en México (2006-2024), Programa de Derechos Humanos-Ibero CDMX (2026).