Rodeado de una belleza paisajística y de una gran riqueza cultural, el tramo 5 del Tren Maya ha sido fuente de grandes alertas por parte de pobladores y organizaciones locales. Sus voces han detonado un movimiento multisectorial que ha dejado de manifiesto la inconstitucionalidad con la que avanzan sus obras, las cuales pueden generar un daño ambiental irreparable.
En las raíces de la propuesta del Tren está la justificación de fortalecer el desarrollo de la región. Pero, ¿Qué modelo de desarrollo? La región ha tenido ya una fuerte presión por parte de las industrias turística y agrícola que han generado una aguda deforestación, contaminación del acuífero, y una grave afectación a la biodiversidad del Estado y de la Península en su totalidad. Esto ha motivado la defensa ambiental que han liderado comunidades y organizaciones de la sociedad civil desde hace décadas.
La presión ambiental que ha sufrido la región no es justificación para minimizar los impactos negativos del modelo de desarrollo actual y, peor aún, seguir profundizándolos. Es urgente una escucha activa y propositiva que ponga al centro a los pueblos indígenas, a las comunidades locales y a investigadores para virar el timón hacia la toma de decisiones que construyan un futuro verde y en paz.
En sentido opuesto es que el Acuerdo Presidencial, publicado el 22 de noviembre de 2021 en el Diario Oficial de la Federación, exenta los requisitos legales para proyectos de infraestructura prioritarios para el Gobierno Federal catalogados como de seguridad nacional, tal es el caso del tramo 5 del Tren Maya. Con este Acuerdo se da paso a la autorización provisional emitido por la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA), de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), sin contar con una Manifestación de Impacto Ambiental y su respectiva aprobación, y violando los derechos constitucionales a la información ambiental, a la participación pública y el derecho a un desarrollo sustentable y a la legalidad, al tiempo que deja sin efecto el principio de precaución.
Por lo anterior, Greenpeace y el Centro para la Diversidad Biológica (CDB) presentaron una demanda de amparo, en la que se señala también violación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y la Justicia en Asuntos Ambientales, también conocido como Acuerdo de Escazú, dado el inicio de las obras; negando el acceso a la información ambiental y la participación pública en la toma de decisiones ambientales, como el cambio en la ubicación del trazo original que contaba con derecho de vía.
Actualmente las operaciones del tramo 5, que conecta Playa del Carmen con Tulum a través de 121 km de hábitat clave para especies amenazadas como el pez ciego, felinos y monos, así como para el sistema de cuevas inundadas y semi-inundadas y ríos subterráneos de relevancia global, han sido frenadas gracias a las suspensiones provisionales mandatadas por un juzgado federal de Mérida, Yucatán. Ambas suspensiones se concedieron a la asociación civil Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS) reconociendo el interés legítimo y suspensional, y que por principio precautorio es procedente suspender debido a los potenciales daños medioambientales.
En tanto no se respete el marco constitucional, Greenpeace seguirá en campaña pública invitando a la ciudadanía a sumarse por la defensa de la Selva Maya, a través de su sitio web (greenpeace.mx).
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La autora es Aleira Lara, directora de campañas en Greenpeace México
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