Deterioro de la transparencia en la procuración de justicia en México
Desde que inició la vigencia de la reforma de justicia penal a nivel nacional en 2016, México Evalúa ha dado seguimiento a los datos de las instituciones de justicia. Este monitoreo, realizado a través de información pública y solicitudes de información, ha permitido documentar avances y retrocesos, y hacer recomendaciones puntuales en materia de justicia penal por poco más de una década.
En esta y muchas otras organizaciones de sociedad civil y la academia, nos enfrentamos al día de hoy a un retroceso en materia de transparencia, derivado de una nueva realidad en las fuentes de datos públicos. Entre procesos de modernización y digitalización, han surgido trabas al acceso a la información. Entre ellas, la politización de los poderes judiciales, la militarización de las policías y de la investigación penal, así como la desaparición de instancias como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales o el Modelo de Evaluación y Seguimiento de la Consolidación del Sistema de Justicia Penal, que publicaba la Secretaría de Gobernación.
Las fuentes que principalmente utilizamos han sido el Inegi, el INAI, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Segob y la Plataforma Nacional de Transparencia.
Actualmente, siguen manteniéndose el SESNSP y el Inegi. Este último publica instrumentos como el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal, el Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal, la Encuesta Nacional de Victimización, la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana y la Encuesta Nacional de Adolescentes en el Sistema de Justicia Penal, entre otros.
La situación se agravó especialmente con la desaparición este año del INAI. Por su intermediación se podían hacer solicitudes de información puntuales a todo tipo de autoridades -incluidas fiscalías autónomas y poderes judiciales independientes- de los sistemas de justicia federal y estatales. Había la certeza de que tenían la obligación de responder con información que no se encontraba en los censos y encuestas del Inegi.
En este marco de crisis de transparencia de las instituciones de justicia, el Inegi publicó el pasado 2 de octubre los resultados del Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2025, que muestra el estado de las 32 Fiscalías Estatales en México durante 2024.
En los casi 10 años desde la entrada en vigor de la reforma penal en todo el país, hemos observado cambios sustanciales. Por ejemplo, mientras que en 2015 la tasa de casos iniciados por cada 100 mil habitantes era de 647, al año siguiente prácticamente se duplicó (mil 298) y se ha mantenido entre mil 400 y mil 700 desde el 2017.
Esto se puede leer de distintas maneras. Una interpretación positiva sería que las fiscalías han logrado mantener un nivel de servicio más o menos consistente a pesar de los aumentos en la población. Una interpretación negativa sería que debido a la guerra contra el crimen organizado, estas mismas fiscalías (en realidad el Gobierno en general) no han podido reducir la violencia y por ende la tasa de casos iniciados se ha mantenido.
Algo que ha hecho el Inegi es incluir en estos Censos Nacionales datos sobre las llamadas al 911. Estos sirven mucho mejor para estimar la incidencia delictiva real de los estados, que los derivados de las carpetas de investigación iniciadas. De hecho, su medición posiblemente ayude a disminuir el incentivo perverso que tenían algunas fiscalías de dificultar denuncias para “bajar” artificialmente su incidencia delictiva.
Otro dato importante que nos permite valorar los resultados de las fiscalías es la utilización de los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia penal. Sin la necesidad de contratar abogados, juicios que duran años y el desgaste derivado del desconocimiento del ciudadano promedio sobre el sistema de justicia penal, estos recursos idealmente culminan en acuerdos reparatorios entre víctimas y victimarios.
Tales acuerdos son una solución idónea para muchos litigios, pues permiten que las partes dialoguen y resuelvan el caso con un plan de reparación del daño. Aunque se pueden realizar acuerdos reparatorios en distintas etapas del proceso penal, lo ideal es hacerlos de forma temprana, para que los fiscales se puedan concentrar en perseguir otros delitos que no permiten este tipo de soluciones alternativas y que suelen implicar investigaciones más complejas.
En este caso, la información que nos proporciona el Inegi desde 2019 a la fecha sobre la justicia alternativa en sede ministerial es que sólo un porcentaje mínimo de casos se terminan de esta forma. La siguiente gráfica muestra el porcentaje de acuerdos reparatorios que se logran en fiscalías respecto al total de casos por resolver en cada año (los iniciados, más los pendientes de años anteriores):
En 2019, que fue el mejor año, sólo 4.54 por ciento del total de casos a nivel nacional se resolvieron por acuerdos reparatorios en fiscalías. Esto sigue muy lejos del potencial de soluciones que debería tener la justicia alternativa. Por ejemplo, en 2023, Yucatán y Chiapas lograron resolver el 44.84 y 33.98 por ciento de sus casos respectivamente por esta figura desde la etapa inicial. Ello demuestra que es posible impulsar este tipo de soluciones, en especial si la naturaleza de los delitos lo permite.
Otro ejemplo de un indicador preocupante es el aumento constante de casos que cada año quedan pendientes. Es una bola de nieve que eventualmente paralizará al sistema. Para evitarlo, es imperativo que las fiscalías resuelvan más casos que los que inician ese mismo año, pero dado que cada año los pendientes crecen (salvo en 2020 y 2023), esto no está pasando.
Al finalizar 2023 había más de 2 millones de casos sin concluir a nivel nacional. Si se lograra crear una tendencia a la baja no sería tan preocupante, pero los ocho años analizados muestran una tendencia a la alza. Más razón para que las Fiscalías estatales renueven sus esfuerzos de promover la Justicia Alternativa.
Lo que no se mide, no se puede mejorar. Así, estos tres ejemplos de indicadores de fiscalías, nos permiten valorar cambios de operación en las instituciones, sus resultados y capacidades a lo largo del tiempo y en comparación entre estados. A partir de los datos obtenidos a través del Inegi, podemos adentrarnos en la identificación de problemas -como la subutilización de los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias y la acumulación del rezago en fiscalías- para investigar sus causas y proponer mejoras.
Por ello, es importante construir los canales que permitan el flujo de información pública a través de las instituciones que aún se mantienen y revisar de qué manera se compensa la desaparición de fuentes como el INAI y el Modelo de Evaluación y Seguimiento de la Consolidación del Sistema de Justicia Penal de Segob.
En estos momentos de transición de múltiples instituciones en el Estado Mexicano, la seguridad y la justicia deben ser prioridad. Es urgente contar con fuentes de información pública y confiable, y que esos datos sean el fundamento para tomar decisiones que contribuyan a la pacificación y el acceso a la justicia en México.
–
Los autores son Susana Camacho, coordinadora del Programa de Justicia de México Evalúa, y Diego Labougle, investigador en dicho programa.
