Los órganos encargados de la vigilancia en una sociedad democrática son por excelencia los congresos (parlamentos), los medios de comunicación y la sociedad organizada.
La sociedad gusta de irse a dormir confiada de que los centinelas sí están despiertos y vigilantes de que las cosas funcionen y el Gobierno no abuse del poder; este es el conocido rol de los contrapesos del poder.
Parte de la sociedad organizada son las cámaras empresariales que además de ser gestoras y defensoras de sus agremiados y los intereses del sector privado, también deben vigilar que la democracia y los derechos humanos se amplíen de acuerdo al principio de progresividad, y que las libertades económicas no se limiten con el excesivo intervencionismo gubernamental; que el estado de derecho exista para que ofrezca garantía de comercio, que se instaure en nuestro País una verdadera economía social de mercado que fomente leyes y prácticas antimonopólicas al tiempo que impulsa un sistema de seguridad social fuerte, eficiente y de calidad para los trabajadores; promueve que el Gobierno sea responsable en el manejo de la macroeconomía y de las finanzas públicas e incita a que se combata la corrupción y la impunidad. Además, exige a los gobiernos que garanticen la seguridad de los ciudadanos y de las empresas porque la falta de ella inhibe la inversión y encarece los costos para los negocios.
Es por la importancia de la agenda empresarial que quienes presiden los organismos intermedios de la Iniciativa Privada deben prepararse y contar con asesores en distintos campos que obligan a entender que la mejor herramienta política es el diálogo y por tanto debe fomentarse la interlocución con el Gobierno.
Resulta infantil creer que con la diversidad de temas no se tendrá diferencias, intereses en conflicto o confrontación entre la IP y el Gobierno; por eso es increíble el llamado que hizo el pasado 2 de marzo el hombre más rico de México, Carlos Slim, al asegurar que la confrontación con el Presidente “es una tontería”.
El 87 por ciento de la inversión productiva en México es inversión privada, nacional o extranjera, y solo 13 por ciento lo representa la inversión pública; es por ello que los gobernantes de manera histórica les ha interesado la interlocución con el sector empresarial y al mismo tiempo les molesta las críticas de este a sus acciones o políticas públicas cuando estas se apartan de la visión de los patrones o del bien general.
En los últimos 50 años del México moderno han existido al menos cuatro grandes confrontaciones entre los empresarios y el Gobierno federal: tales son con el gobierno de Luis Echeverría por las invasiones de tierras en el valle del yaqui y Sinaloa, y los asesinatos de don Eugenio Garza Sada y Fernando Aranguren en 1973.
También hubo una fuerte confrontación por la estatización de la Banca en 1982 con José López Portillo.
En el sexenio de Enrique Peña Nieto por las denuncias de corrupción en dicho gobierno, y finalmente en este sexenio de López Obrador, donde el Presidente ha promovido la lucha de clases y la satanización permanente del sector empresarial desde el púlpito mañanero. Además que ha sido el propio Presidente quien ha desdeñado el diálogo con los empresarios, olvidando la máxima de Carlos Llano Cifuentes en su libro Formas actuales de libertad, donde señala que en el diálogo la sinceridad es mutuamente exigible entre las partes, porque dialogar con el hipócrita es lo mismo que hacerse payaso.
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