Dos grandes pendientes ante la nueva titularidad de la Comisión Nacional de Búsqueda

Ante la crisis de desaparición en nuestro País, desde diversas aristas de la movilización social -liderada principalmente por familiares de personas desaparecidas, así como diversas organizaciones de base y de la sociedad civil que acompañan su lucha- existen diversas propuestas de acción que confluyen en tres aristas principales: la búsqueda irrestricta de las personas desaparecidas con los más altos estándares, la atención puntual y estratégica para la crisis forense, y el acceso a la justicia para las víctimas de desaparición.

Estas tres aristas reconocen la complejidad del problema: el coordinar la acción institucional para garantizar el derecho de toda persona a ser buscada, la movilización de todos los recursos e infraestructura para darles identidad a las más de 52 mil personas que buscan volver a casa, así como la investigación debida y diligente para hacer justicia en todos los casos que involucran a las personas desaparecidas. Estos tres aspectos han estado presentes en la agenda pública gracias a la exigencia de diversas agrupaciones de colectivos de familiares de personas desaparecidas desde hace años, pero principalmente en el proceso que culminó con la expedición de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particular y del Sistema Nacional de Búsqueda (Ley General), que tras una reforma en mayo de 2022 incluyó la creación del Centro Nacional de Identificación Humana (CNIH) como la apuesta principal del Estado para la atención de la crisis forense.

Tras un proceso irregular que concluyó el pasado 23 de octubre de este año, fue designada una nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB) que es la principal institución creada por la Ley General. La CNB tiene rectoría en el primero de los ámbitos para abordar las crisis –principalmente en materia de búsqueda de personas– pero también tiene un aporte fundamental en la atención de la crisis forense con el CNIH, al tiempo que implementa acciones desde la coordinación con las 32 Comisiones Locales de Búsqueda de las entidades federativas subsidiando proyectos tanto de búsqueda, como forenses. Lo anterior, lo realiza la CNB mediante -lo que en nuestra legislación se ha denominado como- “búsqueda forense con fines de identificación humana”, y que son procesos de identificación de cara a la notificación y restitución digna.

Para lograr continuar con las bases asentadas para la atención de la crisis forense y de desaparición, la nueva comisionada nacional no puede sucumbir a la tentación de hacer un cierre político al modificar el diagnóstico inicial de al menos 112 mil 792 personas desaparecidas en nuestro País (1). Esto, no sólo por lo que ha significado para las familias que acciones de verificación de información de un registro administrativo se vendan como acciones de “búsqueda en vida”, sino también y principalmente porque éstas no han contado con una metodología clara, transitando de grandes operativos en campo a centros telefónicos que adolecen del mismo problema: no contar de la rectoría técnica y política por parte de la CNB. Es la Comisión la que debe definir claramente qué acciones son para la mejora del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas, y cuáles son de coordinación interinstitucional para la búsqueda en vida. Confundir ambas es sucumbir al juego político de tener mejores réditos que en el pasado.

Por otro lado, es urgente un diagnóstico preciso y actualizado de la crisis forense. La cifra de más de 52 mil cuerpos lleva más de tres años de atraso y lo único que podemos decir con certeza es que la actual debe ser mayor. Por ejemplo, hoy día sabemos que la capacidad de resguardo de manera digna, de cuerpos y restos humanos en servicios periciales o médicos forenses del país es de poco más de 9 mil según los últimos datos publicados por INEGI. Esto quiere decir que, aún con la última cifra acumulada de 52 mil cuerpos sin identificar que tiene tres años de atraso, tan sólo 17 por ciento se encontrarían en espacios dignos, dispuestos para su correcta identificación y posterior restitución con sus familiares. Los datos sobre la tendencia de la crisis forense también son alarmantes: la información de los Censos de Gobierno de Inegi nos dice que la cifra de cuerpos que ingresaron a los servicios forenses del país aumentó un 40 por ciento de 2021 a 2022.

Para contar con un diagnóstico preciso y actualizado se requiere simultáneamente todo el conocimiento técnico para poder tener una línea de base del acumulado de cuerpos que pueda actualizarse periódicamente, pero también de toda la pericia política para coordinar acciones entre Comisiones y Fiscalías del país con pleno respeto de sus ámbitos de competencia.

Por ello, más que cuestionar las cifras, los principales retos que tendrá la nueva titularidad de la CNB es lograr tener un diagnóstico de las crisis de desaparición y forense lo más pormenorizado posible, al tiempo que no descuide su labor cotidiana de búsqueda e identificación, tanto a nivel federal como en coordinación con las 32 entidades federativas. Esta labor es titánica y no puede estar sometida a los movimientos políticos de un cierre de administración federal pues, para dar la respuesta inmediata que requieren las familias, la apuesta institucional tiene que ser de largo aliento.

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El autor es Ángel Ruiz, investigador en el programa de Derechos Humanos y Lucha contra la Impunidad.

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1. Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas, reporte 25 de octubre, 2023.