El asalto a la integridad democrática

18/07/2025 04:00
    El Observatorio Electoral Judicial presenta este jueves el informe final de los trabajos de observación, en el cual da cuenta de manera detallada y puntual de lo que fue una elección totalmente carente de integridad, un ejercicio comicial que no se debe repetir en nuestro país y en ninguno otro.

    Desde septiembre pasado creamos, junto con otras Organizaciones de la Sociedad Civil, el Observatorio Judicial Electoral con el objetivo de dar seguimiento a la elección judicial. Este jueves 17 de julio de 2025 presentamos el informe final de los trabajos del Observatorio, en el cual damos cuenta de manera detallada y puntual de lo que fue una elección totalmente carente de integridad, un ejercicio comicial que no se debe repetir en nuestro País y en ninguno otro.

    El ejercicio de observación da cuenta de una erosión democrática alarmante, con fallas estructurales y sistemáticas violaciones a los principios constitucionales en materia electoral y a los principios internacionales en materia de integridad electoral.

    A lo largo de estos meses registramos lo acontecido en cada etapa de la elección judicial. Desde su gestación, en un ambiente de prisas y ante la carencia de un debate plural. La implementación acelerada, la ausencia de una legislación secundaria y la total falta de reglas claras generó condiciones de inequidad, bajo las cuales la ventaja la tuvo quienes hoy ejercen el poder y la capacidad económica y de movilización para determinar los resultados.

    Desde el OEJ dimos debida cuenta de la exclusión de la autoridad electoral durante el proceso de reforma, la falta de recursos suficientes para hacer sus trabajos, y el preponderante papel del Senado de la República en actividades operativas que, sin mucha sorpresa, concluyeron en lamentables desatinos dada la falta de conocimiento técnico electoral de las y los legisladores.

    También constatamos la operación orquestada desde las cúpulas del poder, tanto nacional como local, en la que se distribuyeron “acordeones”, el poco cuidado que se tuvo en un adecuado diseño de las boletas, y la improvisada geografía electoral, los cuales se convirtieron en los mejores ejemplos de la manipulación indebida del proceso electoral judicial.

    En el informe final señalamos que la jornada electoral distó mucho de las que se venían realizando bajo la conducción de una autoridad electoral profesional. Boletas complejas, el desconocimiento de los cargos bajo elección, de las trayectorias de las candidaturas postuladas, hasta las inadecuadas disposiciones sobre la validez o la nulidad de los votos, dificultaron sobremanera el voto informado y auténtico. Las campañas que precedieron el sufragio fueron otro punto débil: el modelo de autofinanciamiento sin la posibilidad de obtener recursos de terceros impuso una profunda inequidad que se agravó no solo considerando a aquellas candidaturas que contaban con mayor cantidad de dinero, sino que provocó la aparición de estructuras paralelas, tanto de financiamiento como de promoción en redes sociales, que terminaron no solo por minar el estado de Derecho, sino por sentar un precedente muy peligroso para futuras campañas políticas.

    Las recomendaciones que sobresalen del documento son claras y urgentes: para enfrentar el ya inminente proceso electoral de 2027 se requiere de una redefinición de la geografía electoral judicial, adecuada a la visión administrativa de la impartición de justicia y cargas de trabajo de los juzgados, y no a la representación poblacional. La creación de un Código específico para las elecciones judiciales que establezca reglas detalladas y se adapte a la naturaleza particular de esta elección, fijando con la debida anticipación las reglas del juego, evitando la improvisación de la autoridad electoral. Entre estas reglas, se debe acotar la actuación de los comités de evaluación de los poderes públicos para eliminar su discrecionalidad, y el papel del Senado dentro de actividades que son de eminente carácter técnico y que deben ser realizadas por las autoridades especialistas en la materia, así como garantizar, en todo momento, los principios de independencia y transparencia bajo los que deben actuar todos los involucrados en el proceso.

    Situaciones que pasaron desapercibidas a lo largo de la elección para la mayoría, fueron debidamente registradas en los 14 informes del Observatorio. La creación de mecanismos de representación de candidaturas ante órganos electorales, nuevas reglas de fiscalización adecuadas a la naturaleza de candidatas y candidatos, y no de partidos políticos, y el papel del INE y del TEPJF frente a la pequeña rendija que se abrió como acceso a la justicia, son temas que se ponen en la mesa por parte de las y los especialistas en la materia quienes integramos el Observatorio, lo que les da su justa dimensión.

    Finalmente, el valor del trabajo del Observatorio Electoral Judicial a través de estos 10 meses es que no se limita a la crítica, sino que sienta las bases de un trabajo con miras al futuro. Si algo podemos concluir tras la observación y la propuesta es enfatizar la importancia de una pedagogía cívica sobre la función judicial, la obligatoria independencia de la judicatura y el necesario apego a los principios de integridad electoral ante un proceso que ya se encuentra establecido en la Constitución. El futuro de la incipiente democracia mexicana y la legitimidad de su sistema de justicia dependen de que las lecciones que presentamos sean aprendidas y se traduzcan en reformas legales profundas, pero, sobre todo, consensuadas.

    Por todo lo anterior, es necesario pasar a la construcción de un modelo electoral judicial que se apegue, de manera estricta, a los principios que nos caracterizaron en materia democrática. Como organización de la sociedad civil hemos cumplido con nuestra parte de documentar y proponer soluciones; ahora es responsabilidad de las autoridades electorales y, sobre todo, las legislativas, actuar con la seriedad y el compromiso democrático que el momento histórico exige.