El combate a la corrupción en el nuevo Plan Estatal de Desarrollo

    La política anticorrupción de este gobierno tiene una fuerte carga moral. Se centra más en combatir al neoliberalismo, la promoción de la austeridad y el enjuiciamiento a ex presidentes. Pero no ha sido capaz de frenar la corrupción cotidiana e incluso la intensifica con la centralización del poder y los decretos que posibilitan las licitaciones directas para la obra pública.

    Queda mucho a deber. Parte de un diagnóstico limitado que deriva en objetivos y líneas de acción demasiado genéricas. Parece un manual de buenas prácticas diseñado para cualquier localidad que apenas comienza a explorar los temas de corrupción.

    El gran problema es que parte de cero, como si los esfuerzos por erradicar las malas prácticas gubernamentales apenas fueran a iniciar con este gobierno. Su principal debilidad es que no hace una evaluación crítica al desempeño del Sistema Nacional Anticorrupción al que Sinaloa se adhirió en 2019.

    El Plan no estipula qué elementos habría que reforzar o corregir del modelo anticorrupción que sigue vigente. Simplemente hace como que no existe. No se mencionan los informes del Secretariado Ejecutivo donde aparecen recomendaciones para encausar las prácticas irregulares de gobierno.

    Tampoco hace referencia al funcionamiento del aparato institucional a nivel estatal y que tiene como objetivo coordinar las diversas autoridades para prevenir, investigar y sancionar las faltas administrativas y hechos de corrupción.

    Desatendiendo por completo el contexto específico de la corrupción en Sinaloa, el plan está escrito en un tono muy acorde al discurso propagandístico de la Cuarta Transformación, y entre sus líneas se leen fragmentos cargados de retórica, como se ejemplifica en el siguiente extracto: “el saqueo desmedido de recursos públicos, acompañado del amiguismo, la simulación y la mentira, han perjudicado en gran medida el desarrollo económico, político y social del estado”.

    Contrario a ese diagnóstico tan reducido, Iniciativa Sinaloa organizó una mesa de análisis donde fueron discutidos los avances y desafíos del Sistema Nacional Anticorrupción. Ahí se habló sobre los logros técnicos de un modelo que, para su puesta en marcha, involucró el trabajo de expertos, legisladores, académicos y activistas.

    Se dio a conocer que la principal tarea del Sistema Nacional Anticorrupción es el fortalecimiento institucional, con la intención de ejercer un control del gasto público y mejorar la eficacia en la prevención y castigo de los delitos de corrupción.

    Igual de importante ha sido la institucionalización de la participación cívica, mediante el reconocimiento del interés jurídico de la ciudadanía. Anteriormente las autoridades perseguían de oficio los actos de corrupción, y por eso muchos casos quedaban en la impunidad. Sin embargo, ahora los ciudadanos pueden presentar denuncias de carácter administrativo o penal, obligando a las autoridades a darles seguimiento.

    Muchas de estas denuncias se presentan gracias a investigaciones periodísticas que están fundamentadas en documentos oficiales que se obtienen mediante mecanismos de acceso a la información pública. Lo que hacen los periodistas es exponer de forma valiente los casos de corrupción que las instituciones de otro modo hubieran dejado pasar.

    Desafortunadamente las fiscalías y dependencias del Poder Ejecutivo que se dedican a investigar faltas administrativas, todavía no están acostumbradas a la exigencia y control de la ciudadanía, es así que muchas veces deciden no ejercer las facultades que la ley les otorga.

    De haber sido un escrito más honesto, el Plan Estatal de Desarrollo hubiera puesto énfasis en el problema de la pérdida de vigencia de las premisas que dieron origen al Sistema Nacional Anticorrupción.

    Hemos sido testigos de un achicamiento del espacio cívico. Hay un ataque persistente contra organismos de transparencia, periodistas y organizaciones de la sociedad civil que son pieza clave en el combate a la opacidad, la malversación de recursos, y la influencia indebida de intereses públicos y privados.

    La política anticorrupción de este gobierno tiene una fuerte carga moral. Se centra más en combatir al neoliberalismo, la promoción de la austeridad y el enjuiciamiento a ex presidentes. Pero no ha sido capaz de frenar la corrupción cotidiana e incluso la intensifica con la centralización del poder y los decretos que posibilitan las licitaciones directas para la obra pública.

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