El costo de atender a la niñez por partes

Una niña puede necesitar una vacuna por la mañana, aprender a leer por la tarde y pedir ayuda porque no logra dormir por la noche. Para ella no existen fronteras entre la salud, la educación o la salud mental. Esa división aparece mucho después, cuando las personas adultas intentamos organizar respuestas a sus necesidades.

Ahí empieza una paradoja de la que hablamos poco: mientras las niñas y los niños viven todos sus derechos al mismo tiempo, el Estado suele organizar sus respuestas como si cada uno perteneciera a un mundo distinto.

En los últimos años hemos discutido con fuerza cómo fortalecer el sistema de salud, cómo recuperar las coberturas de vacunación, cómo responder al aumento de los problemas de salud mental o cómo mejorar el desarrollo infantil temprano. Son debates necesarios y urgentes. Sin embargo, suelen tener algo en común: los abordamos por separado, como si cada uno pudiera resolverse desde un solo escritorio, una sola institución o un solo presupuesto.

Es comprensible que el Estado se organice en sectores. Ningún sistema público puede funcionar sin instituciones con responsabilidades definidas, reglas claras y capacidades específicas. La especialización no es el problema.

El problema comienza cuando esa forma de organización deja de ser una herramienta administrativa y se convierte en una forma de ver la realidad. Porque entonces dejamos de mirar a la niñez como una experiencia completa y empezamos a verla como una suma de problemas aislados: un tema de salud aquí, un asunto educativo allá, una intervención psicológica en otro momento, una política de protección en otra oficina.

Pero la vida de una niña no funciona así. Una niña que enfrenta ansiedad no deja de necesitar aprender. Un niño que asiste a la escuela no deja de depender de su entorno familiar o de su acceso a servicios de salud. Un esquema de vacunación no depende solo de la existencia de vacunas, sino también de la confianza en las instituciones, de la información disponible para las familias, del acceso efectivo a los servicios y de la coordinación entre sectores.

Cuando esas piezas no dialogan entre sí, lo que se fragmenta no es el sistema: es la experiencia de quienes deberían estar en el centro de la política pública. Y esa fragmentación tiene efectos concretos, aunque no siempre visibles. Cada institución puede estar cumpliendo con su mandato, pero la trayectoria de una niña o un niño puede quedar incompleta, interrumpida o desarticulada. No es un problema de voluntad individual, es un problema de diseño institucional.

Con el tiempo, hemos normalizado esa distancia entre cómo se vive la infancia y cómo se organiza la respuesta pública. Se asume que la coordinación entre instituciones es deseable, pero no esencial. Que cada sector puede avanzar de manera independiente y que, eventualmente, los resultados se sumarán. Sin embargo, en la práctica, los derechos no se suman como piezas independientes. Se ejercen de manera simultánea o no se ejercen plenamente.

La Convención sobre los Derechos de la Niñez establece con claridad que los derechos son universales, indivisibles e interdependientes. Esto no es una declaración abstracta: es una advertencia sobre la forma en que deben diseñarse las políticas públicas.

Si la salud mental de una niña depende de su entorno familiar, de su escuela, de la posibilidad de acceso a servicios de salud y de redes comunitarias, entonces ninguna institución puede asumir que resolverá el problema por sí sola.

Si la vacunación depende de la confianza social, de la comunicación pública, de la logística del sistema de salud y del acompañamiento de las escuelas, entonces tampoco puede abordarse como un proceso aislado. Lo mismo ocurre con el desarrollo infantil temprano, la nutrición, la protección frente a la violencia o el acceso a oportunidades educativas.

El punto no es que falten programas: el punto es que, muchas veces, los programas no conversan entre sí. Y cuando eso ocurre, el costo no es administrativo, es un costo que recae en la niñez.

Hace unas semanas, desde Save the Children México, en colaboración con IMSS-Bienestar, participamos en un espacio de diálogo entre instituciones responsables de distintos ámbitos vinculados con la niñez: salud, desarrollo infantil, educación y protección.

Más allá de los intercambios técnicos o de los acuerdos que puedan derivarse en el futuro, hubo una idea que atravesó la conversación y que vale la pena llevar al debate público. Durante mucho tiempo hemos preguntado qué debe hacer cada institución para cumplir con su responsabilidad. Esa pregunta es necesaria, pero quizá ya no es suficiente.

Tal vez la pregunta que necesitamos hacernos hoy es otra: ¿qué tendría que cambiar para que la experiencia de una niña o un niño no dependa de la capacidad aislada de una sola institución, sino de la articulación real entre todas?

Ese cambio de enfoque no es menor. Implica pasar de medir esfuerzos individuales a observar trayectorias completas. Implica dejar de evaluar únicamente lo que ocurre dentro de cada sector para preguntarnos qué ocurre cuando todos esos sectores interactúan -o no interactúan- entre sí.

Implica, sobre todo, desplazar el centro de gravedad: de los programas hacia las personas. La niñez no transita por el Estado como si fuera una suma de ventanillas, crecen en entornos donde todo ocurre al mismo tiempo.

Porque las niñas y los niños no viven programas. Viven experiencias.

En este contexto, la coordinación entre instituciones suele entenderse como un asunto técnico o administrativo. Algo deseable, pero no siempre prioritario frente a otras urgencias.

Sin embargo, cuando se mira desde la vida cotidiana de la infancia, la coordinación deja de ser un “valor agregado” y se convierte en una condición básica y urgente para garantizar derechos.

No se trata de crear más estructuras ni de multiplicar instancias de trabajo. Se trata de algo más difícil: lograr que las instituciones existentes reconozcan que ninguna puede cumplir su misión de forma aislada.

Trabajar en conjunto no implica diluir responsabilidades. Significa reconocer que las responsabilidades están conectadas, supone compartir información, construir rutas de atención más claras, fortalecer capacidades complementarias y generar confianza entre sectores que, con frecuencia, operan de forma paralela.

Implica también aceptar una idea incómoda: que una política pública puede estar bien diseñada en términos sectoriales y aun así ser insuficiente si no se articula con las demás.

Quizá el mayor reto que tenemos por delante no es diseñar una nueva política pública ni crear un nuevo programa. Es algo más difícil de nombrar y, justamente por eso, más difícil de transformar: volver a mirar la niñez como una experiencia completa.

Aceptar eso exige incomodarnos con una forma de organización que hemos dado por sentada durante años. El Estado necesita estructura, reglas, especialización; nadie discute eso. Pero otra cosa muy distinta es permitir que esa estructura termine definiendo la manera en que entendemos la vida de las personas a las que busca servir.

Porque cuando eso ocurre, dejamos de ver trayectorias de vida y empezamos a ver expedientes. Dejamos de ver niñas y niños en desarrollo y empezamos a ver problemas separados que deben resolverse en oficinas distintas.

La niñez no puede detenerse para acomodarse a la arquitectura del Estado. Su presente no espera a que una institución termine su diagnóstico para que otra inicie su intervención. No pausa su desarrollo emocional mientras se resuelve un trámite administrativo. Todo ocurre al mismo tiempo, en el mismo cuerpo, en la misma vida.

Por eso hacemos un llamado para que se reconozca que la organización no puede estar por encima de aquello que busca proteger. Y quizá la verdadera medida de una política pública no debería ser cuán bien funciona cada parte por separado, sino qué tan capaz es de sostener una vida completa sin romperla en fragmentos.

Porque la niñez nunca ocurre por partes. Y mientras sigamos respondiendo como si sí ocurriera así, seguiremos llegando tarde a una parte de su historia.