El derecho de acceso a la información y los órganos de control interno (Parte 2)
En los datos del Censo Nacional de Gobiernos Municipales se señala que, a diciembre de 2022, las administraciones públicas municipales o de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México contaron con mil 122 órganos internos de control (OIC) u homólogos, es decir, un número diferente a los datos concentrados mencionados en la primera parte de este análisis.
Respecto de esos mil 122 OIC, el número de personas servidoras públicas adscritas para 2022 fue de 4 mil 171, una disminución de 65.5 por ciento respecto de 2020, cuando se reportaron 12 mil 103. En el desglose que tiene que ver con la integración prevista por el Artículo 115 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se reportaron mil 576 personas servidoras públicas adscritas a las áreas de investigación en 2022 -frente a 4 mil 377 en 2020-, mil 039 adscritas a las áreas de sustanciación (2022) -en oposición a 2 mil 296 en 2020- y 900 adscritas a las áreas de resolución o sanción (2022) -ante 2 mil 250 en 2020.
Como parte del ejercicio de la función de control interno, en 2022 se aplicaron 24 mil 054 auditorías a los 2 mil 469 gobiernos municipales mexicanos. Sin embargo, de ese total, sólo 3 mil 443 fueron hechas por OIC; del resto, 15 mil 902 por contraloría interna, 3 mil 022 por entidad de fiscalización superior, 854 por Auditoría Superior de la Federación, 427 por Secretaría de la Contraloría estatal, 130 por Secretaría de la Función Pública y 276 por “otra autoridad”. Si se tiene en cuenta como referencia el número de mil 122 OIC municipales, se puede observar que estos hicieron, en promedio, 3.06 auditorías cada uno en el período anual de 2022, es decir, un resultado magro respecto del volumen de gasto público y mandatos que entrañan las administraciones municipales en conjunto.
Otro enfoque de análisis de los datos de auditorías a las administraciones municipales es el de su direccionamiento. Por ejemplo, de las 24 mil 54 auditorías hechas en total, 18 mil 769 se concentraron en instituciones de la administración pública. En este caso, una de las hipótesis posibles es que ese número se integró en gran medida por auditorías de cumplimiento financiero que, como se sabe, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, “revisan que la recaudación, captación, administración, ejercicio y aplicación de recursos aprobados por el Congreso se lleven a cabo de acuerdo con la normativa correspondiente, y que su manejo y registro financiero haya sido correcto”. Es decir, no tienen que ver con la vigilancia del desempeño. Del resto de las auditorías, únicamente 3 mil 118 fueron a obra pública y mil 348 a fondos y subsidios federales. Las 716 restantes se concentraron en “otros rubros”.
Acerca del ejercicio de la función de control interno en el ámbito estatal, los datos tampoco son halagüeños. Conforme al Censo Nacional de Gobiernos Estatales 2023, actualizado al 27 de noviembre de 2023, los gobiernos estatales tuvieron 906 OIC en 2022, una disminución de 4.6 por ciento frente a los datos de 2021 (950). Esos OIC de las administraciones estatales tuvieron 4 mil 217 personas servidoras públicas adscritas en 2022, 38.2 por ciento menos que en 2021. Por lo que hace a la integración que establece la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en 2022 hubo: 2 mil 230 personas servidoras públicas en áreas de investigación -contra 2 mil 403 en 2021-, 707 en sustanciación -frente a 513 en 2021- y 583 en resolución o sanción -ante 364 de 2021.
En el caso del ámbito estatal, durante 2022 se hicieron 6 mil 923 auditorías, lo que significó una disminución de 31.9 por ciento respecto de 2021, en que se hicieron 10 mil 159. De esas 6 mil 923, 3 mil 444 fueron hechas por los OIC, mil 128 por las secretarías de Contraloría, mil 59 por la Auditoría Superior de la Federación, mil 16 por entidades de fiscalización superior, 145 por la Secretaría de la Función Pública y 131 por “otra autoridad”.
En términos de la función de control interno en el Gobierno federal, el Censo Nacional de Gobierno Federal 2023, actualizado al 21 de marzo de 2024, señala que la Administración Pública Federal tuvo 206 OIC en 2022, es decir, una disminución de 3.7 por ciento respecto de 2021. El número de personas servidoras públicas adscritas a los OIC disminuyó, frente a los datos de 2021, en 47 por ciento. En relación con la integración de los OIC: mil 723 personas en áreas de investigación (mil 738 en 2021), mil 3 personas en áreas de sustanciación (785 en 2021) y 11 en resolución o sanción (frente a 523 en 2021).
Frente a los datos ofrecidos por los censos de Gobierno, respecto de la función de control interno, es posible decir que las estructuras en esa materia no están a día de hoy en condiciones de cumplir a cabalidad con las obligaciones que ya tienen. Si tenemos en cuenta eso, la idea de que puedan hacerse cargo, además, de las atribuciones de los órganos garantes destruidos, no sólo es una ficción, también una broma de pésimo gusto. A menos, desde luego, que la intención sea hacer naufragar definitivamente la garantía de los derechos consagrados en el Artículo 6 de la Constitución y ponerlos a dormir el sueño de los justos, igual que el derecho de petición del Artículo 8 constitucional.
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El autor es Jaime Hernández Colorado (@jhcolorado), director general de Nosotrxs.