Avanza la carrera hacia las elecciones de 2024 y con ella las preocupaciones sobre cómo se irán, más bien, cómo se están desarrollando las campañas desde que el Presidente tomó la medida sin precedente de abrir la sucesión en su partido y comenzar a inclinar la balanza casi dos años antes. Podría incluso decirse que desde el día uno de su gobierno se ha comportado más que como gobernante, como el líder que quiere perpetuarse en el poder. Si no a través de sí mismo, sí garantizando la continuidad de su movimiento.
Esto no sería condenable ni contrario a la democracia si se hiciera dentro de lo que marca nuestro orden jurídico. No es así.
López Obrador ha violentado las leyes electorales y los principios democráticos de manera reiterada, a través de todos los medios posibles y sin consecuencia alguna.
Junto con esta preocupación a la que no encontramos remedio salvo tratar de evidenciar y denunciar las ilegalidades, destaca una a la que no estamos prestando suficiente atención.
Se trata del Instituto Nacional Electoral. Por fortuna la iniciativa de reforma electoral del Presidente y de Morena no prosperó, pues hubiese supuesto el desmantelamiento de buena parte de la estructura operativa del INE. Consecuentemente y, también por fortuna, este Instituto sigue contando con uno de los servicios de carrera más profesionalizados y no hay por qué dudar de su capacidad operativa para organizar unas elecciones en las que se elegirán más de 20 mil cargos de elección popular: Presidente, 500 diputados, 128 senadores, nueve gobernadores y 19 mil 625 puestos para congresos locales, ayuntamientos, juntas municipales y alcaldías.
El problema no está ahí sino en un INE debilitado por diversas causas. La primera, desde luego, ha sido la incesante voluntad del Presidente de dañar su reputación. Ésta ha disminuido un poco desde que Lorenzo Córdova concluyó su periodo, pero cada vez que hay una decisión contraria a su voluntad, vuelve a la cargada. Y, no son pocas. Tan sólo en el 2023, López Obrador acumula 19 denuncias por el uso electoral de recursos públicos, vulnerar los principios de equidad y neutralidad de la contienda e ignorar la veda electoral (11 fueron declaradas procedentes). El INE dicta las medidas cautelares correspondientes pero no tiene la fuerza para hacerlas valer.
Por ejemplo, recientemente el INE emitió una resolución en el sentido de que los Servidores de la Nación no podrán participar como representantes de casillas. Pero, en realidad no tienen cómo evitarlo como tampoco pueden evitar que estos funcionarios sigan entregando los programas sociales como una dádiva que viene del señor presidente y que podría desaparecer si el voto no favorece a su partido.
Y aquí, una segunda debilidad del INE. Desde 2007 el Congreso ha sido omiso en emitir la ley que regula el Artículo 134 constitucional que prohíbe la utilización de recursos públicos para tratar de incidir en una contienda a favor o en contra de un partido político, candidato o aspirante a una candidatura. Esto, como bien señaló en su momento la consejera Dania Ravel, se traduce en que no hay sanciones establecidas para los funcionarios públicos -incluido el Presidente- en caso de incurran en una infracción de este tipo.
La tercera debilidad es la inexistencia de instrumentos para hacer una fiscalización a fondo del gasto de los partidos en las campañas políticas. No dan ni el tiempo ni las herramientas. Tomemos desde ya el tope de campaña de los candidatos presidenciales que fue fijado en 660 millones de pesos. Esto significa que cada candidato/partido se pueden gastar 733 mil pesos por cada día de los 90 que duran las campañas incluidos el pago de los equipos de los candidatos, los viajes y viáticos, la propaganda en calle, los mítines y enseres que requieren, la utilería... Es un montón de dinero pero, por lo menos en el caso del oficialismo, esa cantidad se habrá gastado ya para cuando comiencen las campañas en febrero.
En 2018 el tope de campaña fue de 429 millones de pesos y en Dinero Bajo la Mesa (https://contralacorrupcion.mx/dinero-bajo-la-mesa-libro/) pudimos demostrar que fue rebasado 15 veces y, además, que por cada peso reportado al INE se habían gastado realmente 25 pesos. ¿Qué esperar ahora? Si la proporción no cambiara, el gasto real de la campaña presidencial sería de alrededor de 16 mil millones de pesos, poco más que lo desviado en Segalmex.
Finalmente, si no el INE como institución, sí el Consejo General ha mostrado diferencias a su interior que no abonan a la necesidad de dar certeza al proceso electoral. Guadalupe Taddei se convirtió en la presidenta del INE por insaculación porque los diputados no llegaron a un acuerdo; ella misma, quien tiene las credenciales para ser Consejera presidenta aunque se le define proclive a la 4T, ha fracasado en designar al Secretario ejecutivo por no conseguir, desde hace seis meses, los votos de ocho consejeros; por la misma razón, están vacantes ocho direcciones esenciales para el buen funcionamiento del INE.
El gran problema, como escribió hace unas semanas Edmundo Jacobo, ex Secretario ejecutivo del INE, es que “el actuar de los actores políticos sigue imponiéndose a las reglas” y, yo añadiría, sin que el INE pueda evitarlo.
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amparocasar@gmail.com
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