El notariado también le debe cuentas a la sociedad

EN TRIBUNALES
18/11/2026 04:01
    El ciudadano no puede quedar indefenso frente a errores, negligencias, cobros injustificados, actuaciones irregulares o incumplimientos atribuibles a quienes ejercen la función notarial.

    En los próximos días, los notarios públicos de Sinaloa elegirán a quienes habrán de integrar su Consejo Estatal. Para muchos ciudadanos, esta noticia podría parecer irrelevante. Un asunto interno de profesionistas que poco o nada tiene que ver con sus problemas cotidianos.

    Se equivocan.

    El notariado desempeña una función de interés público. Detrás de cada compraventa inmobiliaria, crédito hipotecario, testamento, sucesión o constitución de una sociedad, existe una responsabilidad jurídica que trasciende los intereses particulares de quienes intervienen.

    Por eso, la calidad del notariado no puede medirse solamente por la preparación individual de sus integrantes. También depende de la fortaleza de sus instituciones, de la eficacia de sus mecanismos de vigilancia y de su capacidad para corregir las deficiencias que afectan a los ciudadanos.

    Y en Sinaloa tenemos problemas estructurales que merecen discutirse públicamente.

    El primero es la libertad para elegir notario.

    Cuando una persona adquiere una vivienda mediante un crédito hipotecario, con frecuencia descubre que el banco, la institución financiera o el desarrollador inmobiliario pretende imponerle una notaría determinada.

    Esta práctica, que debe examinarse a la luz de la legislación aplicable, puede restringir injustificadamente la libertad de elección del consumidor y favorecer concentraciones de trabajo notarial.

    El comprador no debería convertirse en rehén de acuerdos comerciales entre quienes financian, venden y formalizan operaciones inmobiliarias.

    Un Consejo de Notarios fuerte debe defender la libre elección, promover condiciones de competencia legítima y combatir las prácticas que anteponen intereses comerciales a los derechos del público.

    El segundo problema está en los registros públicos de la propiedad.

    No es razonable que los requisitos documentales, los criterios de calificación, los procedimientos administrativos y los tiempos de respuesta presenten diferencias injustificadas entre oficinas registrales de un mismo estado.

    La seguridad jurídica no debería depender del municipio donde se presenta una escritura ni del criterio particular del servidor público que la recibe.

    Necesitamos procedimientos homogéneos, criterios públicos, plazos verificables y un trato institucional igualitario para todos los notarios y usuarios.

    El Consejo Estatal debería convertirse en un interlocutor técnico permanente ante las autoridades registrales, capaz de identificar problemas, proponer soluciones y exigir mejoras administrativas.

    El tercer problema es particularmente indignante: la falta de coordinación entre notarías, registros públicos y catastros municipales.

    Pensemos en una persona que compra una casa, paga sus impuestos, cubre los derechos correspondientes y recibe su escritura.

    Meses después descubre que, aunque la propiedad fue debidamente escriturada e incluso inscrita, el padrón catastral municipal continúa mostrando al propietario anterior.

    Entonces comienza un verdadero viacrucis burocrático.

    Se le exige presentar nuevamente documentos, realizar trámites adicionales y, en ocasiones, obtener certificados registrales actualizados que implican nuevos gastos, simplemente para acreditar una titularidad que ya consta en los instrumentos y registros correspondientes.

    ¿Por qué debe pagar el ciudadano las consecuencias de que las instituciones públicas no compartan oportunamente su información?

    Un Consejo de Notarios comprometido con la sociedad debería impulsar mecanismos de coordinación, interoperabilidad y actualización catastral que eviten duplicidades, gastos innecesarios y pérdida de tiempo.

    El cuarto problema es la desigual preparación profesional.

    No todos los notarios cuentan necesariamente con el mismo nivel de actualización, experiencia o rigor técnico.

    Conozco al menos cuatro notarios de este municipio, hombres y mujeres, de quienes me consta su incompetencia técnica y eso se explica por una sola razón: Quirino Ordaz les regalo las notarías.

    Y a pesar del enorme daño que le pueden causar a los clientes de esos buenos para nada, a la fecha ningún colegio de notarios y menos el Consejo de Notarios, ha hecho algo para que los inhabiliten.

    De ahí la importancia de que en las próximas elecciones para integrar el nuevo Consejo de Notarios, se elija la planilla que garantice servicios notariales de excelencia para los clientes y mejoras en las instituciones públicas con las que interactúan los notarios.

    La función notarial exige conocimientos especializados en derecho civil, mercantil, fiscal, registral, inmobiliario y administrativo, entre otras materias.

    No basta con haber obtenido una patente. La responsabilidad de intervenir en el patrimonio de las personas exige formación permanente, discusión académica y revisión crítica de las prácticas profesionales.

    También debe existir especial atención al respeto de las reglas de competencia territorial.

    Cuando un notario interviene fuera de los límites que legalmente corresponden a su actuación, puede generar controversias sobre la regularidad del instrumento y riesgos jurídicos para quienes confiaron en sus servicios.

    La competencia entre notarías debe desarrollarse dentro de la ley, no mediante prácticas que comprometan la certeza de las operaciones.

    ¿Y quién responde por las malas prácticas notariales?

    Aquí aparece otro asunto fundamental: la responsabilidad profesional.

    El ciudadano no puede quedar indefenso frente a errores, negligencias, cobros injustificados, actuaciones irregulares o incumplimientos atribuibles a quienes ejercen la función notarial.

    Los colegios de notarios cuentan con instancias de disciplina y vigilancia gremial, y las autoridades competentes disponen de atribuciones legales para conocer de posibles irregularidades.

    Sin embargo, esos mecanismos sólo adquieren verdadero sentido cuando son accesibles, imparciales y eficaces.

    Un Consejo Estatal fuerte no es aquel que protege indiscriminadamente a sus integrantes. Es aquel que defiende la dignidad de la profesión precisamente porque está dispuesto a distinguir entre el ejercicio responsable y las conductas que deben investigarse.

    La solidaridad gremial jamás debe confundirse con impunidad.

    Desde mi ejercicio profesional como abogado litigante, considero indispensable que los ciudadanos conozcan y hagan valer sus derechos.

    Quienes enfrenten problemas derivados de actuaciones notariales pueden acercarse a mi despacho para revisar jurídicamente su caso y, cuando existan elementos suficientes, promover las demandas por daños y perjuicios, gestiones y quejas que correspondan ante las instancias competentes, incluidos los órganos de honor y justicia de los colegios notariales y las autoridades estatales responsables de la vigilancia de la función notarial.

    No toda inconformidad constituye una infracción. Pero ninguna irregularidad seria debería quedar sin la posibilidad de ser examinada.

    La próxima elección del Consejo de Notarios de Sinaloa ofrece una oportunidad para discutir qué clase de institución necesita nuestro estado.

    ¿Un órgano dedicado exclusivamente a administrar los asuntos internos de sus integrantes o una institución capaz de impulsar la modernización registral, la profesionalización, la transparencia, la disciplina y la defensa de los derechos de los usuarios?

    La respuesta debería ser evidente.

    El notariado no existe para los notarios. Existe para dar seguridad jurídica a la sociedad.

    Y quienes aspiren a dirigir sus instituciones deberían empezar por comprender esa diferencia.