En cárceles, la otra narcoguerra
Rescatar los penales de Sinaloa
Por si acaso causó extrañeza la decisión de destinar una “cantidad importante” para hacerles “cirugía mayor” a los penales de Sinaloa, que anunció el Gobernador Rubén Rocha Moya en su Cuarto Informe, vale decir que el Mandatario estatal se quedó corto en la intención de abatir negligencias y hasta complicidades que durante décadas convirtieron al sistema penitenciario en peligroso y disfuncional.
Y si alguien decidiera bajo riesgo propio inspeccionar las condiciones en que se encuentra el Penal de Culiacán ubicado en Aguaruto, por ejemplo, entenderá por qué el apremio de invertirle a la modernización e inclusive considerar hasta la factibilidad de construir un nuevo centro para la ejecución de las consecuencias jurídicas del delito, de alta seguridad, con tecnología carcelaria de punta y personal que se mantenga al margen de la corrupción.
Ninguna posibilidad de readaptación social existe en la cárcel del centro de Sinaloa adaptada por la delincuencia como refugio de armas, municiones, drogas, equipo de comunicación satelital y menesteres de guerra y lujos que ni en situación de libertad acumularon los ahora reos. Hoyos en paredes, pisos, techos y en camas de concreto que son parapetos de arsenales listos para librar la narcoguerra al interior de la prisión.
Hacinamiento, insalubridad, adicciones y armamentismo hacen latente el peligro de enfrentamientos, riñas y ajustes de cuentas entre rejas cuyo planteamiento punitivo desvanece a simple vista, oliendo tanto a pólvora y sangre como igual se otea la barbarie en ciudades y comunidades rurales. Ningún diagnóstico elaborado por comisiones de derechos humanos ha patentizado esta realidad intramuros en la prisión.
Por sí solo el Cecjude de Aguaruto representa un reto fenomenal debido al desorden y la mala estructuración a consecuencia de años de desidias por parte de gobiernos que lo abandonaron bajo el control de las personas privadas de la libertad. Adentro se reproduce idéntico el modelo exterior del choque en el seno del Cártel de Sinaloa, con cada facción atrincherada en módulos de los que se apoderaron para convertirlos en barricadas.
Apenas en los actuales gobiernos federal y estatal los secretarios de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, en lo nacional, y Óscar Rentería Schazarino en el ámbito estatal, le han entrado en serio a las acciones para que el Estado retome el mando del Penal con esculques casi diarios, atención a la sobrepoblación carcelaria con el traslado de presos a otras correccionales, y el despido y reubicación de alcaides y celadores propensos a la corrupción.
Por supuesto que se trata de alta prioridad dentro del esquema por recuperar la seguridad pública en Sinaloa que se halla en crisis desde septiembre de 2024 debido al conflicto que enfrenta a los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán y los de Ismael “El Mayo” Zambada. Y de seguro no habrá inversión pública que alcance, pero de lo que se disponga tendrá que avanzarse en solucionar de fondo el problema.
Por eso cuando el viernes, al defender su Cuarto Informe en el Congreso del Estado, el Gobernador Rubén Rocha Moya anunció acciones para rehabilitar física, tecnológica y administrativamente los reclusorios de Aguaruto en Culiacán, El Castillo en Mazatlán, y el de Goros II en Ahome, dejó en claro que la inversión pública tendría que ser cuantiosa para que signifique la atención integral.
Sin determinar el monto económico a aplicar, el cálculo aplazado tiene que ver con obtener la participación del Gobierno federal en la recuperación de las cárceles sinaloenses como instituciones que posibiliten la implementación de métodos efectivos y condiciones adecuadas para que ocurra la auténtica reinserción social de generadores de violencia.
Quizá la principal contrariedad esté en que Rocha en los dos años que le restan al sexenio no podrá recuperar el control absoluto de las cárceles y cualquier esfuerzo de redignificación que haga en ese sentido se perderá en la lógica transexenal que interrumpe asuntos que deberían tener la indispensable continuidad. Además, la dificultad de reubicar a los reos en tanto se realizan las obras sin que ello ocasione denuncias por violaciones a los derechos humanos.
Son entre rejas estos males,
En Sinaloa más infiernos,
Al abandonar los penales,
Tan irresponsables gobiernos.
Será lo que sea el Diputado Serapio Vargas Ramírez, el que se bichó en las playas de Navolato para proponer la creación allá de un campo nudista; el creador del fallido Partido Independiente de Sinaloa, el que engañó a productores de caña de Eldorado prometiéndole la jauja en plena crisis de la industria azucarera, pero tonto no es, porque fiel a su naturaleza de chango mecatero ahora sale en defensa de Imelda Castro Castro, la precandidata del Movimiento Regeneración Nacional a la Gubernatura, buscando allí la nueva liana que lo sostenga en la política bananera, cerca de la ubre del presupuesto público.
