Dadas las condiciones que privan en la UAS, la iniciativa que presenta la Rectoría a los trabajadores administrativos y académicos nos parece errónea. Primero, la administración universitaria debió realizar su “reingeniería” sobre los salarios que tienen los miembros de la administración, desde el Rector hasta el último funcionario, para que esa idea de gravar con un porcentaje el sueldo de los jubilados tuviera cierta credibilidad entre la base de trabajadores.
Tal y como está planteada, la iniciativa de Rectoría es improbable que sea aprobada por los trabajadores, tanto activos como jubilados. Con excepción de los amanuenses de la administración Universitaria, que ya se desgañitan gritando a voz en cuello su servilismo, hay consenso social en considerar como errónea la propuesta del Rector.
Creemos que si hubieran dado ese paso, habrían demostrado disposición a que las cosas cambiaran realmente en la Universidad; de lo contrario, el actual diferendo es una prueba de que en la UAS todo sigue igual y que se quieren mantener los privilegios de la burocracia dorada, mientras se afecta a las mayorías universitarias. La lucha por democratizar a la UAS sigue siendo una asignatura pendiente, cada vez más urgente.
Los trabajadores de la Universidad conocen de sobra cuál es el origen de la crisis en la Universidad, es patético que se proponga gravar el salario de los trabajadores mientras la administración permanece intocada. Es algo que no podemos concebir, nos da la impresión de que a los miembros de la Administración Central de la UAS no les caído el 20 que en México vivimos una transformación en todos los ámbitos de vida nacional y que, en dicha transformación, los derechos de los trabajadores tienen un lugar especial y deben ser respetados.
La iniciativa de la administración universitaria, que circuló la semana pasada, es violatoria de varios derechos de los trabajadores consagrados en la Constitución de la República. Ese tipo de iniciativas corresponden al pasado, donde no se respetaban los derechos laborales. En el presente, las cosas han cambiado y dichos derechos son prioritarios. Que no se les olvide a los mandamases de la UAS: la voz de los trabajadores es una voz que se escucha y se hace escuchar y, con bastante claridad, se ha expresado en abierta defensa de sus derechos laborales y nada de imposición.
Ese es el camino y no hay otro de mayor viabilidad. Los salarios de los trabajadores, jubilados y activos deben estar a salvo de toda intención de reducirlos, asimismo los derechos adquiridos deben de respetarse. La polémica entre la administración y los trabajadores tiene que ver en qué sector debe aplicarse la “reingeniería” de la distribución presupuestal. Mientras la administración no ponga un alto definitivo a la contratación de personal de confianza y no reduzca su inflada nómina, y tampoco reduzca los sueldos faraónicos de los empleados de primer nivel, comenzando con el Rector y sus funcionarios -segmentos en donde prevalece un gasto excesivamente fuerte de nómina-, no habrá ninguna “reingeniería” capaz de aliviar los pesares económicos de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
No es concebible que, en los últimos 20 años, la nómina de los funcionarios de primer nivel se haya elevado tanto, mientras los salarios de miles de profesores hora-clase sean prácticamente ridículos. Corregir la nómina pasa necesariamente por reducir el gasto faraónico y el dispendio de la “administración dorada”, como la llama la gente en la Universidad.
La crisis financiera por la que atraviesa la UAS tiene solución, con sólo racionalizar la nómina de los funcionarios de primer nivel y suprimir gastos superfluos de funcionarios, con un transparente informe de entradas y gastos al Consejo Universitario y a la sociedad, que evite el dispendio. Eso es fundamental para terminar con la permanente crisis recurrente todos los años en el presupuesto universitario.
Busquen otras formas para tratar de resolver el problema que afronta nuestra Universidad, al margen de gravar el salario de los trabajadores académicos y administrativos; cualquier gravamen que afecte el salario de los trabajadores es inadmisible.
