Empiezan a notarse escarceos en el ámbito político del estado, un poco anticipados, por eso de intentar madrugar para el próximo sexenio. Pero así son los trapecistas de la política, afanosos y ansiosos por treparse al poder, sin esperar a que termine el sexenio actual de Gobierno, que preside el doctor Rubén Rocha Moya, al cual le quedan aún dos años. Notamos a una aspirante a la que, al parecer, se le queman las habas y no detiene su labor proselitista para lograr su propósito.
Por lo que observamos, el actual Gobernador va a terminar su sexenio contra viento y marea. Esa es la apreciación que se logra percibir de su gobierno, ejercido en un periodo azaroso en cuanto a la violencia que se exacerbó a partir de septiembre del 2024, por las razones que todo mundo conoce. Fuera de esa situación, las cosas en la entidad marchan bajo parámetros tolerables. El Gobierno hace grandes esfuerzos, movilizando sobre todo una gran cantidad de fuerzas federales para devolverle la seguridad a los sinaloenses e impulsando programas sociales y económicos emergentes para que la economía se recupere.
El campo, que es tan importante para Sinaloa, se ha mantenido medianamente estable dentro de lo que cabe, con incidentes como las tomas de las casetas de peaje, que en realidad fueron un pretexto político, ligado y promovido por los concesionarios del agua, que venían obteniendo millonarias utilidades y que, con la reforma a la Ley de Aguas, se les acabó el super negocio.
La toma de las casetas, todo mundo se dio cuenta, fue una maniobra de presión por parte de los acaparadores de las concesiones de agua, que les otorgó Salinas y los subsecuentes gobiernos del periodo neoliberal, y que les permitieron embolsarse millones al comerciar con este preciado bien público. Con la reforma que acaban de aprobar las cámaras de Diputados y Senadores de la República se terminó con el monopolio de estos particulares, quienes incluso vendían el agua a algunos gobiernos municipales. A ese nivel llegaron los famosos concesionarios de aguas nacionales.
Con la nueva legislación sobre el uso del agua, se terminó con el acaparamiento del agua, realizado por medio de concesiones completamente descontroladas, otorgadas –repito-- durante el periodo neoliberal, en detrimento de los intereses del país. La mayoría de las reformas a la Constitución, en la actualidad, tienen como fin servir al interés de la Nación y poner orden, garantizando que el agua sea un derecho de todos los mexicanos.
Al contrario de las reformas neoliberales, que comenzaron con Salinas y continuaron hasta Calderón y Peña Nieto, que trasladaron a particulares y políticos de toda laya los bienes nacionales, en una frenética vorágine privatizadora, desde el 2018 la mayoría de las Reformas a la Constitución han sido promovidas por el partido político Morena. Con la mayoría que se logró, sobre todo en el 2024, en el Congreso de la Unión los legisladores han hecho un buen trabajo en bien de la sociedad. Ahora las reformas responden a los intereses de las mayorías y buscan ampliar las libertades políticas y sociales de todos los mexicanos.
Aún hay mucho que revertir de aquellas reformas a la Constitución que, durante los 36 años del periodo neoliberal, en nada favorecieron al pueblo. Es un hecho que se gobernó para favorecer a una minoría de nacionales y extranjeros, que se volvió inmensamente poderosa económicamente, mientras se empobreció hasta límites intolerables a la población. Esa fue la política del gobierno neoliberal, creciendo exponencialmente los pobres en el seno de la sociedad, como nunca se había visto.
En la actualidad, las cosas han cambiado radicalmente. Se busca liberar al pueblo de sus penurias, sacar a millones de mexicanos de la pobreza, aumentar los salarios y contener la inflación, para evitar que se deteriore su poder adquisitivo, impulsar leyes que amplíen las vacaciones que por Ley deben otorgar los patrones y reducir la jornada laboral a 40 horas semanales como objetivo. El gobierno de Claudia Sheinbaum, respaldado por la coalición encabezada por Morena, está empeñado en que el País cuente con un sistema educativo y de salud que garantice el bienestar de la mayoría de los mexicanos.
Se legisla, en definitiva, a favor de las grandes mayorías.
La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo trabaja con dinamismo admirable por sacar al País del subdesarrollo y proyectarlo a un nivel económico sostenido entre las naciones con desarrollo estable. Los ciudadanos valoran su trabajo en bien de la Nación.
