Grupo de trabajo del Senado, especialistas y Fuerzas Armadas

A invitación del Senador Ricardo Monreal Ávila, el pasado viernes 19 de mayo asistí a la sesión de la Comisión Bicameral para la Evaluación y Seguimiento de la Fuerza Armada Permanente en tareas de Seguridad Pública. A continuación, sintetizo la exposición que ofrecí.

Dado que se nos pidió opinar sobre “los indicadores cuantificables y verificables que deberá contener” el informe semestral del presidente al Senado sobre la intervención de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública, lo primero que enfaticé fue la necesidad de tener cuidado con el uso de los indicadores, haciendo notar que estos pueden ser usados para mostrar, pero también para esconder hechos; recogí un ejemplo extraído del informe que apenas dio a conocer la Guardia Nacional, donde el especialista Sam Storr de inmediato identificó que la institución se autocalifica con todas las metas cumplidas al cien por ciento (y en algún caso hasta más), cuando la institución aseguró veinte por ciento menos armas respecto al 2021.

Los indicadores pueden opacar más de lo que transparentan, si así se quiere, tal como me dijo un criminólogo estadista hace mucho sobre la estadística.

Después de esta alerta, cité el instrumento de 2011 de la ONU sobre rendición de cuentas, supervisión e integridad policial, donde se incluye un “modelo comprehensivo” que incluye al poder legislativo entre los componentes esenciales para ejercer el control democrático sobre las operaciones policiales.

Entonces referí otro material de la ONU de 2021, en este caso firmado por decenas de mecanismos especiales de Derechos Humanos, donde alerta sobre el crecimiento sostenido en el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía, de la brutalidad policial y de la detención arbitraria contra la protesta pacífica, explicando que “estos fenómenos son sintomáticos de una tendencia preocupante hacia la militarización del personal, su equipo, entrenamiento y reglas de actuación”.

Y fui más atrás en la historia. Recordé que el 9 de febrero de 2012, con la firma de todos los coordinadores parlamentarios excepto el del PAN, se introdujo en ese órgano legislativo la propuesta de reforma para crear el Auditor Independiente de las Policías Federales, proyecto que jamás avanzó ni siquiera para ser discutido en comisiones.

Relaté además que, invitado por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, habiendo apenas anunciado el entonces presidente electo López Obrador la creación de la Guardia Nacional, propuse ante legisladores de múltiples partidos la instalación de una comisión de análisis de la evidencia que revisara si esa propuesta tenía méritos, a la luz de la experiencia de la intervención militar en la seguridad pública, recomendación que ni siquiera mereció respuesta.

Ante Monreal y demás senadores, decidí también citar la sentencia de 2018 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del llamado “Caso Atenco”, donde se ordenó la creación de un observatorio de rendición de cuentas sobre la Policía Federal (luego Guardia Nacional), habiendo decidido el Ejecutivo Federal y la Sedena desacatar el mandato por considerar innecesarios los controles externos adicionales a los internos ya instalados.

En la parte final de mi intervención, me referí brevemente al documento intitulado Uso de indicadores para evaluar el funcionamiento policial. Notas y experiencias para la reforma policial en México y puntualicé las áreas en las que esa investigación agrupa tales indicadores: Criminalidad y Violencia; Percepción de inseguridad; Actividad policial, Malas prácticas policiales; gestión institucional; Relación policía-comunidad, a su vez cada una dividida en decenas de posibles indicadores.

Atendí a la invitación del viernes pasado no porque esperara que un tema de esta complejidad podía ser resuelto en unas horas, sino para dejar una recomendación precisa: propuse a la comisión bicameral instalar un grupo técnico de trabajo con representantes de las Fuerzas Armadas para construir los indicadores adecuados para personal militar en tareas policiales, en el marco de la construcción de un piso común de comprensión de su rol.

En su turno, el especialista Alejandro Madrazo afirmó que la sesión del viernes era una simulación y que cualquier expectativa de contención, fiscalización, control y reversión de la intervención militar en la seguridad pública y muchas otras funciones civiles no tiene posibilidad alguna de concretarse en la realidad. Quizá tiene razón.

En todo caso, mi propuesta está en la mesa, una vez más.

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@ErnestoLPV

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