En una definición sencilla, un sistema es un conjunto de elementos interrelacionados que funcionan como un todo para cumplir un propósito. Tal es el caso del sistema político, integrado por instituciones, actores, reglas y procesos orientados al ejercicio del poder. En ciencias sociales, la noción de sistema permite analizar patrones, incentivos y resultados estructurales, más que conductas aisladas. Desde la perspectiva de Niklas Luhmann, cada sistema se reproduce a sí mismo y colapsa cuando deja de hacerlo, por ejemplo, a causa de la interferencia de otros sistemas.
El sistema político mexicano es ampliamente reconocido, dentro y fuera del País, como históricamente estable, al menos desde la consolidación del régimen de partido de Estado. Ríos de tinta han explicado un complejo entramado de negociación de poderes y recursos que, durante décadas, evitó sobresaltos propios de un colapso sistémico. Incluso la llamada transición a la democracia de finales del Siglo 20 y principios del 21 ha sido caracterizada como ejemplar, en la medida en que dio paso a una alternancia pacífica en el poder.
Una de las características más notables de esta estabilidad ha sido la negociación política de la obediencia a la ley. Dicha estabilidad no ha descansado en un Estado de derecho sólido. Por el contrario, los equilibrios que han sostenido al sistema han operado a través de una relación política y social que simultáneamente utiliza y tolera la manipulación de la ley, concebida como una herramienta disponible. Ni durante el régimen de partido hegemónico ni en la apertura política asociada a la transición democrática ni en el actual proceso de reconcentración del poder y desmantelamiento de contrapesos institucionales se ha buscado realmente consolidar el principio de igualdad ante la ley, columna vertebral del Estado de derecho.
El sistema político mexicano se ha mantenido equilibrado no por la obediencia a la ley, sino por su desobediencia selectiva. La impunidad es, en este sentido, un constructo profundamente político -y también social- coherente con una concepción de la ley sujeta a criterios de oportunidad. Si la aplicación de la ley es maleable en función de las disputas por poder y recursos, entonces la reducción efectiva de la impunidad resulta, en sentido estricto, profundamente disfuncional para el sistema.
De hecho, la impunidad ha sido -y continúa siendo- una moneda de cambio extraordinariamente poderosa para la estabilidad sistémica. Un ejemplo claro es la práctica estatal de perseguir a ciertas redes criminales mientras se tolera o coopera con otras, incluso como parte de políticas informales de seguridad orientadas a pacificar localidades o regiones. Bajo estas condiciones, las fiscalías difícilmente pueden producir algo distinto a la impunidad -salvo de manera marginal-, en tanto no pueden sustraerse a la contaminación política del ejercicio de la acción penal.
Sin embargo, la emergencia de poderes criminales de alcance global, sostenidos precisamente sobre esta impunidad estabilizadora, parece estar alcanzando dos límites que revelan disfuncionalidades estructurales. El primero se relaciona con la depredación criminal sobre las instituciones del Estado, hasta el punto de comprometer su capacidad para regular la propia impunidad. El segundo tiene que ver con la depredación criminal de la actividad económica, que desborda los límites históricamente modulados desde el poder político.
En este contexto, resulta inevitable preguntarse por el papel de la interferencia sistémica proveniente de Estados Unidos, en la medida en que irrumpe y distorsiona los mecanismos locales de regulación de la impunidad respecto de liderazgos criminales que son -o han sido- parte de redes de macrocriminalidad, cuyo extraordinario poder es, precisamente, un producto de la garantía de impunidad.
