México está sufriendo una severa crisis de inseguridad que el régimen de Claudia Sheinbaum procura atenuar o disminuir de diferentes maneras y momentos, pero que no puede ocultar ante los múltiples actos de terror de los ciudadanos por las balaceras, asesinatos y desapariciones, delitos que ni se investigan ni se castigan, es decir, quedan impunes, máxime cuando los delitos los realizan personajes cercanos al Gobierno, como el caso más reciente, el del llamado “huachicol fiscal”, en el que han quedado involucrados altos oficiales de la Marina de México, una institución con una bien ganada fama de rectitud y cumplimiento del deber, que al ser relevada de sus labores constitucionales y encomendarle actividades de carácter civil, manejando recursos políticos sin obligación de rendir cuentas, tenía que conducir a actos de corrupción. Ya el fisco reconoce que busca “recuperar” más de 16 mil millones de pesos de ese fraude fiscal, pero el daño al erario debe haber sido mucho mayor, pues se ha determinado que se trata de 30 buques cargados con 10 millones de litros en cada uno de ellos y lo que es más grave aún es que este ilícito parece ser que se llevó a cabo en contubernio con el CJNG. Según Manuel J. Jáuregui en su columna en Reforma este lunes, señala que “las denuncias de tomas clandestinas de huachicol pasaron de un promedio mensual de 151.5 en 2024, a un récord de 376 en 2025, dos casos más de corrupción que dañan seriamente las finanzas nacionales.
A esta crisis de corrupción en las finanzas públicas y en el desperdicio de energéticos, habría que agregar el creciente agravamiento de las finanzas de Pemex, que arrastra también las finanzas del Gobierno pues, como indica el Coordinador del Programa de Gasto Público de “México Evalúa”, Jorge Cano, “Pemex tiene una plataforma petrolera en declive, no sólo por el ‘agotamiento de los pozos petroleros’, sino por la menor inversión en exploración, por lo que la producción de crudo no ha dejado de caer desde 2021”; actualmente produce un millón 366 mil barriles diarios, la cantidad más baja en los últimos 35 años.
Jorge Cano explica que dentro de los impuestos que paga Pemex, está el llamado Derecho de Utilidad Compartida que “se redujo de 65 por ciento en 2019 a 30 por ciento en 2024 y por el Derecho Petrolero para el Bienestar (?) se pagará menos del 30 por ciento si el precio del petróleo es menor a 57.8 dls. por barril y cuando ese valor sea superior, se pagaría más”; según el Paquete Económico para 2026, Hacienda estima que el precio por barril será de apenas 54.9 dls., o sea menos del límite inferior de 57.8 dls., por lo que Pemex pagará menos al fisco. “Entre 2019 y 2024, Pemex recibió del Gobierno 1.24 billones de pesos”, esto es, más de 200 mil millones de pesos al año en el sexenio de AMLO, recursos que la empresa utilizó principalmente “para el pago de deuda” y muy poco para inversión; “para 2026 se propone transferir 263 mil millones de pesos, que son más que el presupuesto de todo el Seguro Social para el Bienestar (172.4 mil millones de pesos)”.
Así como el problema de inseguridad nada más “se está administrando”, igualmente la crisis perenne en que está la empresa estatal Pemex, sólo se medio atiende con recursos federales, es decir, también “se administra”, pero no se le busca una real solución, porque el remedio para Pemex está en el control de la corrupción interna y abrirse a la inversión privada en la exploración, explotación y exportación de petróleo, descubrir nuevos yacimientos y en la reapertura de los yacimientos marginales que a Pemex no le interesa explotar por falta de recursos; pero esa solución para este régimen “es tabú”, porque se trata de recurrir al empresariado nacional y extranjero, lo que va contra la ideología estatista del régimen.
Cuando se presentan crisis tan graves como las inundaciones que durante este mes ocurrieron en Veracruz, Puebla, San Luis Potosí, Hidalgo y Querétaro, que también se pretendió minimizar por las autoridades locales, se puso en evidencia la falta de planes de emergencia y la falta de recursos suficientes para una rápida y eficaz atención de los afectados; la sola presencia de la Presidenta Sheinbaum nada satisface, más bien aumenta el enojo ciudadano. Aquí se manifiesta la necesidad de los fideicomisos como el Fonden, pero también de los planes de prevención oportuna, pues este tipo de crisis no es fácil “administrarla”, menos con 66 muertos y decenas de desaparecidos, además de los múltiples daños a los pobladores.
Se perdieron los fideicomisos y ahora se tiene una crisis más.
