La libertad de prensa en El Salvador: un derecho en retroceso

En 2024, la libertad de prensa enfrentó una crisis global sin precedentes. Informes de organizaciones como Reporteros Sin Fronteras (RSF) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) revelan un deterioro alarmante en el ejercicio del periodismo, incluso en democracias consolidadas.

Particularmente, en lo que respecta a la región centroamericana, esta crisis se acrecienta, entre otras cuestiones, por el ascenso y la prevalencia de regímenes autoritarios y corruptos que reprimen sin cavilación alguna ante el disenso. Los estados de excepción se posicionan como una de las estrategias inmediatas para silenciar a las voces críticas.

El Salvador es un bastión preocupante de esta tendencia. En el informe Resonancia y disputa: espacio cívico en Cuba, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador, sobre libertad de expresión y de prensa, Article 19 identificó que tras la reelección presidencial -abiertamente inconstitucional1– de Nayib Bukele, en febrero de 2024, el país experimenta un grave retroceso democrático con la concentración del Poder Ejecutivo, el debilitamiento de las instituciones y la profundización en la violación sistemática de derechos humanos, concretamente sobre la libertad de expresión y prensa.

Esto último auspiciado por el estado de excepción prolongado por el Gobierno desde 2022 e implementado -paradójicamente- bajo el argumento de erradicar a las pandillas, como única causa de la violencia en el país según la estrategia seguida por el Gobierno.

Recientemente, la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) publicó su Informe de Libertad de Prensa 2024 en el que se documentan 789 agresiones. Este incremento ha convertido al 2024 en el año con la mayor cantidad de agresiones contra periodistas y medios, al menos desde la creación del Centro de Monitoreo de Agresiones contra Periodistas de la APES en 2018.

Las vulneraciones fueron documentadas tanto en el monitoreo corriente, con 467 (59.2 por ciento), como en el monitoreo electoral que registró 322 (40.8 por ciento). Durante el monitoreo corriente, las agresiones más frecuentes fueron la restricción al ejercicio periodístico (113), bloqueo de acceso a la información (93) y acoso digital (62); mientras que en el marco de las elecciones, la más comunes fueron: restricción al ejercicio periodístico (141), seguida por declaraciones estigmatizantes (55) e intimidación (34).

Cabe señalar que en lo que respecta al acoso digital, ARTICLE 19 reconoce que la red social X (antes Twitter) se ha posicionado como uno de los espacios digitales más violentos para la prensa, más aún cuando los perfiles agresores son de figuras alta proyección pública, como es el caso del propio Bukele.

Resulta particularmente preocupante considerando que “este tipo de violencia, además de limitar la libertad de expresión, genera autocensura y merma la salud mental de las víctimas por medio de la ansiedad, el miedo y el estrés” (2).

Además, la APES ha registrado un aumento sistemático en las restricciones, intimidación y ataques que incluyen bloqueos informativos, campañas de desprestigio, acoso digital y restricciones al acceso a la información pública.

Estas situaciones reflejan una preocupante tendencia de retroceso en los derechos fundamentales que garantizan una prensa libre y una ciudadanía informada.

Las historias detrás de estas cifras son diversas. De manera reciente, el 3 de mayo del año en curso, el medio de comunicación El Faro denunció que la Fiscalía General de la República estaba preparando órdenes de captura en contra de al menos siete de sus integrantes. A la criminalización se suman las campañas de desprestigio en su contra por parte de figuras con alta proyección pública, incluido el Presidente del país. La situación no es menor si se analiza que esto ocurrió después de que publicaran una investigación que revela pactos del gobierno de Bukele con pandillas.

La represión se extiende no sólo al ámbito periodístico, sino también a la defensa de los derechos humanos. El 15 de mayo fue detenido arbitrariamente el defensor de derechos humanos Alejandro Henríquez y junto a él, un líder comunitario, José Ángel Pérez, quienes de manera activa luchan frente a los despojos de tierras y territorios, el cual se ha vuelto un tema medular de la represión en el país. Por su parte, el 19 de mayo la Jefa de Anticorrupción y Justicia de la organización Cristosal, Ruth López, -quien ha denunciado las sistemáticas violaciones de derechos humanos y la corrupción de la actual Presidencia- fue igualmente detenida de manera arbitraria.

Frente a este panorama, es imperativo que la sociedad civil, las organizaciones internacionales y la ciudadanía defiendan activamente la libertad de prensa. Sólo mediante un compromiso colectivo podremos garantizar que el periodismo siga siendo un pilar fundamental de nuestras democracias.

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1. El artículo 88 de la Constitución de El Salvador prohíbe la reelección, pues estipula que “la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República es indispensable para el mantenimiento de la forma de gobierno y sistema político establecidos. La violación de esta norma obliga a la insurrección”. En línea: https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/decretos/83CA833B-22D5-4810-AF01-88D65B71FC88.pdf

2. ARTICLE 19 México y Centroamérica, “Resonancia y disputa: espacio cívico en Cuba, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador”, 2025. En línea: https://articulo19.org/resonanciaydisputa/