La principal conclusión a partir del Balance educativo del ciclo escolar 2025-2026

Al concluir un ciclo escolar solemos preguntarnos si se cumplió el calendario, cuántos días hubo clases o si las escuelas lograron terminar el programa previsto. Sin embargo, el Balance educativo del ciclo escolar 2025–2026, presentado esta semana por Mexicanos Primero Sinaloa, nos deja una conclusión mucho más profunda: el derecho a aprender no se garantiza únicamente abriendo las escuelas. Se garantiza creando las condiciones para que niñas, niños y adolescentes puedan aprender.

Esa es, quizá, la principal enseñanza del balance.

El balance revela que el principal desafío ya no consiste únicamente en abrir las escuelas, sino en lograr que puedan funcionar con normalidad durante todo el ciclo escolar. La continuidad educativa se vio afectada por causas relacionadas con la inseguridad, pero también por problemas operativos e institucionales. A ello se suma que una de cada cinco escuelas continúa sin agua potable, tres de cada cuatro carecen de infraestructura adaptada para estudiantes con discapacidad, seis de cada diez no tienen acceso a internet y seguimos sin conocer públicamente qué tanto aprendieron nuestras niñas, niños y adolescentes.

Podríamos interpretar cada dato como un problema independiente, pero sería un error.

Porque el Balance educativo del ciclo escolar 2025–2026 muestra que todas forman parte una misma realidad. La violencia, la infraestructura, el presupuesto, la continuidad escolar y los aprendizajes no son conversaciones aisladas, son distintas expresiones de una misma pregunta: ¿estamos creando las condiciones para que una generación pueda desarrollar plenamente su potencial?

Durante mucho tiempo hemos entendido el desarrollo como la capacidad de atraer inversiones, generar empleo o hacer crecer la economía. Todo eso importa.

Por eso los derechos de la niñez no deben verse como un tema más de la agenda pública. Debe convertirse en el punto donde convergen las decisiones sobre educación, seguridad, salud, infraestructura, cultura, presupuesto y desarrollo económico.

Cuando una escuela suspende clases por violencia hablamos de seguridad. Cuando carece de agua potable hablamos de infraestructura. Cuando disminuyen recursos para educación especial o formación docente hablamos de prioridades presupuestales. Cuando desconocemos los resultados de aprendizaje hablamos de un sistema que no cuenta con evidencia suficiente para saber qué están aprendiendo sus estudiantes, dónde están los rezagos y qué apoyos necesitan. En todos los casos estamos hablando, en realidad, de las oportunidades y condiciones que se ofrecen o no a las nuevas generaciones.

Esa garantía corresponde, en primer lugar, al Estado. Ésa es su responsabilidad constitucional y legal. Pero también corresponde a la sociedad exigir que esos derechos se hagan efectivos y no resignarse a que las carencias se vuelvan normales. Colocar a la infancia en el centro no significa sustituir las responsabilidades del gobierno; significa recordarle cuál es su obligación más importante y asumir, como ciudadanía, la responsabilidad de exigir que se cumpla.

Quisiera que esa fuera la conversación de los próximos años.

Porque el futuro de Sinaloa no depende únicamente de cuánta inversión llegue, cuántos empleos se generen o cuántas obras se construyan. Depende también de si hoy somos capaces de garantizar condiciones adecuadas y pertinentes para que niñas, niños y adolescentes, estén, aprendan y participen en escuelas seguras, abiertas, dignas e incluyentes.

Ahí, en esas condiciones concretas, comienza buena parte del futuro de Sinaloa.