La tristeza del muchacho alegre
Ricardo “El Pity” Velarde, ex Secretario de Economía del Gobierno de Sinaloa durante 11 meses de la gestión de Rubén Rocha Moya, y también propietario de varias empresas en Mazatlán, entre ellas el restaurante “El Muchacho Alegre”, está siendo investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) “por presuntas operaciones irregulares en sus empresas”.
La noticia no hubiese trascendido las fronteras de Sinaloa si es que nuestro estado no fuera territorio donde acontece una sangrienta y prolongada guerra criminal, y también espacio donde ha explotado una de las crisis políticas, quizá la más importante, que hasta ahora haya sacudido al gobierno de la Presidenta Sheinbaum.
En realidad, Sinaloa es noticia nacional e incluso internacional debido a que es asiento de una de las dos organizaciones criminales más importantes no tan sólo de México sino del mundo. Pero, sobre todo desde el 25 de julio de 2024, el día del secuestro de “El Mayo” Zambada y el asesinato de Héctor Melesio Cuén, los ecos que se generan en el estado se extienden a coordenadas muy lejanas.
Es decir, el contexto crítico por el que transita México, donde Sinaloa es uno de sus principales resortes, nos ayuda a entender por qué todo lo que tiene que ver con el ahora Gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, es noticia nacional e, incluso, internacional. Desde hace meses, tanto el doctor Rocha como Sinaloa, son tendencia dominante en las redes y en los medios tradicionales del País.
Bueno, pues, Ricardo Velarde, quien en estos días no debe estar nada alegre, trascendió en las noticias nacionales por el hecho de haber sido alto funcionario en la administración de Rubén Rocha Moya en una situación de crisis. Antes, a pesar de haber cometido francos abusos a leyes federales, como extender su restaurante “El Muchacho Alegre” en una zona federal con claras restricciones, lo cual fue denunciado en su tiempo por el Diputado morenista Torres Navarro, sorteó con gran facilidad la acusación. Tanto el doctor Rocha, como Ricardo Velarde, siendo Subsecretario de Turismo, antes de julio de 2024 estaban en el auge de reconocimientos a la gestión del ex Mandatario. El cual, incluso, en diferentes encuestas, llegó a ser clasificado como uno de los mejores gobernadores del País.
Todo empezó a cambiar, y radicalmente, tanto para Rubén Rocha como para “El Pity”, a partir del año señalado. Para Ricardo Velarde la situación empeoró cuando fue sustraído, de uno de sus restaurantes “Terraza Valentino”, el joven turista duranguense Carlos Emilio Galván el 5 de octubre de 2025, en plena guerra narca. La noticia cobró tal relevancia por la crisis que ya experimentaba Sinaloa que el Secretario de Economía fue obligado a renunciar.
Pero el caso no pasó a mayores. Ni Carlos Emilio ha sido encontrado, ni “El Pity” había sido investigado, al menos aparentemente.
Ahora, la situación ha cambiado y el ex Secretario está bajo la lupa de la UIF, pero la presión política y las cámaras y luces se enfocan a Rubén Rocha. Para los medios y redes, sobre todo fuera de Sinaloa, el nombre que importa es el del ex Gobernador.
Si se llegasen a comprobar “operaciones irregulares” en los negocios del empresario mazatleco, el segundo perjudicado sería el ex inquilino del Tercer Piso, no en términos legales pero sí políticos porque no pocos se preguntarían: ¿Los gobernadores no investigan o al menos preguntan por los antecedentes de sus funcionarios?
El caso Velarde, de paso, golpea también a la Alcaldesa de Mazatlán, Estrella Palacios, porque han relacionado a su esposo con las empresas del investigado. Ella lo ha negado enfáticamente, pero el periodista chihuahuense Luis Chaparro, uno de los que ha hablado del caso, insiste en que sí hay pruebas documentales recientes de lo que sostiene. Estrella Palacios podría estar en la verdad, pero el golpe mediático la puso en una situación difícil en sus futuras aspiraciones políticas, si es que Chaparro y otros periodistas insisten en el tema.
Es decir, prácticamente nada de lo que se diga y suceda alrededor de políticos y funcionarios sinaloenses es ignorado por las redes y medios. Y eso, en un contexto de crisis y estigmatización, afecta con severidad.
Una pregunta que salta a la vista es que, si la información, que cada vez con mayor regularidad suelta Washington sobre visas canceladas o de acusaciones judiciales contra políticos y funcionarios mexicanos, la cual desbanca gobernadores, presidentes municipales y potenciales candidatos a puestos de elección popular, también es uno de los objetivos de las investigaciones de la UIF. Es indudable que la Casa Blanca también tiene objetivos políticos cuando anula o debilita la imagen y el estatus de personajes mexicanos, ¿esta también es la intención de la UIF? Es decir, ¿la UIF actúa por reglamento o también lo hace con criterios políticos?
Por lo pronto, es evidente que la información de la UIF golpea a quien señale, al margen del fin que tengan las investigaciones.
En fin, estos casos de los que hablamos confirman que mientras la guerra narca continúe, toda noticia relacionada con los políticos, funcionarios, empresarios o de cualquier persona con visibilidad pública en Sinaloa va a ser objeto de algún tipo de escrutinio o comentario en plataformas o medios nacionales.
