En lo que va de 2026 han sido explotados cinco coches bomba por el crimen organizado, tres de ellos en Zacatecas y el más reciente, en el municipio de Ojocaliente, el cual causó importantes destrozos e hirió a 11 personas. Se trata de un fenómeno en crecimiento, en donde los cárteles utilizan herramientas del terrorismo.
Si bien existen las explosiones en México de coches bomba a lo largo de la historia han sido limitadas, solo hay 28 registros confirmados de 1992 a la fecha. Lo cierto es que se trata de eventos impactantes y que generan miedo en la población, por lo que las autoridades deben atender el problema.
La explosión de estos coches bomba demuestra la capacidad de las organizaciones criminales para conseguir armamento sofisticado, como son los explosivos, y dejan en claro la impunidad reinante que hay en el país, ya que pueden realizar demostraciones públicas de violencia sin sufrir graves consecuencias por sus actos.
El uso de coches bomba a lo largo del tiempo no ha sido constante, sino que hay tres momentos claramente identificables a los que llamaremos oleadas. La primera abarcó de 1992 a 1994; la segunda, de 2010 a 2012, y la tercera comenzó en 2024 y continúa hasta la fecha.
La primera oleada, que comenzó en 1992, se enmarcó en la reconfiguración de las organizaciones que sucedieron al Cártel de Guadalajara, en concreto a la lucha entre los bandos de los Arellano Félix y los de Sinaloa, que representaban el Chapo Guzmán y el Mayo Zambada, siendo los Arellano los responsables de los primeros ataques.
La segunda oleada la inició la Línea ligada al Cártel de Juárez, que realizó dos ataques en 2010 en Ciudad Juárez en contra de la entonces Policía Federal; sin embargo, la práctica pronto fue copiada por los Zetas, que ha sido la organización que ha utilizado en mayor medida este esquema.
Los Zetas fueron responsables de 11 ataques entre 2010 y 2011, los cuales se concentraron en Ciudad Victoria y Nuevo Laredo, en Tamaulipas, y en tres municipios de Nuevo León: Linares, General Zuazua y Santa Catarina; así como Tula, Hidalgo, todos ellos enmarcados en la disputa que tenía contra el Cártel del Golfo.
La tercera oleada comenzó en 2024, aunque hay un caso en Tula en 2021, pero este no forma parte de la oleada porque fue un auto que se usó para facilitar una fuga de un criminal, líder de la organización Pueblos Unidos, de un centro penitenciario. Se puede afirmar que la tercera oleada se mantiene activa hasta el momento.
Esta tercera oleada consta de diez ataques, la mayoría de los cuales fueron perpetrados por el Cártel Jalisco Nueva Generación en territorios en disputa como Michoacán, Guanajuato y Zacatecas, a los cuales se suma una explosión en San Juan de los Lagos, que se dio en el marco de los eventos posteriores al abatimiento de Nemesio Oseguera y un atentado en Escuinapa que llevó a cabo el Cártel de Sinaloa.
Se puede observar que entre las oleadas existen importantes periodos sin ataques; el primero de 1995 a 2009, mientras que el segundo de 2013 a 2020, por lo que llama la atención que se haya reactivado un método de violencia que tenía ya años inactivo y el riesgo es que más organizaciones busquen utilizarlo en el futuro.
También, que en 20 de los 28 atentados no hubo víctimas mortales, aunque sí heridos y daños materiales, lo cual nos indica que estos actos son más simbólicos que enfocados en causar bajas, ya que lo que se busca es sembrar miedo entre la población, las autoridades y las organizaciones rivales.
son actos terroristas
Se ha discutido mucho si la explosión de estos coches bomba se trata de actos terroristas. Juristas de la talla de José Ramón Cossío consideran que existen todos los elementos para definir estos actos como terroristas, pero en el ámbito de la política, en especial entre quienes militan en Morena, hay reticencia a aceptar como terroristas estos ataques.
Cuando se registraron las primeras explosiones de coches bomba en este sexenio, en Guanajuato, en 2024, tanto la presidenta, Claudia Sheinbaum, como el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, negaron que se tratara de actos terroristas, argumentando que se realizaban en el marco de la disputa entre cárteles.
Sin embargo, el Código Penal Federal en su artículo 139, fracción I, señala con claridad el tipo penal, estableciendo que cuando se realicen ataques contra bienes y servicios públicos o privados con el objetivo de producir alarma, temor o terror entre la población, utilizando entre otras cosas explosivos, estamos frente a actos de terrorismo.
Se entiende la reticencia de aceptar lo obvio por parte de Sheinbaum y García Harfuch, porque implica aceptar que en México hay terrorismo sin castigo y le da la razón a Estados Unidos, que calificó a ocho cárteles mexicanos como terroristas, pero negar la situación no resuelve el problema, lo agrava.
Pero dado que el Código Penal Federal es claro y las explosiones encuadran a la perfección en el tipo penal, no existe forma de negar que se trata de terrorismo. Y la mejor forma de evitar que estas prácticas sigan creciendo es asumirlas como terroristas y enfocarse en perseguir a las organizaciones que las llevan a cabo.♦