¿Mejoró la seguridad? Lo que dicen, y no, las cifras de incidencia delictiva

Durante el primer semestre de 2026, los homicidios dolosos registrados en el País disminuyeron alrededor de 30 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. A ello se suma que la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) reportó una reducción en la percepción de inseguridad, al pasar de 63.2 por ciento en junio de 2025 a 59.8 por ciento en junio de 2026.

Son datos relevantes y difíciles de desestimar. Si efectivamente reflejan una reducción sostenida de la violencia letal y una mejora en la percepción ciudadana, representan una noticia positiva para millones de personas. Sin embargo, sería igualmente equivocado convertirlos, por sí solos, en prueba concluyente de que la crisis de seguridad ha sido superada o de que las instituciones encargadas de enfrentarla funcionan hoy de manera satisfactoria.

La seguridad pública es un fenómeno demasiado complejo para resumirse en uno o dos indicadores.

Las variaciones en los homicidios responden a múltiples factores que no dependen directamente de las capacidades institucionales. La evolución reciente ocurre en un contexto internacional marcado por una mayor presión del gobierno de Estados Unidos sobre las organizaciones criminales, tras su decisión de catalogar a diversos grupos del narcotráfico como organizaciones terroristas.

Paralelamente, varias organizaciones delictivas atraviesan procesos de reacomodo derivados del debilitamiento de algunos de sus liderazgos nacionales, lo que modifica sus dinámicas de operación, competencia y control territorial.

Estos procesos pueden producir disminuciones temporales de ciertos delitos sin que ello implique necesariamente un fortalecimiento del Estado mexicano. En distintos momentos de las últimas dos décadas hemos observado reducciones locales de violencia que posteriormente fueron seguidas por nuevos ciclos de confrontación criminal.

A ello debe sumarse otro elemento que exige prudencia: toda estadística administrativa está sujeta a limitaciones metodológicas y operativas.

Los registros oficiales constituyen la principal herramienta para conocer la incidencia delictiva y deben seguir siendo la referencia para el diseño de políticas públicas. Pero, precisamente por su importancia, requieren procesos permanentes de revisión, verificación y vigilancia que permitan identificar posibles problemas de clasificación, subregistro o inconsistencias entre distintas fuentes de información.

Reconocer esta posibilidad no equivale a desacreditar las cifras al primer vistazo; significa asumir que toda estadística pública debe estar abierta al escrutinio técnico.

La realidad cotidiana también invita a mantener esa cautela. Mientras algunos estados reportan reducciones muy importantes en homicidios, continúan ocurriendo episodios de violencia extrema que ponen en evidencia problemas estructurales.

Zacatecas, por ejemplo, registró una disminución de 62 % en homicidios dolosos durante el primer semestre del año. Sin embargo, hace apenas unos días la entidad fue escenario del asesinato de diez personas, cinco de cuyos cuerpos fueron colgados de un puente junto con un mensaje atribuido a la delincuencia organizada. De manera similar, San Luis Potosí reportó una reducción aproximada del 82 % en homicidios dolosos durante el mismo periodo, pero recientemente tres policías fueron asesinados mediante un ataque armado.

Naturalmente, estos hechos no invalidan las estadísticas ni son metodológicamente comparables con ellas. Un evento de alto impacto no modifica por sí mismo una tendencia anual. Pero sí recuerdan algo fundamental: existen dimensiones de la seguridad que no pueden capturarse únicamente mediante el conteo de homicidios.

La capacidad de las organizaciones criminales para desafiar al Estado, la agresión directa contra autoridades, las masacres, la violencia dirigida contra policías, las desapariciones, el control territorial de grupos delictivos o la infiltración de intereses criminales en espacios políticos son fenómenos que también hablan del estado que guarda la seguridad pública y del funcionamiento de nuestras instituciones.

Por ello resulta preocupante que, conforme mejoran algunos indicadores, empiece a consolidarse un discurso triunfalista que presenta la disminución de los homicidios como prueba suficiente del éxito institucional. La experiencia internacional muestra que las mejoras sostenibles en seguridad no dependen únicamente de que bajen ciertos delitos, sino del fortalecimiento de las instituciones encargadas de prevenirlos, investigarlos y sancionarlos.

La verdadera pregunta no es solamente si hoy hay menos homicidios que hace un año. La pregunta es si contamos con policías más profesionales, ministerios públicos más eficaces, fiscalías más autónomas, mejores capacidades de inteligencia, sistemas de información más confiables y mecanismos efectivos para impedir que intereses criminales capturen espacios de poder político.

Porque una disminución coyuntural puede obedecer a circunstancias externas o transitorias; una mejora institucional, en cambio, tiene la capacidad de sostener resultados en el largo plazo.

Esta mirada crítica tampoco pretende minimizar el esfuerzo cotidiano de miles de servidores públicos que enfrentan condiciones extraordinariamente difíciles. Policías, peritos, ministerios públicos, personal penitenciario y muchas otras personas sostienen con frecuencia, y con recursos insuficientes, buena parte de la operación del sistema de seguridad y justicia. Precisamente por respeto a ese trabajo resulta indispensable evaluar las políticas públicas con rigor y no conformarse con narrativas simplificadas.

México atraviesa un momento que podría convertirse en un punto de inflexión. Si las reducciones observadas reflejan una tendencia genuina, este es el momento de consolidarlas mediante el fortalecimiento de las instituciones locales, la mejora de los sistemas de información, el combate a la impunidad y la construcción de capacidades permanentes de prevención e investigación. También es el momento de reforzar los mecanismos que garanticen procesos electorales libres de la influencia de organizaciones criminales, no como instrumentos de confrontación política, sino como una condición indispensable para preservar el Estado de derecho.

Pero si las cifras favorables se convierten en un argumento para relajar la vigilancia institucional, disminuir el escrutinio público o ignorar problemas tan graves como la violencia atroz, el asesinato de policías, la crisis de desapariciones o las debilidades persistentes del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el país corre el riesgo de repetir un ciclo ya conocido: celebrar demasiado pronto para descubrir, años después, que las condiciones que hicieron posible la violencia nunca fueron realmente transformadas.

Las estadísticas no solo deben producirse, sino también poder verificarse. Aunado a ello, ningún indicador, por alentador que parezca, debería sustituir una comprensión integral de la seguridad. Porque el éxito de una estrategia no se mide únicamente por la disminución de un delito, sino por la capacidad del Estado para garantizar, de manera sostenida, la vida, la libertad y los derechos de las personas.

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La autora es Nancy Canjura, maestra en Gobierno y Asuntos Públicos y politóloga por la UNAM y especialista con más de 10 años de experiencia en seguridad, violencia y políticas públicas. Miembro de la red AMASSURU de mujeres en seguridad, de la NET4U contra el crimen organizado trasnacional e investigadora en la organización Causa en Común. Redes: @canjural