México vs. Estados Unidos: qué se disputa

03/06/2026 04:02
    La cooperación internacional en seguridad y justicia opera simultáneamente sobre planos de confianza y desconfianza, articulados mediante sofisticadas redes de relaciones que dependen más de vínculos personales que institucionales.

    El desencuentro entre México y Estados Unidos parece estar a punto de reventar. Y frente a ello surgen dos preguntas fundamentales: ¿qué está realmente en disputa y a quién beneficia el conflicto, si hablamos de políticas públicas y de su impacto sobre la población? En términos más simples: ¿qué pelean y en beneficio de quién?

    Conviene tomar distancia frente a la radicalización en curso, especialmente cuando la fortaleza de cada postura depende, en buena medida, de la capacidad para movilizar el respaldo de sus respectivas audiencias.

    Desde que Trump afirmó que México está gobernado por el crimen organizado, he sostenido -entrevista tras entrevista- que esa declaración parecía desnudar el desalineamiento en el diagnóstico bilateral sobre seguridad. Y no se trata de un asunto menor: durante décadas ambos países han procurado, al menos en apariencia, sostener la idea de que entienden el problema de manera similar y trabajan del mismo lado de la mesa. También insistí en prestar atención al perfil del Embajador de Trump en México, algo que muy pocas personas hicieron.

    Gracias a mi acceso a fuentes bien informadas sobre los cambios estratégicos y operativos en Estados Unidos, antes incluso de la publicación de las políticas de Trump en materia de seguridad nacional, drogas y terrorismo, mis dudas sobre el escenario más probable comenzaron a disiparse: conflicto y fractura. Sólo quedaba observar hacia dónde se movería la Presidenta Sheinbaum para confirmar lo que terminó expresándose en su discurso del domingo pasado.

    En mi experiencia, la cooperación internacional en seguridad y justicia opera simultáneamente sobre planos de confianza y desconfianza, articulados mediante sofisticadas redes de relaciones que dependen más de vínculos personales que institucionales. Cuando López Obrador impuso controles legales inéditos sobre la operación de funcionarios estadounidenses acreditados en México -según me relataron personas directamente afectadas por esas medidas- comenzaron a colapsar las condiciones que permitían administrar esos delicados equilibrios.

    La colaboración implica respetar ciertas formas

    La pregunta honesta nunca ha sido si la cooperación entre México y Estados Unidos puede ser simétrica. No lo ha sido, no lo es y probablemente nunca lo será. La clave histórica ha radicado en que ambos países, pese a sus diferencias e incluso en momentos de profunda desconfianza, han terminado por transigir, conscientes de que no tienen alternativa distinta a la colaboración, más allá de filias y fobias.

    Lo vi en la entonces Procuraduría General de la República, en la Secretaría de Relaciones Exteriores y en el Senado. La colaboración implicaba respetar ciertas formas, incluso cuando ambas partes sabían que la otra solo jugaba parcialmente con cartas abiertas. Todos en la mesa entendían ese código. Predominaba un sentido pragmático que aceitaba la relación y permitía obtener resultados, aun cuando estos quedaran por debajo de las expectativas de cada parte. La cuerda se tensaba una y mil veces, pero no se rompía. O no se rompía hasta ahora.

    En un seminario interno de análisis de coyuntura, convocado por el Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, se explicó a profundidad el colapso del arreglo constitucional que históricamente había contenido el poder presidencial en Estados Unidos. Los contrapesos han ido cayendo uno tras otro, dando paso a una presidencia imperial identificada con sectores de extrema derecha, dispuesta a imponer su dominio dentro y fuera de sus fronteras, a cualquier costo. En esa lógica, la hegemonía extraterritorial sobre América Latina y el Caribe resulta un componente esencial.

    Por su parte, en México el poder político y económico se ha reconfigurado y distribuido crecientemente entre redes de macrocriminalidad. Todavía hay quienes creen que enfrentamos un problema de seguridad y justicia, cuando en realidad hemos entrado en una crisis del sentido mismo del Estado. En una proporción imposible de medir a lo largo del País, el espacio público está siendo disputado, sin consecuencias penales, por poderes que ejercen dominio mediante las violencias, la delincuencia y el miedo.

    El Estado se achica allá y acá, depredado por poderes públicos y privados, formales e informales, que representan agendas e ideologías declaradas y ocultas. Ni Estados Unidos resulta creíble en sus políticas de seguridad ni México enarbolando la soberanía como bandera absoluta. Ninguno es consistente. Esto supone que la disputa es incentivada por intereses hasta cierto punto inescrutables, de modo que las sociedades quedamos “entre dos fuegos” y sin control y justificación formales por parte de las presidencias, habiendo sido apagados los contrapesos constitucionales. Por lo demás, las arengas en plaza pública son cualquier cosa menos rendición de cuentas.

    Entonces, qué se disputa.