La mina de carbón El Pinabete, ubicada en Las Conchitas, ejido de Agujita, municipio de Sabinas, Coahuila, donde desde hace 22 días se encuentran atrapados 10 mineros, es proveedora directa de la Comisión Federal de Electricidad sin cumplir las medidas de seguridad obligadas por Ley. Por ello, López Obrador, la CFE y la Secretaría del Trabajo pretenden enterrar esta tragedia: para ocultar los tratos comerciales ilegales del Gobierno con esta mina.
Aún más: Los dueños de la mina “El Pinabete” son una influyente familia de apellido Zapata, protegida actualmente por la 4T para evitar que se hagan públicos los negocios de la mina y su cliente: la CFE, que le compra carbón desde el inicio del actual régimen.
Actualmente, la Compañía Minera El Pinabete S. A. de C. V., legalmente responsable de la mina, le vende carbón a la Comisión Federal de Electricidad, según el padrón de proveedores de la paraestatal en 2021 y 2022. Este año recibió un contrato por 55 millones de pesos para abastecer de mineral a la carboeléctrica “Carbón II”, localizada en el municipio de Nava, Coahuila. Y en tan sólo dos años, obtuvo de la CFE casi 358 millones de pesos en contratos. Es decir: la CFE es cliente de la mina siniestrada.
La información obtenida por esta columna revela también que la mina El Pinabete,no es propiamente una mina. Es, en realidad, un “pocito” de carbón que carece de las medidas de seguridad adecuadas y del uso de tecnología para su operación, a diferencia de las verdaderas minas que cuentan con un desempeño profesional. Ese es otro motivo poderoso por el cual en Palacio Nacional han evitado referirse a la tragedia durante los últimos días y minimizan, de hecho, sus repercusiones.
(Los “pocitos” compran, inclusive, residuos de empresas grandes para mezclarlos con carbón metalúrgico y venderlo sin control alguno a la CFE, ya que el carbón requerido por la Comisión es el térmico).
Además -de acuerdo con especialistas consultados-, a estas alturas, hay una realidad tan dolorosa como irrebatible: los 10 mineros de El Pinabete ya habrían fallecido, y eso no lo quieren reconocer públicamente ni AMLO ni la CFE ni la Secretaría del Trabajo federal.
Y a detalle, ¿qué fue lo que ocurrió realmente en la mina o el “pocito” denominado El Pinabete en Sabinas?
La tragedia se registró cuando trabajadores de excavación se toparon, sin saberlo, con un área contigua que se encontraba al tope de agua. Al carecer de la tecnología para detectar al líquido, los mineros provocaron un derrumbe, el agua se desbordó e inundó la zona donde laboraban, con corrientes de hasta 65 metros de profundidad. Algunos lograron correr y escapar.
La mina tampoco cuenta con planos propios que pudieron hacer más eficaz la ubicación de los mineros atrapados, ni registra estudios actualizados sobre la localización de mantos freáticos, lo que impidió conocer la existencia de afluentes de agua subterránea.
Según la STyPS, “la mina inició operaciones en enero de este año y a la fecha no se tiene antecedente de denuncias por algún tipo de anomalía”. Pero esto es mentira. ¿Por qué?
Porque trabajadores sobrevivientes del accidente denunciaron que la mina no cuenta con suficientes medidas de seguridad ni rutas de evacuación. Los mineros carecían también de equipo adecuado. Sólo contaban con cascos y lámparas, pero no con uniformes especiales o impermeables a prueba de flamas, botas, guantes y respirador artificial para recibir oxígeno en caso de ser necesario.
¿Y dónde está la negligencia del Gobierno, a través de la CFE de Manuel Bartlett, con estos “pocitos” que, como el caso de El Pinabete, son trampas de muerte para los mineros?
Pues en casi nada: la CFE compra carbón de manera ilegal a estos “pocitos”, a pesar de violar las disposiciones de seguridad, bajo una política irresponsable e ilegal que ya está provocando tragedias humanas.
Sí, tragedias como la mina o el “pocito” de El Pinabete.
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¿Quién es realmente el dueño de El Pinabete y por qué no se ha dado a conocer su identidad por parte de AMLO, proclive siempre a inmiscuirse en todos los asuntos de su Gobierno?
La información con la que cuenta esta columna, indica que Cristian Solís Arriaga se ostenta como propietario de la mina “El Pinabete”, según el Fiscal General de Coahuila, Gerardo Márquez, ante quien Solís se presentó a declarar en relación al accidente.
Sin embargo, Solís Arriaga no pudo acreditar debidamente su personalidad jurídica. En el medio minero coahuilense consideran que Solís es empleado de la familia Zapata, verdadera dueña de la mina. Inclusive, la organización “Familia Pasta de Conchos” acusa que Solís es, en realidad, prestanombres de los Zapata.
De acuerdo con el Registro de la Propiedad y Comercio de Coahuila, el lote de 25.9 hectáreas denominado Las Conchitas Fraccionamiento Norte, dentro del ejido Agujita, del municipio de Sabinas, Coahuila, ha tenido tres propietarios en 19 años de operación.
Las operaciones en la mina empezaron en 2003. El título original de la concesión -número 221087-, perteneció a la empresa Minera Río Sabinas S. A. de C. V. Nueve años después, se vendió y en 2012 se constituyó la Compañía Minera El Pinabete, S. A. de C. V., al frente de la cual quedaron Héctor Omar Villarreal González, como apoderado legal y su hijo, Héctor Omar Villarreal Beltrán, como su socio, ambos empresarios mineros de Coahuila.
En 2019 traspasaron la concesión. Los compradores fueron los empresarios Luis Rafael García-Luna Acuña (como apoderado legal y sin parentesco con Genaro García-Luna), y Arnulfo Garza Cárdenas.
Sin embargo, en el Registro Público de la Propiedad y Comercio de Coahuila, Régulo Zapata Jaime aparece como propietario de la Compañía Minera El Pinabete, S. A. de C. V. También es propietario de la empresa Infraestructura Minera Catamaco, así como de Minera Magenta.
Zapata Jaime fue Diputado federal suplente del PRI por el Distrito 3 de Coahuila. De 1999 a 2002 fue Presidente Municipal de Sabinas.
En Sabinas, la influencia de los Zapata es evidente. Su padre, Régulo Zapata Múzquiz, también fue Alcalde entre 1981 y 1984. Y de 2006 a 2009, el mismo cargo fue ocupado por Carolina Morales Iribarren, esposa de Zapata Jaime.
Régulo Zapata Morales, hijo de Zapata Jaime y Morales Iribarren, aparece en el Registro Público de la Propiedad y Comercio de Coahuila como propietario de la empresa Beneficios Carboneros AJ, S.A. de C.V.
La organización “Familia Pasta de Conchos”, orientada a denunciar los abusos de empresarios contra trabajadores en la extracción de las minas de carbón, señala que los Zapata padre e hijo, así como García-Luna Acuña, en tan sólo dos años, obtuvieron de la CFE casi 358 millones de pesos en contratos, y pidió que se finquen responsabilidades sobre ellos, además de que deberán pagar los costos del rescate en El Pinabete. Exigen que se cancelen todos los títulos mineros en “pocitos” de carbón inseguros.
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El papel de AMLO y la 4T en la minería no ha estado a salvo de escándalos y de presuntas extorsiones financieras. Basta recordar el caso del ex presidente del Consejo de Administración de AHMSA, Alonso Ancira, a quien el Gobierno persiguió, encarceló y exigió el pago de 216 millones de dólares “en abonos”, bajo una acusación no probada proveniente del testigo a modo del Gobierno: Emilio Lozoya Austin, a quien, supuestamente, Ancira habría sobornado durante el sexenio peñista a cambio de que el Gobierno comprara a sobreprecio la planta Agro Nitrogenados. Hoy por hoy, Lozoya no ha podido comprobar, prácticamente, ninguna de sus acusaciones.
El Pinabete y la CFE, responsables directos de la tragedia.
Mineros atrapados. O muertos.
Esa es la 4T.
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