Narcoterrorismo

El coche bomba y los explosivos ocultos, han sido utilizados lamentable y sistemáticamente por el terrorismo internacional, la guerrilla y el narcotráfico para atacar zonas populares, ciudadanos inocentes, regiones adversas a su ideología y acabar con quienes consideran adversarios.

Notorio es el caso de Italia, cuando a inicios de los noventa, la mafia Cosa Nostra asesinó a jueces que investigaban sus casos, con el uso de explosivos en automóviles. El más llamativo de todos fue el de Giovanni Falcone, asesinado en mayo de 1992, en un hecho que, por la cantidad de explosivos utilizados y el estruendo de los mismos, fue captado por el Instituto Nacional de Geofísica.

En el terrible atentado murieron el juez Falcone, su esposa y tres miembros de su escolta, quienes sucumbieron ante la explosión de 500 kilos de trinitrotolueno (identificado por las siglas TNT) que los mafiosos habían ocultado en una tubería en el trayecto por el cual transitaría el colegiado.

Dos meses después, en julio de ese 1992, un coche bomba estacionado a las afueras de la casa de su madre, a quien visitaría, acabó con la vida del juzgador Paolo Borsellino, quien junto a Falcone, había iniciado los procesos judiciales que llevarían a la cárcel a cientos de miembros de la mafia italiana. En el terrible atentado, acabaron con la vida de cinco escoltas del letrado.

México no ha sido ajeno al terrorismo por parte de las mafias nacionales que integran los cárteles de la droga. En junio de 1994, miembros del Cártel Arellano Félix que adentrados en una guerra de cárteles tenían la orden de asesinar a Ismael Zambada García, El Mayo, trasladaron un coche bomba hasta las inmediaciones del Hotel Camino Real en Guadalajara, Jalisco, donde en uno de sus salones se celebraba una fiesta de quince años -de la hija de un narcotraficante- a la que aparentemente acudiría el líder de la organización criminal Cártel de Sinaloa.

El coche explotó dejando muchos daños y sólo dos muertos, precisamente los sicarios orquestados por Humberto Rodríguez Bañuelos, La Rana, para trasladar el coche bomba.

Ni la entonces Procuraduría General de la República, mucho menos las autoridades locales de Jalisco en el momento o hasta la fecha, lograron develar, procesar y sancionar por la exposición de aquel junio de 1994; el caso continúa en la impunidad.

En años recientes se supo que líderes del Cártel de Santa Rosa de Lima, organización criminal que ha crecido en los últimos años a partir de una dominancia sangrienta y violenta en Guanajuato, ordenaron la utilización de coches bomba para acabar con sus rivales delincuenciales, particularmente el Cártel Jalisco Nueva Generación.

En las tinieblas de la noche del 28 de junio, un coche bomba explotó en la comunidad El Sauz de Villaseñor en Celaya, Guanajuato. Minutos antes, un anónimo reportó al número de Emergencia 911 la ubicación de un “auto sospechoso” sobre la calle Río Lerma de aquella comunidad.

Una unidad de la Guardia Nacional acudió a revisar el vehículo, y cuando estaban en esa tarea, el auto, que contenía una cantidad aún no determina de explosivos, estalló.

Para el jueves 29 se informó que al menos diez elementos de la Guardia Nacional estaban en calidad de heridos debido a la explosión. Cinco de ellos permanecen en estado crítico y otros cinco son atendidos por heridas que, se supone, no ponen en riesgo su vida.

Las imágenes de la escena causan terror. En medio de fuego, destrozos, sangre y humo, elementos de la Guardia Nacional con algunas de sus extremidades mutiladas por la explosión.

Trasladados los gendarmes a hospitales locales, autoridades de la Fiscalía de Guanajuato llegaron al lugar para iniciar la investigación. Poco se sabe de la Fiscalía General de la República, institución que desde que la hicieron autónoma y la encabeza Alejandro Gertz Manero, poco se sabe si cuenta con una estrategia para combatir a los cárteles y procurar justicia.

El coche bomba de Guanajuato podría tener el mismo destino que aquel de Guadalajara en 1996: la impunidad para sus autores, la injusticia para las víctimas, en este caso, la sociedad guanajuatense y los diez elementos de la Guardia Nacional.

Un caso de violencia terrorista va opacando al anterior. Del impune secuestro de funcionarios de seguridad de Chiapas al bombazo de Celaya, se transitó a la ejecución del autodefensa Hipólito Mora Chávez en Michoacán.

Mora Chávez había saltado a la luz pública cuando en 2013, junto con otros ciudadanos, decidieron tomar las armas para defenderse de los embates, ataques, asesinatos, extorsiones, de los cárteles de la droga contra productores michoacanos, quienes no sólo pretendían despojarlos de tierras para hacerlas plazas criminales, sino quedarse con propiedades y dinero. Abandonados por los gobiernos local y nacional, decidieron defenderse por su cuenta, creando las autodefensas.

Mora había visto pasar tres gobiernos de tres diferentes partidos: el de Felipe Calderón, del PAN: el de Enrique Peña, del PRI; y el actual de Andrés Manuel López Obrador, de Morena.

Durante ese tiempo vivió la inseguridad, la violencia, la impunidad. Ninguna de las tres administraciones federales, de tres partidos distintos, los escuchó, los apoyó ni los mantuvo a salvo.

Después de diez años de lucha contra la criminalidad, la corrupción, la impunidad y el narcotráfico, el 29 de junio de 2023, Hipólito Mora Chávez fue asesinado. Ya había sobrevivido a amenazas y atentados, pero el jueves, después de balear su casa y su camioneta blindada, para acabar con él, los asesinos le prendieron fuego. En el atentado también acabaron con la vida de los escoltas que le protegían, aunque aún no se provee información de la totalidad de las pérdidas.

México está en llamas, más de 150 mil ejecutados durante la administración de AMLO son prueba de ello, pero estas 24 horas, en las que funcionarios son secuestrados, un coche bomba explota y el autodefensa muere en un atentado, reflejan el nivel de terror que los cárteles están sembrando en el país.

¿Quién querrá ser funcionario de seguridad, cuando después de ser secuestrado, la autoridad en lugar de establecer operativos para su rescate, se limita a la petición presidencial a los plagiarios para que liberen a los funcionarios, so pena de ser acusados con sus padres y sus abuelos, como lo planteó López Obrador?

¿Cuál unidad de la Guardia Nacional o de cualquier otra corporación, acudirá con seguridad a revisar autos sospechosos, si en una llamada anónima se alertó de uno y resultó un coche bomba?

¿Quién será el ciudadano valiente que, harto de la corrupción en gobierno y corporaciones, de la impunidad y el acoso de los cárteles, hará activismo social para protegerse y proteger a su comunidad de la inseguridad y la violencia, si uno de los más notorios autodefensas fue asesinado cruel e impunemente?

Esa es la intención del terrorismo: causar terror en la sociedad para inhibir acciones individuales, colectivas, con un objetivo claro. Y eso está sucediendo en México, donde el narcoterrorismo ya es una impune e injusta realidad, aunque el Presidente López Obrador aún lo minimice.