Nuevas reformas constitucionales: hacia el retroceso democrático

El 5 de febrero pasado, con motivo del aniversario de la Constitución, el Presidente López Obrador anunció la presentación de un paquete de 20 iniciativas de reformas constitucionales ante el Congreso de la Unión. El objetivo es revertir cambios realizados por gobiernos “neoliberales” y consolidar su visión de gobierno. Sin embargo, algunas de estas propuestas, lejos de contribuir a fortalecer nuestra democracia, parecen orientadas a debilitar las estructuras institucionales fundamentales para el sistema democrático en México.

En primer lugar, persiste la insistencia del Gobierno federal en la desaparición de órganos constitucionales autónomos. La reforma propuesta busca redistribuir las responsabilidades de instituciones como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; la Comisión Federal de Competencia Económica; el Instituto Federal de Telecomunicaciones, y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social entre varias secretarías de Estado. La extinción de estos órganos y la transferencia de sus funciones a entidades gubernamentales comprometerá la independencia y la imparcialidad en la toma de decisiones en dichos ámbitos, sometiéndolas a una imposición ideológica.

Por otro lado, el nuevo intento por limitar las facultades del Instituto Nacional Electoral en las leyes electorales también implica una violación de derechos y libertades. La insistencia por limitar a la autoridad electoral evidencia una clara intención de normalizar abusos e ilegalidades cometidas por el Gobierno federal y sus aliados locales en materia electoral.

Pareciera que la finalidad de restringir las facultades de fiscalización del Instituto es mantener sin obstáculos el derroche ilegal de recursos públicos, la opacidad en los procesos internos del partido y la libertad para violar las reglas electorales sin consecuencias.

En el ámbito de la seguridad, la entrega formal de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional refleja una continuación de la práctica de asignar tareas civiles a las Fuerzas Armadas, una característica distintiva de este gobierno. Sin embargo, sobrecargarlas con nuevas funciones y atribuciones, insistiendo en una Guardia Nacional de naturaleza militar, ha demostrado ser una decisión tanto inútil como ilegal a lo largo de este periodo. Finalmente, la intención de politizar y democratizar el Poder Judicial representa un riesgo inminente para el sistema de pesos y contrapesos y, por ende, para la democracia mexicana. A diferencia de los poderes Ejecutivo y Legislativo, la legitimidad del Poder Judicial radica en la eficacia y eficiencia de sus sentencias, no en la popularidad obtenida a través del sufragio.

Estas reformas no sólo menoscaban la independencia y la imparcialidad de las instituciones, sino que también representan un retroceso significativo en la salvaguarda de derechos y libertades fundamentales. La eliminación de órganos autónomos, la restricción de la autoridad electoral, la subordinación del Poder Judicial y la transferencia de diversas funciones a las Fuerzas Armadas evidencian una única intención: la concentración de poder y la eliminación de barreras que limitan la acción sin restricciones del Ejecutivo federal. Esta serie de iniciativas sólo revelan un gobierno que pretende volver compatible y constitucional un proyecto de gobierno que ha violado sistemáticamente los derechos y libertades de los mexicanos y que concluirá dejando importantes estragos económicos, políticos y sociales.

Es profundamente inquietante que, al inicio de los procesos electorales más trascendentales en la historia del País, un momento en el que debería prevalecer la consolidación de la democracia, se intente modificar los principios constitucionales que han sido fundamentales para el desarrollo de nuestra sociedad democrática.

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El autor es René Gerez López, investigador de Causa en Común

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