Paquete económico 2027: tres preguntas incómodas antes de septiembre

En septiembre, el Gobierno entregará al Congreso el paquete económico 2027: cuánto espera ingresar, cuánto pretende gastar y cuánto va a endeudarse. En el papel es un trámite anual; en los hechos es la prueba de qué tan en serio se toma su promesa de ordenar las finanzas públicas. Llegará, además, en un momento complejo: las metas se han incumplido, el recorte al gasto ya se come la inversión y la recaudación por fiscalización dejó de crecer. Estas tres preguntas marcarán la discusión.

Probablemente sí. El problema de fondo es el daño a la credibilidad por incumplir las metas fiscales.

Tras registrar en 2024 el déficit más alto en dos décadas, el Gobierno anunció una consolidación fiscal para regresar a niveles sostenibles de endeudamiento. El proceso ha sido gradual e incompleto: en 2025 se logró apenas la mitad de la reducción prometida. Ya van seis años consecutivos en que el déficit reportado supera la meta del paquete económico.

A eso se suman los ajustes técnicos que restan credibilidad. En septiembre pasado, el Congreso discutió y acordó una meta de déficit de 4.1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). Pasado el primer trimestre de 2026, en abril Hacienda presentó un “ligero” ajuste por razones técnicas y la meta pasó a 4.3 por ciento del PIB, con un cierre esperado de 4.1 por ciento. Con dos varas vigentes, el mismo dato admite dos lecturas: un déficit de 4.2 por ciento cumpliría con la meta ajustada y, al mismo tiempo, sería el séptimo año consecutivo de incumplir la meta original. Cuando la referencia se mueve, lo que se pierde no es el número: es la credibilidad. ¿Se puede confiar en una cifra que se ajustará por temas “técnicos” iniciado el año?

Por la vía de siempre: la inversión. Justo el gasto que el país no puede permitirse recortar.

Hacienda anticipa según los Pre-Criterios 2027 un déficit de 3.5 por ciento del PIB para el siguiente año, seis décimas por debajo del cierre esperado de 4.1 por ciento. El grueso del ajuste recaería sobre el gasto programable —inversión, programas sociales y transferencias a los estados—, con un recorte proyectado superior a 1.6 por ciento.

El problema es que buena parte de ese gasto está comprometida en obligaciones financieras y sociales. Por eliminación, la tijera cae sobre la inversión física y el capital humano. Este año se destinarán más de 10 puntos del PIB a intereses de la deuda y pensiones, frente a 6.3 puntos en capital humano y apenas 2.5 en inversión física: aun sumando ambos rubros (8.8 por ciento del PIB), se gasta más en financiar el pasado que en financiar el futuro.

El candidato más probable a absorber el recorte es Petróleos Mexicanos (Pemex) y el sector energético. Al primer semestre se acumuló un subejercicio de 360 mil millones de pesos en el gasto programable. Según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la causa principal fueron 164 mil millones de pesos no ejercidos por la Secretaría de Energía (Sener), por menores recursos para apoyar a la petrolera y para investigación eléctrica y nuclear. Es un arma de doble filo: si Pemex no alcanza la autosuficiencia financiera en 2027, presupuestar menores apoyos sería técnicamente inviable para sostener las finanzas públicas.

Porque hacerlo representa un costo político que nadie quiere asumir. Entre los analistas hay consenso en que sin más ingresos no hay consolidación real, sino ajustes de medio tiempo. Hay tres caminos en la discusión y sólo uno es viable.

El camino oficial ya tocó su techo. La administración ha insistido en que no subirá impuestos y que primero agotará los espacios de la estructura tributaria actual: mayor contribución efectiva de quienes ya pagan, vía fiscalización. Pero al segundo trimestre del año los ingresos por ese concepto cayeron 4.9 por ciento: dos años consecutivos a la baja. Se puede seguir apretando, pero cada vez rinde menos.

La propuesta de un nuevo impuesto a los “ultra ricos” —vía las herencias— tropieza con algo más difícil de cambiar que una tasa: la capacidad del Estado. Un gravamen a herencias no depende únicamente del Servicio de Administración Tributaria (SAT); exige patrimonios actualizados, registros públicos confiables, notarías eficientes y tribunales capaces de resolver sucesiones. México tiene esas capacidades incipientes o en retroceso. Además, la base gravable para ese impuesto es menor de lo que parece: las grandes fortunas rara vez esperan al fallecimiento para organizar su patrimonio —fideicomisos, sociedades familiares y donaciones en vida son práctica común—. Como hemos advertido desde México Evalúa, el impuesto más caro es el que no se puede cobrar.

Queda el tercer camino: una reforma tributaria integral. La alternativa es técnicamente viable, pero políticamente incómoda. La pregunta no es cuánto promete recaudar cada impuesto en el papel, sino cuánto rinde por cada unidad de capacidad institucional que el Estado debe invertir. Con ese criterio, tres frentes ofrecen un rendimiento muy superior: el impuesto sobre la renta (ISR) de personas físicas, donde caben una reconfiguración de la tabla y la incorporación de millones que hoy generan ingresos sin contribuir; el Impuesto al Valor Agregado (IVA), donde el uso de efectivo, la informalidad y los tratamientos especiales abren espacio; y el predial, dónde actualizar el catastro y establecer reglas nacionales de cobro es más que una promesa. Lo que falta no es diagnóstico ni técnica: es la voluntad de asumir el costo político.

El paquete económico no es sólo el cumplimiento de una obligación: es una señal. A un mes de su presentación hay más incertidumbre que confianza en las estimaciones, y ajustar metas a tres meses de iniciado el año erosiona la credibilidad. El mercado ya mandó su aviso: el grado de inversión depende de que en septiembre se presenten supuestos robustos en lugar de optimistas. Las tres preguntas incómodas ya están planteadas; si el Gobierno no las responde, las calificadoras las responderán por él.

¿Por qué debería importarte? Porque el paquete económico se traduce en tu vida diaria. Si México pierde el grado de inversión, sube el costo de la deuda —y como esa calificación es techo para bancos y empresas, también suben las tasas de créditos hipotecarios, automotrices y para los pequeños y medianos negocios. Además, como muchas inversiones internacionales no pueden mantener bonos por debajo de ese umbral, su salida presionará al peso y, con él, el precio de lo que importamos.

El otro costo es silencioso: cada peso en intereses es un peso menos para hospitales, escuelas y carreteras. Cada vez que la meta se ajusta a mitad de año se gasta menos en hospitales, escuelas y carreteras de lo que se aprobó. La incertidumbre fiscal no llega en un recibo, pero se paga.

Los autores: Jorge Cano es coordinador del programa de Finanzas públicas de México Evalúa, y Carlos Vázquez es investigador en dicho programa.