Para víctimas de delitos, empatía y justicia
Desaparecidos, desplazados y feminicidios

Los encuentros del Gobernador Rubén Rocha Moya con los colectivos de familiares de víctimas de desaparición forzada y desplazados por la violencia definen el giro radical en las políticas públicas de atención a estas dos expresiones del sufrimiento social que, igual que en feminicidios y otros delitos contra mujeres, hacen resaltar a Sinaloa con sus rasgos de barbarie y la impunidad como agravante y motor. En lo que haga o deje de hacer en estos tres temas sensibles será fincada la evaluación del Gobierno que inicia en lo correspondiente a seguridad pública.

Antes temas incómodos para los políticos en posiciones de función pública, ahora se abordan con el enfoque de la aceptación del problema y acompañamiento a las víctimas. Aparte de que el adecuado funcionamiento de los engranajes de la justicia da la tranquilidad de la ley aplicada, previo a eso el abrazo solidario del Mandatario en turno hace posible la serenidad que brinda la presencia de autoridad junto al que enfrenta pérdidas por delitos.

Por fortuna, todo indica que el modelo de Rocha de mayor empatía y eficacia hacia las personas o familias que son blanco de la actividad facinerosa será asumido también por el Gobierno federal. En la conferencia de prensa mañanera del Presidente Andrés Manuel López Obrador, la Secretaria de Seguridad Pública federal, Rosa Icela Rodríguez, abordó ayer el problema de la violencia contra las mujeres con la mala noticia de que Culiacán está entre los 10 municipios que mayor incidencia registran y dio a conocer que funcionan mesas de seguimiento en los 32 estados del País y se aplican protocolos de atención a las mujeres y niñas con la participación de un grupo interinstitucional de elementos femeninos de la Guardia Nacional.

Otro elemento a favor de la esperanza de que el Gobierno de Sinaloa deje de ver de reojo a los segmentos más heridos por la acción delictiva es la designación de Patricia Figueroa Sauceda a cargo de la Subsecretaría de Derechos Humanos. Es periodista, académica, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, autora de libros y artículos que analizan el fenómeno criminal y en su experiencia personal y social sabe la importancia de arropar jurídica y solidariamente a aquellos que están en la desventajosa condición de víctimas.

En desapariciones, desplazamientos y violencia de género está en vías de configuración la crisis humanitaria que ya aparece en los radares de organizaciones internacionales como el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos, Human Rights Watch y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sin estar en situación de guerra por conflictos sociopolíticos, a no ser por el belicismo entre las células escindidas o sincronizadas del narcotráfico, aquí asesinan, desaparecen, hieren o agravian de distintas maneras a sinaloenses de todas las edades.

Claro que podría interferir el juicio pesimista y fundado para anticipar que con Rocha Moya continuará la violencia infligida por la alta delincuencia que ha demostrado una y otra vez la intención de posicionarse encima del gobierno legítimo. Ojalá que tal vaticinio fatalista se incumpla, aunque lo que destacamos en este análisis es la transformación de la mentalidad y acción pública hacia mujeres y hombres, niñas, niños o de cualquier edad, que ya no pueden ir solos en su vulnerabilidad ante aquellos que se comportan y asumen como poder de facto.

Hemos dicho en varias ocasiones que la épica lucha de las madres con hijos desaparecidos, la circunstancia de familias que son parias en el suelo que les corresponde vivir, y la incidencia de ataques criminales contra las mujeres se convierten en asuntos todavía más difíciles cuando la sociedad las abandona y espera resignadamente a que este tipo de tragedias toque a las puertas de sus casas para proceder a movilizarse. Pero nada se compara con el sentimiento de desamparo que experimentan los agraviados al saberse lejos de la intención gubernamental para restablecer el principio de legalidad.

Ese gesto de Rocha Moya al tener como acción primaria del inicio de sexenio el acercamiento con los que sienten el impacto criminal en carne propia, aporta algo a la serenidad colectiva como efecto del acompañamiento a las víctimas, siendo éstas no sólo las que reciben la agresión directamente sino también las familias que pagan consecuencias de luto, dolor, impotencia y ausencia del Estado. El bálsamo de la autoridad cercana vuelve menos intenso el sufrimiento al caer una parte del abatimiento en los hombros del líder.

Por ello es de justos reconocer que en las horas recientes se han tomado decisiones acertadas que empujan la fe en que el gobierno de Rocha Moya salde la deuda que deriva de muchos años de indolencia con estos grupos afectados por la violencia. Pero en la desalmada ruta de olvidos y abandonos recorrida por las víctimas y sus familias no cabe, no vale, aventurar ahora desenlaces afortunados.

Mientras la justicia aparece,

Venga el abrazo fraterno,

Con ese brillo del gobierno,

Que la oscuridad agradece.

Ayer se le entregó a Gobernador Rocha Moya la lista de los cinco perfiles, tres mujeres y dos hombres, que mejor calificaron para el cargo de Fiscal General del Estado. La siguiente etapa del proceso queda en manos del Mandatario y finalmente la semana próxima decidirá el Congreso del Estado quién sustituirá a Juan José Ríos Estavillo que renunció al cargo para permitir el relevo. Por lo pronto el Consejo Estatal de Seguridad Pública, que preside Ricardo Jenny del Rincón, hizo bien su chamba al seleccionar en la primera criba a Nicanor Barajas Peregrina, Sara Bruna Quiñónez Estrada, Alma Luz Bernal, Dámaso Castro Saavedra y Claudia Zulema Sánchez Kondo. ¿Una mujer Fiscal? La ley de probabilidades dice que es muy posible que sí.