Las elecciones ya marcan la agenda pública y parece que lo único importante son los resultados. Desde luego lo son, pero en estos momentos hay temas tan o más relevantes.
En términos de resultados, es un asunto de suma relevancia si seguimos teniendo o no un gobierno de mayoría, el tamaño de esa mayoría y la composición de la Cámara de Diputados. También lo es la distribución del poder político a nivel local. El partido en el poder tiene hoy pocas gubernaturas (6 ó 7 si contamos Morelos) y solo en una de ellas hay elecciones de Gobernador (Baja California). Más importante, tiene bajo su control 21 congresos locales y en 20 de ellos se juegan retener la mayoría. Esto no es nada menor pues de estas instancias depende la suerte de las reformas constitucionales.
Por ahora los partidos y alianzas ya están concentrados en recabar votos. Los ciudadanos debemos pensar el voto de acuerdo con nuestras motivaciones y preferencias pero, independientemente de ellas, debemos salir a las urnas porque el ejercicio del voto es un derecho y una obligación y porque es ese derecho el que definirá el futuro del País.
Pero más allá de los resultados, hay seis grandes temas que constituyen un riesgo y sobre los cuales hay que ocuparse antes de que tengamos que lamentar no haberlo hecho y padecer las consecuencias post-electorales. Algunos de ellos ya han sido puestos sobre la mesa por Lorenzo Córdova -consejero presidente del INE- pero sin el concurso de los partidos, y dado el empeño del Presidente de la República de intervenir en las elecciones, sin su apoyo decidido, será difícil prevenirlos y conjurarlos.
El primero es el de la creciente polarización. Una polarización que ya rebasó en intensidad y calidad la diferencia que existe en las democracias. Una polarización caracterizada por la intolerancia que lleva a conductas francamente inciviles, ilegales y hasta delictuosas.
No es casualidad que desde que inició el proceso electoral en septiembre de 2020 se hayan contabilizado 90 incidentes de violencia política con 108 víctimas, de las cuales 75 fueron asesinatos consumados (Violencia Política en México, Integralia, febrero de 2021).
El segundo es un hecho que ya no se puede borrar, pues se ha dejado correr por más de dos años, pero que puede detenerse de inmediato. La sistemática descalificación del árbitro electoral como adversario por parte del Presidente, su partido y las formaciones políticas de su alianza. Junto con ella, la intención de dañar su reputación como si fuera un jugador con la intención de favorecer a la Oposición.
El tercero es la utilización de los programas sociales y, ahora, de la vacunación con fines electorales, a sabiendas de que el INE no tiene los instrumentos para fiscalizarlo todo. Este riesgo se concentra en el Gobierno federal, que ha centralizado y mantenido en la opacidad la mayoría de los programas sociales, pero vale por igual para los gobernadores de otros partidos que también pueden desviar (y tradicionalmente han desviado) recursos públicos para la obtención de votos.
El cuarto es la propaganda gubernamental abiertamente violatoria del 134 constitucional y de varios artículos de las leyes electorales y de la que no sólo se hace caso omiso todas las mañanas sino que se ha controvertido frente a un Tribunal Electoral, cuestionado en su composición y actuación y en un acto de absoluta incongruencia por parte de quien fue candidato a la Presidencia de la República tres veces.
El quinto y, quizá el de mayor riesgo, es el de la asignación de asientos en la Cámara de Diputados que, inexplicablemente para mí, se tradujo en una sobrerrepresentación inicial del partido mayoritario -Morena- de 14 por ciento. Esto quiere decir que con el 37 por ciento de los votos a Morena se le dio el 51 por ciento de las diputaciones y si se cuenta la alianza, el 66.8 por ciento. Situación totalmente irregular y contraria a lo que marca la Constitución.
El sexto es la cada vez más frecuente oposición del Tribunal a las resoluciones del INE, los múltiples escándalos que han trascendido a los medios, las presiones que reciben desde el poder Ejecutivo y el cuestionable y cuestionado comportamiento de varios integrantes del Tribunal Electoral. Esto aunado a la vieja práctica mexicana que lo que no se gana en las urnas siempre puede ganarse en las mesas de negociación.
Y la cereza del pastel: en ya 30 años de democracia electoral, no se ha logrado que los partidos, todos, acaben por internalizar que las leyes electorales están para ser cumplidas y que aún cuando haya espacios no regulados o que permitan burlar las normas, debería de prevalecer una actitud, como dice Lorenzo Córdova, de “lealtad con las reglas del juego democrático”. Con jugadores dispuestos a violarlas, lo único que se puede augurar son elecciones complicadas y judicializadas en su proceso y resultados que debilitarán aún más a la ya de por sí amenazada democracia en México.
Las elecciones ya marcan la agenda pública y parece que lo único importante son los resultados. Desde luego lo son, pero en estos momentos hay temas tan o más relevantes.
En términos de resultados, es un asunto de suma relevancia si seguimos teniendo o no un gobierno de mayoría, el tamaño de esa mayoría y la composición de la Cámara de Diputados. También lo es la distribución del poder político a nivel local. El partido en el poder tiene hoy pocas gubernaturas (6 ó 7 si contamos Morelos) y solo en una de ellas hay elecciones de Gobernador (Baja California). Más importante, tiene bajo su control 21 congresos locales y en 20 de ellos se juegan retener la mayoría. Esto no es nada menor pues de estas instancias depende la suerte de las reformas constitucionales.
Por ahora los partidos y alianzas ya están concentrados en recabar votos. Los ciudadanos debemos pensar el voto de acuerdo con nuestras motivaciones y preferencias pero, independientemente de ellas, debemos salir a las urnas porque el ejercicio del voto es un derecho y una obligación y porque es ese derecho el que definirá el futuro del País.
Pero más allá de los resultados, hay seis grandes temas que constituyen un riesgo y sobre los cuales hay que ocuparse antes de que tengamos que lamentar no haberlo hecho y padecer las consecuencias post-electorales. Algunos de ellos ya han sido puestos sobre la mesa por Lorenzo Córdova -consejero presidente del INE- pero sin el concurso de los partidos, y dado el empeño del Presidente de la República de intervenir en las elecciones, sin su apoyo decidido, será difícil prevenirlos y conjurarlos.
El primero es el de la creciente polarización. Una polarización que ya rebasó en intensidad y calidad la diferencia que existe en las democracias. Una polarización caracterizada por la intolerancia que lleva a conductas francamente inciviles, ilegales y hasta delictuosas.
No es casualidad que desde que inició el proceso electoral en septiembre de 2020 se hayan contabilizado 90 incidentes de violencia política con 108 víctimas, de las cuales 75 fueron asesinatos consumados (Violencia Política en México, Integralia, febrero de 2021).
El segundo es un hecho que ya no se puede borrar, pues se ha dejado correr por más de dos años, pero que puede detenerse de inmediato. La sistemática descalificación del árbitro electoral como adversario por parte del Presidente, su partido y las formaciones políticas de su alianza. Junto con ella, la intención de dañar su reputación como si fuera un jugador con la intención de favorecer a la Oposición.
El tercero es la utilización de los programas sociales y, ahora, de la vacunación con fines electorales, a sabiendas de que el INE no tiene los instrumentos para fiscalizarlo todo. Este riesgo se concentra en el Gobierno federal, que ha centralizado y mantenido en la opacidad la mayoría de los programas sociales, pero vale por igual para los gobernadores de otros partidos que también pueden desviar (y tradicionalmente han desviado) recursos públicos para la obtención de votos.
El cuarto es la propaganda gubernamental abiertamente violatoria del 134 constitucional y de varios artículos de las leyes electorales y de la que no sólo se hace caso omiso todas las mañanas sino que se ha controvertido frente a un Tribunal Electoral, cuestionado en su composición y actuación y en un acto de absoluta incongruencia por parte de quien fue candidato a la Presidencia de la República tres veces.
El quinto y, quizá el de mayor riesgo, es el de la asignación de asientos en la Cámara de Diputados que, inexplicablemente para mí, se tradujo en una sobrerrepresentación inicial del partido mayoritario -Morena- de 14 por ciento. Esto quiere decir que con el 37 por ciento de los votos a Morena se le dio el 51 por ciento de las diputaciones y si se cuenta la alianza, el 66.8 por ciento. Situación totalmente irregular y contraria a lo que marca la Constitución.
El sexto es la cada vez más frecuente oposición del Tribunal a las resoluciones del INE, los múltiples escándalos que han trascendido a los medios, las presiones que reciben desde el poder Ejecutivo y el cuestionable y cuestionado comportamiento de varios integrantes del Tribunal Electoral. Esto aunado a la vieja práctica mexicana que lo que no se gana en las urnas siempre puede ganarse en las mesas de negociación.
Y la cereza del pastel: en ya 30 años de democracia electoral, no se ha logrado que los partidos, todos, acaben por internalizar que las leyes electorales están para ser cumplidas y que aún cuando haya espacios no regulados o que permitan burlar las normas, debería de prevalecer una actitud, como dice Lorenzo Córdova, de “lealtad con las reglas del juego democrático”. Con jugadores dispuestos a violarlas, lo único que se puede augurar son elecciones complicadas y judicializadas en su proceso y resultados que debilitarán aún más a la ya de por sí amenazada democracia en México.
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