Registro de líneas celulares: una crítica tibia a un Estado débil
Este 31 de agosto concluyó la primera fase del registro personalizado de las líneas telefónicas en México. Dicho registro pretende asociar cada número telefónico con la Clave Única de Registro de Población (CURP) de su titular o con el número del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas morales, a fin de conocer su identidad.
Mientras el Estado defiende que esta propuesta servirá para combatir el anonimato y disminuir delitos no presenciales -principalmente la extorsión y la suplantación de identidad-, sus críticos señalan que puede ser mal utilizado contra opositores y actores sociales; que vulnera el derecho a la privacidad, y que no existen garantías de que el Estado mexicano, dadas sus probadas deficiencias y los incontables casos de vínculos de agentes con el crimen organizado, sea capaz supervisar la integridad y el buen uso de estos datos, sobre todo a nivel local.
El registro comenzó en 2026. Originalmente, su implementación debía alcanzar el 100 por ciento de las líneas a mediados de año, el 30 de junio de 2026, pero el Gobierno federal tuvo que extender el plazo para tener más tiempo de ejecutar su implementación y brindar información sobre la medida a una población naturalmente escéptica. Al 19 de agosto de este año, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) reportaba más de 73 millones de líneas registradas, que representan un avance de poco más del 60 por ciento, esperando llegar al 100 por ciento cuando termine el plazo, el 31 de diciembre.
En la práctica, este mecanismo tiene dos ventajas, según el Gobierno. Por un lado, es un primer filtro que las autoridades tendrán para combatir delitos. Por otro, brinda a la población un mayor control sobre sus números, lo cual es particularmente importante para padres de familia o para quienes tengan dependientes registrados.
Así, en el supuesto de que alguien cometa un delito con una línea registrada a su nombre -por ejemplo, que alguien robe el número de su hija e intente extorsionar con él-, ello no implica que usted esté automáticamente vinculada a un delito, aunque sí constituiría un indicio en la investigación. También usted podría revisar qué líneas están asociadas a su CURP o RFC.
Las críticas al registro pueden condensarse en dos bloques. Primero, no es un instrumento novedoso y los intentos anteriores no se han caracterizado por una buena implementación, en tanto el Estado mexicano es incapaz de garantizar el buen funcionamiento de la medida. La Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) señala la ineficacia de intentos anteriores, como el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (RENAUT) durante el sexenio de Felipe Calderón, cuya base de datos fue vulnerada y vendida en el mercado negro.
Otro intento ocurrió con el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT) en el sexenio de López Obrador, que no llegó a implementarse, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo declaró inconstitucional menos de un año después de la promulgación de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión de 2021 que le daba vida.
A partir de esos antecedentes, la R3D subraya la incapacidad del Estado para combatir los múltiples mecanismos de evasión que tendrá el registro actual, como la clonación de tarjetas SIM, el uso de números de otras jurisdicciones sin registro (sobre todo de Estados Unidos) y el robo de móviles. En la práctica, esa incapacidad dejaría sin efecto las ventajas potenciales del registro.
Segundo, desde una perspectiva de derechos, la crítica principal radica en la posible violación de la privacidad y el riesgo de una vigilancia desproporcionada a actores sociales clave, ambos en un contexto de Estado débil, poroso e ineficaz, como es el mexicano. Así, por un lado, grupos vulnerables, como la población indígena o los adultos mayores que no estén familiarizados con la tecnología, pueden ser presa fácil de la delincuencia; por otro, actores clave de la sociedad, como colectivos de víctimas o defensores del territorio, pueden estar más sujetos a vigilancia y espionaje por un Estado con muchos funcionarios infiltrados por el crimen organizado. En ese sentido, vale la pena subrayar que no es que el registro cree un nuevo problema de vigilancia y vulnerabilidad para la sociedad, sino que lo agravaría o, al menos, lo extendería en el tiempo.
Finalmente, aunque coincido plenamente con el diagnóstico de los críticos de la medida sobre el Estado mexicano y con que tiene muchos peros posibles, considero que no es la peor medida posible. Primero, la gran mayoría de los países obligan a los usuarios a registrar sus líneas. Segundo, muchos de los problemas potenciales señalados por sus críticos dependen de su implementación, no de la medida en sí. Por lo mismo, depende del Estado mexicano probar que se trata de una buena medida. Por ejemplo, sería lamentable que ocurriera una nueva filtración de datos, como la del RENAUT de Calderón.
Desde mi perspectiva, fue un error tremendo delegar el registro en las operadoras telefónicas, como si eso resolviera el problema de seguridad: las dos décadas malditas del Siglo 21 mexicano han demostrado que lo privado no es necesariamente más seguro ni está al margen de las redes de corrupción y criminalidad. En última instancia, el problema no es tener un registro, sino contar con la capacidad institucional para implementarlo, proteger la información que genera y evitar que se utilice en contra de la sociedad.
Un Estado fuerte y capaz es indispensable para la pacificación del país. En consecuencia, el registro de líneas celulares no constituye, por sí mismo, un paso atrás. Hacerlo mal, nuevamente, sí lo es.
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El autor es Manuel Pérez Aguirre, doctor en Gobierno por la Universidad de Essex, actualmente realiza su posdoctorado en El Colegio de México y es investigador del Seminario sobre Violencia y Paz.
