Salamanca, bomba criminal

    El proceso de recuperación de la paz social transita necesariamente por comunidad, empresas y Gobierno, en convergencia contra las causas y en prevención respecto de las modalidades criminales adueñadas de algunas regiones.

    El proceso de recuperación de la paz social transita necesariamente por comunidad, empresas y Gobierno, en convergencia contra las causas y en prevención respecto de las modalidades criminales adueñadas de algunas regiones.

    Las escenas vistas este domingo en la guanajuatense Salamanca reflejan una creciente concentración de violencia cuyas manifestaciones escalan e incluyen sorpresa e inventiva criminal.

    Pasajes sufridos en Medellín, Colombia, cuando a finales de los 80 y principios de los 90 el narcotraficante Pablo Escobar empleó los explosivos para atentar contra políticos y civiles podrían estar en la mente de muchos: sucesos de otras latitudes, en la imagen periodística o en la ficción de los documentales y películas que se hacen referibles.

    El México actual carece de los índices delictivos de la Colombia de aquellos y de estos años. Sin embargo, situaciones como las enfrentadas ahora en diferentes municipios de Guanajuato exigen operación e inteligencia policiales, así como denuncia ciudadana y colaboración entre autoridades para un esclarecimiento pronto y cero impunidad.

    Los sicarios que entregaron el paquete explosivo en el restaurante Barra 16.04 -ubicado en una de las avenidas principales de Salamanca, cercana a la autopista a Celaya- que mató a uno de los socios y al gerente del lugar, actuaron a plena luz y huyeron sin obstáculo alguno.

    Antes que sujetarnos a las tentaciones que pudieran orillarnos a politizar el tema, la entidad gobernada por Diego Sinhue Rodríguez enfrenta desde hace varios meses una crisis de seguridad y la presencia creciente del crimen organizado, lo cual ha llevado el número y proporción de homicidios a ser una de las principales referencias negativas en el país en materia de ausencia de seguridad.

    En Guanajuato, como sucede con otras entidades del centro norte y occidente de México, diversos delitos de alto impacto, como el narcotráfico, el robo de combustible y la extorsión, han desencadenado una disputa por el control del territorio, principalmente entre células de organismos delictivos, como los cárteles Santa Rosa de Lima y el de Jalisco Nueva Generación.

    De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el estado registró el 2020 más de 4 mil homicidios dolosos, y este año suma más de 2 mil 400, que lo colocan en el primer sitio a nivel nacional y representan más del 10 por ciento del total del País.

    Por el uso de explosivos en el ataque de Salamanca, la Fiscalía General de la República será la encargada de las investigaciones, lo cual no exime de responsabilidades a las autoridades estatales y municipales.

    El Gobernador Sinhue Rodríguez calificó el ataque como “un acto terrorista”, mientras la Canirac de la entidad llamó a los tres niveles de Gobierno a esclarecer el hecho.

    Guanajuato pide en las tragedias construir esquemas integrales que contribuyan a la pacificación de una entidad que es ejemplo industrial y turístico.

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