Seguridad, la “papa caliente” para Rocha
La fallida militarización o un plan híbrido

Particularmente en la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno de Sinaloa, la decisión de quien ocupará el cargo durante el gobierno de Rubén Rocha Moya conviniera tomarla con base a resultados porque va de por medio la vida y tranquilidad de los ciudadanos, dos componentes esenciales de la paz y el Estado de derecho. Aquí sí, Rubén Rocha Moya tendría que plantarse frente al Presidente Andrés Manuel López Obrador y el General Luis Crescencio Sandoval, Secretario de la Defensa Nacional, con estadísticas en mano de desapariciones forzadas, feminicidios, desplazados por la violencia y choques frecuentes entre células rivales del narcotráfico.

La mejor respuesta que el ahora Gobernador electo les puede dar a las familias que exigen justicia consiste en implementar un plan de seguridad pública con la eficaz colaboración federal, estatal y municipal, como nunca antes se ha hecho. La militarización de esta área vital ha fallado al menos en lo que dice la experiencia sinaloense y toda la inversión que se le ha metido a crear bases militares y sostener a centenas de elementos de la policía castrense, ha sido inútil de acuerdo con cualquier cotejo de costos y beneficios.

Más allá de los convoyes de fuerza pública federal lo que debe reforzarse es la proximidad de la seguridad pública con los lugares y sectores donde ocurren los delitos. Está visto que los que desaparecen a personas, asesinan a mujeres y ahuyentan a la gente pacífica de las zonas serranas lo hacen sin temor a que las autoridades los detecten, tal vez porque así lo han pactado o quizá se deba a la errática estrategia de poner a soldados y policías a desfilar en calles y caminos, casualmente lejos en zonas urbanas y rurales donde actúa el crimen.

Todo indica que la posible permanencia del Teniente Coronel Cristóbal Castañeda Camarillo en la SSP estatal es una orden que viene del alto mando militar nacional, ajustada a la decisión presidencial de entregarle al Ejército los bonos de poder que se pueda. Y el problema no es el actual Secretario del área en Sinaloa, sino lo que resulta de su labor desde que en diciembre de 2018 desempeña el cargo por órdenes de la Sedena. Si lo avala un adecuado balance en cuanto a calma y orden ni caso tuviera cuestionar la continuidad inminente.

Castañeda pertenece a los militares retirados o en vías de retiro que cuentan con la empatía del General Sandoval. Cinco días después de que empezara el sexenio de López Obrador le llegó el nombramiento como titular de la SSP en Sinaloa y transitó en el cargo más de la mitad del período de gobierno de Quirino Ordaz Coppel al tiempo que se perfila para presidir la misma dependencia durante el mandato de Rocha Moya.

Eso significa que la seguridad pública se maneja como moneda de cambio y en dicha operación va sobreentendida la nula responsabilidad de rendición de cuentas relacionada con las vidas, bienes y garantías que se sacrifican. Con el modelo de seguridad pública centralizada y militarizada se obedece y se le reporta al Secretario de la Defensa, el hombre que desconoce y se insensibiliza ante la permanente circunstancia del Sinaloa rehén de los capos y sus sicarios, relegando a segundo término, a veces con cierta arrogancia, a los gobiernos estatal y municipales y la fuerza policial de éstos.

Y no se necesita mucha labor de inteligencia para cerciorarse que aquí las víctimas reclaman de un viraje en las políticas gubernamentales de seguridad pública, el golpe de timón que afine y apunte la fuerza pública hacia los que hoy, y mañana también, retan y humillan a las instituciones. ¿Acaso no lo ven? Pues allí están las cruces monumentales que las mujeres hartas de feminicidios colocaron en el patio central de Palacio de Gobierno y en el Ayuntamiento de Culiacán, la enorme huella de dolor e impotencia que dejan las madres que por ellas mismas buscan a los desaparecidos y la mancha cruel en Mazatlán y Sinaloa de Leyva que muestra a los desplazados por los designios de los rifles de asalto.

E insistimos por aquello de los calientacabezas que quieran hallarle distorsiones al planteamiento: qué importaría que el Teniente Castañeda continuara al frente de la SSP, que salieran caros los búnkeres que alojan a la Policía Militar y que el sostén de esta fuerza federal siguiera a cargo de los sinaloenses. A nadie le incumbiría en el escenario en el cual Sinaloa fuera recuperando legalidad y tranquilidad auténticas, no aquellas que muestran la baja en incidencia de homicidios dolosos y creciendo la práctica delincuencial de ya no solamente matar sino también desaparecer a las víctimas.

Desde hace bastante tiempo, a pesar de que gobernadores llegan y gobernadores van, Sinaloa necesita de un plan estatal híbrido de seguridad pública con enfoque de atención directa, enérgica y medible. Invertir lo necesario en corporaciones policiacas bien preparadas, pagadas y equipadas, que les hagan frente a delitos en general y que la coordinación con lo federal sea de aquí para allá y no al revés. El Ejército enfrentando a la delincuencia fue una buena ocurrencia pero de tantas atribuciones que recibió, en lo que respecta a pacificar México, específicamente Sinaloa, ha fallado.

Quién domará a ese león,

Que no obedece los rangos,

Y al gobierno sin excepción,

Lo cree parte de sus changos.

Está cuidando los modos Rubén Rocha en cuanto a la decisión de que un nuevo Fiscal General del Estado inicié con él la extenuante tarea de abatir los índices de impunidad en los diferentes delitos que exasperan a los sinaloenses. También el Fiscal Juan José Ríos Estavillo se ha sostenido ecuánime ante la casi segura destitución del cargo. Buena señal en ambos lados y claro que en el eje de ambas actitudes debe prevalecer el cómo y con quién responderle a Sinaloa en el rezagado anhelo del esquema por cada delito cometido un culpable probado.