Si la reforma judicial fuera un partido de futbol

Dos situaciones preocupantes respecto a la reforma judicial y los resultados de la primera elección judicial de junio de 2025 fueron el bajo conocimiento de la ciudadanía del papel de los jueces y la escasa participación activa e informada (es decir, sin “acordeones” para sesgar la votación).

Reflejo de lo primero es que, en 2024, sólo una de cada cinco personas (20.2 por ciento), según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2025 del Inegi, pudo identificar qué hacen los jueces.

Respecto a lo segundo, un porcentaje todavía menor del electorado, sólo un 13 por ciento, salió a las urnas a votar para elegir estos cargos. Si los ciudadanos no identifican el papel de la judicatura ni acuden masivamente a las urnas, ¿es la elección popular el mecanismo idóneo para democratizar la justicia? ¿Puede, en este contexto, un sistema de elección popular garantizar la legitimidad y la independencia de la justicia?

Ya que hablar de tribunales de disciplina y de comités de selección de los poderes sólo lo entienden las personas cercanas a la justicia, vamos a aprovechar que estamos en tiempos del futbol para traducir el problema a la cancha.

Para ejemplificar: el papel de los jueces es como el de los árbitros en el futbol. Cuando los árbitros son buenos, su desempeño en el partido pasa casi desapercibido y son los jugadores (lo que en justicia se conoce como “las partes”) los que brillan o fracasan.

Imaginemos entonces que la FIFA (en este caso, el Gobierno) decide que para ser árbitro (Juez) no importa su carrera o experiencia futbolística, lo importante es que tengan que ganar un concurso de popularidad (las elecciones), y que esa votación la hagan los jugadores y los fanáticos del futbol.

Entonces, cualquier influencer, fanático, ex jugador, puede concursar para ser árbitro. Imaginemos que esa persona ha apoyado a un equipo toda su vida, ¿esperaríamos que mágicamente lo deje de apoyar al entrar en la cancha? Tampoco importa que no sepa bien las reglas del futbol, que no tenga condición física o que se haya quedado con las reglas de hace 40 años, pues al ser popular se espera que la gente le perdone los errores que cometa.

Bueno, eso es básicamente lo que pasó con la reforma judicial.

En el futbol se espera que los árbitros (jueces) sean imparciales. Por ejemplo, en el Mundial se cuida mucho de qué país provienen para evitar cualquier percepción de favoritismo. Además, la definición de los árbitros se basa tanto en la experiencia como en un profundo conocimiento técnico de las reglas de la FIFA. Por ejemplo, en el partido de Japón contra Túnez hubo un tiro que casi fue el segundo gol de Japón, pero faltaron unos centímetros para que la pelota pasara completamente la línea de la portería. El árbitro revisó el VAR y decidió que no era gol. Esto podría haber sido muy problemático si ese réferi no tuviera el conocimiento de esta regla y la capacidad de analizar el caso concreto.

Ahora, imaginen que la FIFA comienza a perseguir a los árbitros que no piten los partidos como sus directivos quieren. Algo similar está pasando con jueces y magistrados que resuelven en contra de las políticas del gobierno.

Por poner otros ejemplos, supongamos que algunos árbitros claramente trabajan para las casas de apuestas (que en esta comparación equivaldrían a los cárteles o el crimen organizado) y que hasta la FIFA temiera meterse con ellos.

Para que un equipo pudiera ganarle a la escuadra favorita de la FIFA, la diferencia de goles tendría que sobrepasar los penales que no eran penales; los jugadores tendrían que resistir con expulsiones donde no hubo faltas; y además, el otro equipo podría estar tranquilamente fuera de lugar y nunca se lo marcarían. Pues bien, esto es lo que pasa a los litigantes cuando el Gobierno interviene en los juicios.

En un futbol con estas reglas altamente distorsionadas, poco a poco la calidad del juego y, por lo tanto, los partidos, serían irrelevantes. Con tantas injusticias e incertidumbre en la aplicación de las reglas, ¿para qué competir? Si el resultado no dependió de las capacidades de los equipos jugadores y las reglas no se aplicaron, ¿festejaríamos igualmente un triunfo?

Volviendo al tema que nos ocupa: ¿para qué recurrir a la justicia si no depende de las pruebas y argumentos de las partes, y tampoco tenemos certeza de las reglas que van a aplicarse durante el juicio?

Ese es el dilema no futbolístico al que nos seguimos enfrentando hoy. La reforma judicial de 2025 no lo resolvió, y las sucesivas enmiendas siguen sin atenderlo.

–

Los autores son Susana Camacho, coordinadora del Programa de Justicia de México Evalúa, y Diego Labougle, investigador senior en dicho programa.