Voy a hacer un recuento de algunos acontecimientos ocurridos en los últimos días, para recordarle al Gobernador lo que percibimos los ciudadanos en materia de seguridad.
A principios de mes, un estudiante que caminaba entre las grietas sedimentadas del lecho reseco del Río Tamazula localizó el cráneo de una persona que luego fue identificada como un joven que estaba desaparecido desde marzo del año pasado.
El 15 de junio la cámara de un tráiler captó un impresionante convoy de 30 sujetos fuertemente armados a bordo de nueve camionetas blindadas sobre una carretera federal, a la altura de la comunidad de Las Brisas, en Guasave.
El fin de semana fue localizado el cuerpo de una maestra asesinada a cuchillazos por un compañero de trabajo en la ciudad de los Mochis.
El domingo pasado, en medio de los festejos por el día del padre, una familia completa tomó la Avenida del Mar en Mazatlán y marchó hasta la Vicefiscalía del Estado, para exigir a las autoridades la localización del joven Mario Eduardo, privado de su libertad esa misma semana.
Ninguno de estos son hechos aislados. Son el repertorio de sucesos de la vida cotidiana en una entidad en la que bien sabemos que impera la violencia sobre la razón.
Sinaloa no es un lugar seguro. ¡Cómo va a serlo! Si bien es cierto que el número de homicidios dolosos ha disminuido de manera notable en los últimos meses, el Gobernador Rubén Rocha debiera ser más precavido al momento de anunciar que nos encontramos en uno de los estados más tranquilos del País.
La repentina disminución de los crímenes violentos no se debe de ningún modo a una mejora sustancial del bienestar social, ampliación de oportunidades, combate a la impunidad, políticas de tolerancia cero, o estrategias de disuasión.
No creo que alguien se atreva a poner en duda la idea general de que en Sinaloa el crimen organizado comparte de alguna forma el control del territorio con las instituciones formales de gobierno.
La verdad es que es muy difícil dimensionar en qué medida el Estado y las organizaciones delictivas trabajan en común acuerdo, aunque las pistas son muy ilustradoras.
Desde el inicio de su gobierno el Presidente López Obrador anunció su famosa estrategia de abrazos y no balazos, que acertadamente reconoce la necesidad de mejorar las condiciones de vida de la población como requisito para pacificar al País, pero que al mismo tiempo implica un desistimiento al deber de asegurar el cumplimiento de la ley.
En Sinaloa el momento clave fue el “culiacanazo”, cuando el Ejército decidió replegarse ante la toma de la ciudad por hombres armados. Cinco meses después, en una visita a Badiraguato, AMLO saludaría a la abuela de los hermanos Guzmán, en una clara señal de cordialidad y respeto a la familia. Desde entonces no ha habido golpe ni confrontación. Incluso hace poco el Presidente expresó ante los medios de comunicación, que “donde domina un cartel, hay menos homicidios”.
Pareciera que el acuerdo se refiere, en sus aspectos más básicos, a dejar hacer y dejar pasar, a cambio de un cese al fuego. Curiosamente la estrategia les está dando resultados, y no solo en materia de seguridad, pues al no haber un obstáculo a las actividades ilícitas, el dinero parece fluir hacia otros sectores de la economía formal, entre ellos el desarrollo turístico e inmobiliario, y de esa forma Sinaloa ha logrado contener hasta el momento la recesión derivada de la pandemia y el encarecimiento de los energéticos.
Sin embargo, ¿es realmente tan efectiva esta estrategia de pacificación y aparente progreso económico? Desde mi perspectiva es una medida insostenible. Recientemente el periódico El País publicó una entrevista con Vanda Felbab-Brown del Instituto Brookings en la que explica cómo la política de no confrontación del Gobierno mexicano está propiciando no solo la expansión geográfica de los grupos criminales, sino también una diversificación en el tipo de mercados que operan, todo esto soportado por una red interconectada de ilegalidad.
En dicha publicación se recalca el creciente control de la industrias pesquera y maderera por parte de los carteles mexicanos para abastecer la enorme demanda china de productos silvestres, a cambio de precursores químicos para elaborar metanfetaminas, fentanilo y opioides sintéticos.
La extensión del poder de la delincuencia hacia ámbitos de la vida regular impone a su paso la lógica monopólica y violenta de los negocios ilícitos y soslayando el estado de Derecho; dando como resultado una economía en la que se desplaza de manera forzosa a la competencia, se inhibe el emprendimiento y la innovación, se fijan precios de manera abusiva, y en la que todos pierden, excepto quienes tienen la capacidad de controlar el mercado.
Para el caso de la industria pesquera, la investigación del instituto Brookings revela que algunos carteles exigen a las plantas procesadoras que compren el pescado que ellos le llevan. “Estas plantas son las que emiten los certificados que respaldan la legal procedencia del pescado y son coaccionadas para expedir certificados falsos para ellos”, asegura Vanda Felbab-Brown. Es la misma lógica que impera en todos los ámbitos en que incursiona la delincuencia.
Estas circunstancias dejan al descubierto que la aparente seguridad que con tanto orgullo presume el Gobernador, en realidad se trata de un auténtico sometimiento de la población civil, en cada vez más aspectos de la vida. No es una situación de paz, los ciudadanos no nos sentimos seguros. Nos encontramos a merced de un poder que incluso rebasa la capacidad del Estado.
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