Subcomité para la Prevención de la Tortura: supervisión internacional contra una práctica generalizada en México
Esta semana se lleva a cabo la visita a México del Subcomité para la Prevención de la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas, la primera visita de un mecanismo internacional de derechos humanos con la actual administración federal y la tercera visita de éste tras sus misiones en 2008 y 2016.
El Subcomité tiene un mandato de prevención de la tortura, contando con el derecho de acudir sin aviso previo a lugares de privación de la libertad como prisiones, instalaciones militares, hospitales psiquiátricos y estaciones migratorias, evaluando el trato que reciben las personas y sosteniendo entrevistas bajo el principio de estricta confidencialidad para evitar cualquier represalia.
El objetivo del Subcomité para la Prevención de la Tortura es evaluar la situación de la práctica de tortura en estos lugares, una violación a derechos humanos que, en contra del discurso oficial, continúa siendo generalizada en el País.
Adicionalmente, esta entidad internacional evalúa y asesora la implementación del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura en los Estados, que en el caso de México está adscrito a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
La visita coincide con cambios sustantivos en la política de seguridad de la administración federal, en la que se ha puesto preponderancia en los números de detenciones; se han perpetuado y ampliado figuras violatorias de derechos humanos, como la prisión preventiva oficiosa o la próxima regulación de los “jueces sin rostro”, y se han debilitado o eliminado órganos garantes y protectores de derechos como la CNDH y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Todo ello, sin tomar medidas efectivas para mejorar las condiciones de los centros de detención.
Por ello, preocupa que en su más reciente comparecencia ante la Comisión Permanente en la Cámara de Diputados, durante esta semana, la titular de la CNDH no se haya pronunciado sobre esta visita que es de la mayor relevancia, pues en su última revisión el Subcomité recomendó que el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura realizara más visitas no anunciadas a centros de privación de la libertad y que fortaleciera los Mecanismos de Prevención a nivel local, con trabajo conjunto de la sociedad civil. En cambio, durante la comparecencia se destacaron las visitas ordinarias y se dejó de lado que en los últimos dos años el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura no ha emitido informes de supervisión, ni que desde el 2022 no cuenta con Comité Técnico, un órgano de gobierno integrado por ciudadanos reconocidos en la materia, que debe delimitar los lineamientos de trabajo de dicho Mecanismo.
Es en ese mismo contexto de debilitamiento institucional que se enfrentan nuevos retos. Esto, debido a que el informe resultado de la visita que incluye las recomendaciones de este mecanismo en particular, únicamente es hecho público si el Estado así lo decide. Ya en el pasado, las organizaciones de la sociedad civil hemos tenido que exigir por vía de transparencia que su informe se hiciera público. Hoy, ante la inexistencia del INAI, sería relevante que el Estado anuncie desde ahora que permitirá su publicación, pues solo así la sociedad civil podemos hacer un trabajo más contundente de seguimiento a las omisiones u acciones en la materia a partir de las observaciones y recomendaciones hechas por el Subcomité. Esta es además una oportunidad para el Estado mexicano de demostrar su compromiso con los organismos internacionales, en un convulso contexto mundial de debilitamiento.
En ese marco, desde el Centro Prodh, al igual que otras organizaciones aliadas, hemos presentado al Subcomité para la Prevención de la Tortura información obtenida a partir del acompañamiento a víctimas y sobrevivientes, y a la información que recibimos constantemente sobre la situación en la que se encuentra el estado de centros penitenciarios en distintas entidades de la República, en donde las personas reportan que han padecido condiciones indignas de detención, violencias ocasionadas por la ausencia de gobernabilidad y control del crimen, falta de acceso a la justicia, de atención médica, a la salud mental, traslados irregulares, entre otras prácticas sistemáticas que vulneran derechos humanos. También recordamos eventos graves en otro tipo de centros de detenciones administrativas, como las sucedidas en la estación migratoria en Juárez, donde 40 personas perdieron la vida en un incendio, y el registro de más de 19 suicidios de mujeres en el Cefereso de Morelos en dos años.
Por ello, se vuelve relevante que el Subcomité para la Prevención de la Tortura pueda conocer de primera mano la situación en los centros de reclusión y algunos otros que funcionan como tal, pero que no están debidamente regulados. Por ejemplo, los llamados “anexos” donde se han registrado tantos eventos de violencia desproporcionada en el País. También que pueda escuchar a la sociedad civil que documentamos todos los días esas condiciones y la situación de las víctimas.
En ese sentido, recordamos algunas recomendaciones que hizo el Subcomité para la Prevención de la Tortura, tras sus visitas anteriores y que hasta ahora no han sido cumplimentadas cabalmente por el Estado. Entre ellas: tomar acciones ante el autogobierno y corrupción en centros penitenciarios, originadas por la connivencia entre grupos de criminalidad y las autoridades; garantizar la calidad de la defensa pública otorgada a las personas privadas de la libertad; que las alegaciones de tortura y malos tratos no queden en la impunidad, con investigaciones de oficio, prontas, exhaustivas e imparciales; que las declaraciones realizadas como resultado de la tortura no sean utilizadas como prueba en ningún procedimiento; que se registren todas las detenciones, entre ellas las de personas migrantes, y que se prioricen miradas interseccionales, como atender la discriminación que enfrentan mujeres, personas migrantes y/o personas indígenas, entre otras.
El tema de tortura presenta múltiples desafíos que no han sido atendidos adecuadamente en el país, a pesar de los múltiples pronunciamientos de organismos internacionales en años anteriores y a casi 10 años de que se promulgara la Ley General en la materia, que aún presenta deficiencias en su implementación. La situación de los centros de privación de la libertad pone en relieve la persistencia de esa práctica y cómo afecta desproporcionadamente a las personas en situación de mayor vulnerabilidad. Por ello, esperamos que la actual administración se aleje de las posiciones negacionistas. Si queremos que realmente haya justicia para los rostros que han sobrevivido a esta grave violación a derechos humanos, necesitamos un Estado que esté abierto al escrutinio internacional, de manera transparente, buscando tomar acciones para revertir estas prácticas y que no las perpetúe, aproveche, niegue, minimice o encubra.
