Trazabilidad para combatir la ilegalidad en la pesca
Cuando pienso en absurdos, imagino pasajes ilógicos o momentos de la vida en que la realidad supera a la ficción. En muchos sentidos, lo absurdo forma parte de nuestra propia cotidianidad, dotándola de elementos sorpresa ante lo inesperado, lo ilógico o lo inimaginable.
Pero cuando lo absurdo rebasa la esfera privada o del círculo cercano y se transforma en un asunto que tiene efectos directos sobre el interés social o, peor aún, que afecta la salud del océano y el bienestar de la gente, se convierte en un problema público.
Esa es la situación de la pesca en México: alrededor del 25 por ciento de las especies de importancia pesquera se encuentran en condiciones de deterioro, conforme a lo que establece la Carta Nacional Pesquera, documento oficial que contiene la información y mecanismos de gestión de las pesquerías nacionales, elaborado periódicamente por el Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuacultura Sustentable. Esta situación en buena medida es consecuencia de la pesca ilegal, no regulada y no documentada, así como por la contaminación y degradación de los ecosistemas marinos.
A pesar de la cifra oficial, el Gobierno federal poco hace para atender el problema. Por una parte, no lleva a cabo ninguna estrategia para revertir el deterioro de las especies, y desde el inicio de la pasada administración federal ha ido reduciendo, prácticamente a cero, las acciones para combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, que en México llega al 40 por ciento a nivel nacional.
Desde hace años, prácticamente todas las organizaciones de pescadores han levantado la voz para denunciar que la pesca ilegal está fuera de control, que la Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura (Conapesca) ha reducido significativamente las labores de inspección y vigilancia, y que la abundancia de especies marinas como mero, róbalo, lisa y jaiba ha disminuido considerablemente.
La Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable otorga a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y a la Conapesca la atribución de administrar los recursos pesqueros y de asegurar la gestión sustentable de la pesca en México.
La misma Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable define y contempla la protección, conservación, repoblamiento y recuperación de especies de importancia pesquera, así como el combate a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, como atribuciones exclusivas de la autoridad federal, sin que hasta este momento se hayan visto acciones contundentes ni resultados medibles para revertir dicha situación.
Desde el año 2019, Oceana ha insistido en la urgencia de revertir el deterioro pesquero y combatir la pesca ilegal como una de sus principales causas, por medio de acciones y mecanismos de trazabilidad, que permitan conocer el origen y legalidad de los productos pesqueros, desde el barco hasta el plato, cerrando la puerta a productos ilegales a lo largo de toda la cadena de valor y desincentivar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.
El artículo 119 BIS, inciso VI de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable, define trazabilidad, como el “conjunto de actividades técnicas y administrativas sistematizadas determinadas por la Secretaría [Sader] que permiten registrar los procesos relacionados con la captura, extracción, cultivo, recolección, crianza, engorda, reproducción, cortado, cocido, envasado, enlatado, empacado, refrigerado, congelado, transportado, industrializado, distribuido o importado de recursos, partes y derivados de origen pesquero o acuícola... desde su origen hasta su destino, a través de una o varias etapas especificadas de su producción, transformación y distribución...”.
En otras palabras, la trazabilidad se convierte en el mecanismo que rastrea todo el camino que sigue un producto de origen pesquero, desde su captura hasta su consumo final, blindando cada eslabón de la cadena de valor contra la entrada de productos de origen ilícito. De esta manera, será difícil, si no es que imposible, que se coloquen en el mercado productos ilegales, lo que desincentivaría la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada al no tener espacio en el mercado.
Que las autoridades, Sader y Conapesca adopten finalmente mecanismos de trazabilidad sería un gran paso para hacer frente a la pesca ilegal, al tiempo que se permitiría a los consumidores finales conocer el origen, legalidad y calidad de los productos del mar. Como lo ha reportado Oceana mediante pruebas genéticas realizadas a productos de origen pesquero, en restaurantes y mercados, en más del 30 por ciento de ocasiones, estos son sustituidos por productos distintos, de menor calidad y precio; incluso por especies amenazadas. La trazabilidad permitirá que productores, comercializadores y consumidores conozcan la legalidad y calidad de sus productos.
Desde hace meses, el Comisionado Nacional de Pesca y Acuacultura ha informado públicamente que la dependencia a su cargo se encuentra en proceso de construcción de un sistema de trazabilidad con que hacer frente a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. Es importante que este compromiso se cumpla para tener una herramienta que apoye a combatir la ilegalidad en la pesca.
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El autor es Esteban García-Peña Valenzuela, coordinador de Investigación y Políticas Públicas en Oceana.
