UAS-Gobierno-Congreso: cartas marcadas
Negociación epistolar reemplaza al diálogo

Podría tratarse de las cartas bajo la manga que llevarían los tres a la eventual mesa del diálogo, aunque lo que plantean el Gobernador Rubén Rocha Moya; el encargado del despacho de Rectoría de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Robespierre Lizárraga Otero, y los diputados Feliciano Castro Meléndrez y Ricardo Madrid Pérez, por parte del Congreso del Estado, los distancia del acuerdo al remarcar diferencias abismales en los objetivos de cada quien. Los oficios cruzados el lunes los aísla en vez de hacerlos converger, al plantarse el universitario en el extremo de la impunidad y el Mandatario y los legisladores en el de la legalidad.

Habrá quienes consideren el intercambio epistolar como avance en la búsqueda de juntar a las partes del diferendo en una mesa de negociación, no obstante que se trataría de un mueble larguísimo en el cual sólo sería posible la perorata entre sordos. Se trata de un encuentro fallido desde el origen pues trae el germen del altercado a partir de que el 13 de junio el Presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a la reconciliación, pero sin solapar la corrupción.

Revisando la lógica de los emisores y destinatarios de las cartas, sobre todo en el intercambio de recados que el Congreso le dirige a la UAS y la Universidad al Gobernador, las invitaciones a reunirse truenan de antemano la factibilidad de los encuentros. Son epístolas políticamente correctas que no escatiman en disensos. El cabecilla universitario acepta “negociar” únicamente con el titular del Poder Ejecutivo y menosprecia la cortesía del Legislativo, en tanto que los dirigentes parlamentarios convidan a la institución rosalina a que presente su propia iniciativa de Ley Orgánica y a las horas la representación popular arranca el correspondiente proceso camaral.

Y precisamente Robespierre Lizárraga volvió a mostrar el as que ha blandido cada vez que puede, al proponerle a Rocha Moya que “retomemos el diálogo en torno al conflicto existente entre el Gobierno del Estado y la Universidad Autónoma de Sinaloa” y puso la condición de que “la agenda a tratar incluya todos los temas que el conflicto implica”, aclarando el mismo día en conferencia de prensa que se refiere a que sean retiradas las denuncias penales contra universitarios, principalmente las del ex Rector Jesús Madueña Molina y el ahora prófugo de la justicia Héctor Melesio Cuén Díaz, ex Director de Bienes y Suministros de la UAS.

El Gobernador le respondió que “entre el Poder Ejecutivo, bajo mi responsabilidad, y la Universidad Autónoma de Sinaloa, no existe conflicto institucional alguno. Al contrario, hay constancia y testimonio público del apoyo invariable brindado desde el primer día de mi administración” y remite a Robespierre Lizárraga a que trate con el Congreso lo relacionado con la reforma de la Ley Orgánica de la UAS, y con el Poder Judicial lo que atañe a las investigaciones de orden penal y a las causas judiciales a que las mismas han dado lugar, en las que se imputan hechos de corrupción a servidores y ex servidores públicos de la UAS.

También el Congreso del Estado, a través de sus líderes de la Jucopo y Mesa Directiva, le entró al torneo de cartas oficiales reiterándole al encargado del despacho de Rectoría “nuestra voluntad política y apertura al diálogo con la comunidad universitaria y, por ende, con las autoridades de la Universidad Autónoma de Sinaloa, a efecto de lograr la armonización de la Ley Orgánica que rige a esta casa de estudios”, con ordenamientos en su mayoría federales, como es el caso de la Ley General de Educación Superior.

Pero la Cámara procedió a dar los primeros pasos y ayer inició lo que le notificó a la UAS a través del mismo oficio, consistente en la primera etapa del proceso legislativo para dar lectura a 36 iniciativas presentadas por universitarios y la sociedad civil, invitando a Lizárraga Otero a formular la propuesta institucional “tomando en consideración el sentir y la opinión de la comunidad universitaria a través de la consulta que la Ley General de Educación Superior establece como obligación”.

Este intercambio de cartas no es diálogo sino escapatoria del mismo. La anulación del encuentro cara a cara, el temor al argumento frente a las pruebas, la oposición a que los presuntos delitos reciban la sanción que dispone la ley, y la aspiración de justicia descarrilada por la pretensión de impunidad, trazan rutas de fuga hacia el escenario donde la transacción política valga más que acción jurídica. El correo no lleva el mensaje del consenso que salve a la UAS sino contiene el planteamiento alevoso de darles a los imputados la exención legal sin que pongan un pie en los tribunales.

A ver qué pasa cuando las circunstancias los obliguen a sentarse en la misma mesa, codo a codo y enconos aparte. Cuando vayan con sus portafolios repletos de voluntad a soluciones que no lleven en letras chiquitas el artículo de impunidad ni la reversa en lo que toca a la innegociable libertad de la comunidad universitaria para elegir a directivos y definir políticas institucionales que privilegien la labor académica por encima de faenas en beneficio de partidos y cacicazgos.

El Congreso cartas ocultas despliega,

La justicia actúa como el tahúr,

Los uaseños apuestan todo al albur,

Y el Gobierno dice que él no juega.

En la otra Universidad, la Autónoma de Occidente, al Rector Pedro Flores le falta habilidad política para que los estudiantes y profesores inconformes lo validen como líder legítimo más que como mando de facto. En caso de que ya no hubiera posibilidad de revocarle la designación, sí existen los modos y acuerdos internos para sumar a los opositores en la determinación de asuntos fundamentales para la institución. La UAdeO lo vale, lo merece, y las partes en pugna deben entenderlo y colaborar mientras construyen la siguiente sucesión rectoral fundada en la aceptación y colaboración de la comunidad lince.

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