La libertad de expresión y los derechos humanos pueden quedarse en el papel si no se establecen mecanismos para asegurar su cumplimiento. Afortunadamente, la recién aprobada Ley de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Sinaloa fue diseñada de tal manera que se contempla la creación de un instituto encargado de hacer valer lo que estipula la norma.
El Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Sinaloa será uno de los pocos y selectos organismos constitucionales autónomos que existen en la entidad, junto a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Instituto Estatal Electoral, la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública, la Fiscalía General del Estado, así como el Tribunal Estatal Electoral y el de Justicia Administrativa.
Las instituciones que gozan de autonomía no forman parte de la jerarquía administrativa tradicional del estado. Por lo mismo, se les encomiendan tareas muy específicas, con el fin de que las desarrollen con una mayor eficacia, sin que por ello escapen de la responsabilidad que tienen de ser transparentes, rendir cuentas y ser fiscalizados por un órgano interno de control.
Asegurar que sus titulares gocen de una auténtica independencia política es el reto más grande que tienen estos organismos desde su fundación. Por lo común se nombran personajes afines al partido en el poder o con mayor representación en el legislativo. Cuando eso pasa, el organismo pierde autonomía y se convierte en un apéndice al servicio del gobierno en turno, susceptible al control de poderes fácticos.
Aún así, los organismos autónomos y las leyes que los sustentan han sido pieza fundamental en el fortalecimiento de la democracia y el estado de derecho en Sinaloa. Con el paso del tiempo se han erigido como contrapeso técnico del poder emanado de la voluntad popular, que, aunque legítimo, en ocasiones tiende a desbordarse.
Los organismos autónomos se convirtieron en un referente legal y moral de la función pública, en un deber ser de la política de tipo republicana, que sirve para distinguir lo deseable de lo intolerable. Establecieron además, una línea más alta en la exigencia de la población hacia sus gobiernos, a los que ya no se les consiente tan fácil la corrupción, la opacidad, ni la transgresión de los derechos humanos.
Evidenciar este tipo de anomalías y abusos de poder ha sido labor de periodistas y activistas defensores de derechos humanos, que en nuestro país trabajan bajo condiciones extraordinarias de inseguridad y precariedad, y aun así son capaces de encabezar la más importante cruzada por la legalidad en México.
El poder que tiene el crimen organizado en todo el territorio nacional y su creciente incursión en sectores de la economía formal, bajo el auspicio de autoridades locales y regionales, ponen en riesgo letal a cualquier ciudadano con el ánimo de evidenciar la forma en que operan los narcogobiernos.
Los atentados en contra el periódico Noroeste en 2015 y el lamentable asesinato de Javier Valdez de Rio Doce en 2017 pudieron haber significado el fin del periodismo crítico en Sinaloa. Más todavía porque ocurrió en un momento en que la libre circulación de contenidos en internet orillaba a muchas casas editoriales a convertirse en meros panfletos del gobierno, o a optar por la difusión de notas banales y amarillistas con tal de sobrevivir.
Sin embargo, ese periodo de crisis terminó por unir más al gremio, y como nunca antes se siente el compromiso por evolucionar hacia un periodismo de investigación y de denuncia, que no se conforma con replicar comunicados y declaraciones, sino que utiliza las herramientas de acceso a la información para ir a la fuente de los hechos, para que los ciudadanos conozcan la verdad, y que las arbitrariedades queden al descubierto, y de esa forma el abuso del poder no permanezca más en la impunidad.
Vemos así, que el combate a la corrupción y la protección de los derechos humanos está muy ligada a la labor de la sociedad civil organizada, representada en este caso por activistas y periodistas que en los últimos años se han colocado al frente, soportando los embates del crimen organizado y los señalamientos que se les hace de entorpecer la transformación del país.
En Sinaloa, desde el 2019 un grupo de comunicadores y organizaciones de la sociedad civil presentaron una primera iniciativa de ley de protección a periodistas, luego de una serie de consultas ciudadanas, en donde se discutió qué hacer ante el clima de inseguridad y las agresiones que impiden el libre ejercicio de la libertad de expresión.
Tuvieron que pasar más de tres años de lucha, y el terrible asesinato de otro reconocido periodista, como Luis Enrique Ramirez, para que la iniciativa saliera de la congeladora, fuera discutida de nueva cuenta y aprobada finalmente en mayo de 2022.
La ley establece los lineamientos y protocolos para prevenir, proteger, investigar y sancionar toda amenaza y agresión en contra de periodistas y personas involucradas en la defensa y promoción de los derechos humanos. Como complemento, también se reformaron algunos artículos al código penal estatal, con la intención de endurecer las sanciones para quien obstaculice el libre ejercicio de las actividades en este rubro.
Pero el triunfo más importante de esta nueva ley fue el encomendar la tarea a un nuevo organismo con autonomía técnica, presupuestal y de gestión. El nuevo Instituto estará conformado por un director general y un consejo consultivo, quienes tendrán en sus manos la protección de periodistas y personas defensoras de derechos humanos. Lo único que queda por resolver es quiénes serán sus integrantes. Ayer mismo se llevaron a cabo las comparecencias de los candidatos a ocupar los cargos. Aquí el Congreso del Estado tiene una responsabilidad inmensa, la de seleccionar a las personas más aptas, con la experiencia adecuada y totalmente independientes de cualquier grupo político. Está en juego la autonomía del instituto.
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