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Prensa y derechos humanos

Llaman a proponer perfiles idóneos para velar por la protección de defensores de derechos humanos y periodistas en Sinaloa

El Congreso del Estado emitió la convocatoria para formar parte del Consejo Consultivo del Instituto para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas

Lideresas defensoras de los derechos humanos, organismos anticorrupción y periodistas, hicieron un llamado a la sociedad civil sinaloense para proponer perfiles idóneos que velen por los derechos y seguridad de activistas y comunicadores.

Lo anterior, obedeciendo a la convocatoria emitida por el Congreso del Estado de Sinaloa para integrar el Consejo Consultivo del Instituto para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas.

Lo anterior es parte de lo que establece la Ley de Protección a Activistas y Periodistas, aprobada en mayo.

“Lo peor que podemos hacer es no apoyar esta Ley, no aprovechar este momento coyuntural que se abre para los sinaloenses y que hemos sufrido tanto en el tema de inseguridad y la falta de protección. Lo peor que podemos hacer es no participar. Estamos muy necesitados de que todos participemos”, urgió la presidenta de la Asociación de Periodistas 7 de Junio, Lidia Oralia Sarabia.

Por su parte, la lideresa del colectivo de búsqueda de personas desaparecidas, María Isabel Cruz Bernal, exhortó a la ciudadanía a socializar la Ley en cuestión.

“La Ley está y no queremos que quede en letra muerta”, dijo.

El Instituto se integra por un Consejo Consultivo, una Dirección General, un Órgano Interno de Control y demás estructura que señale su reglamento interior, de conformidad con las disposiciones presupuestales aplicables.

Las personas integrantes del consejo serán nombrados por el Congreso del Estado por las dos terceras partes de los miembros presentes, previa convocatoria pública observando el principio de paridad de género. Durarán en su encargo de cuatro años, con posibilidad de reelección por una sola ocasión, el cargo será honorífico.

El director general del Instituto será nombrado por el Congreso del Estado mediante convocatoria pública que deberá ser transparente. Durará en su encargo cinco años y no podrá ser reelecto.

El Instituto contará con un Órgano Interno de Control, con autonomía técnica y de gestión para decidir sobre su funcionamiento y resoluciones y la persona será designada por el Congreso, mediante convocatoria, con el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes.

Durará en su encargo seis años, y no podrá ser reelecto.

“Para nosotros es muy importante que las personas que aspiren al cargo tengan un perfil idóneo”, recalcó la periodista Sibely Cañedo Cázarez.

Marlene León Fontes, directora de la organización anticorrupción Iniciativa Sinaloa, señaló que se mantendrán vigilantes de que el proceso de selección sea transparente y sin intereses ocultos.

“Es muy importante que las personas que lleguen demuestren que fue a partir de un proceso de designación público abierto y transparente. Queremos un instituto que funcione y que no esté para simular, y que el presupuesto no sea una excusa para ello”, destacó.

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