Valentía, una virtud política indispensable

La primera víctima del autoritarismo es la dignidad humana. Toda deriva autoritaria comparte una característica fundamental: la necesidad de dividir a la sociedad entre quienes merecen pertenecer y quienes deben ser excluidos.

La exclusión puede adoptar muchas formas. A veces es jurídica. Otras veces es política. En ocasiones es económica o cultural. Pero siempre comienza con una idea aparentemente simple y profundamente peligrosa: que existen personas cuyas opiniones, derechos o incluso su propia existencia valen menos que las de los demás.

La historia ofrece numerosos ejemplos de este fenómeno. Uno de los más inquietantes fue la Aktion T4, un programa implementado por el régimen nazi a partir de 1939 y coordinado desde una oficina ubicada en Tiergartenstraße 4, en Berlín.

Oficialmente se presentó como un programa de eutanasia. En realidad, constituyó un mecanismo de eliminación sistemática de personas consideradas por el régimen como una carga para la sociedad: personas con discapacidad, pacientes psiquiátricos o individuos catalogados como improductivos.

Lo más perturbador no fue únicamente el crimen. Fue la lógica que lo hizo posible. Antes de eliminar personas, el régimen eliminó su condición de iguales.

Antes de los asesinatos existieron formularios administrativos. Antes de las cámaras de gas existieron categorías burocráticas.

Antes del exterminio existió una narrativa que convenció a miles de personas de que algunas vidas tenían menos valor que otras. Esa es quizá una de las lecciones más relevantes que nos dejó el Siglo 20.

Los regímenes autoritarios no comienzan persiguiendo a todos. Comienzan señalando a algunos. Primero son los distintos. Después los incómodos. Luego los críticos. Finalmente, cualquiera que se resista a aceptar la verdad oficial.

El problema no es solamente la violencia física. Es la construcción progresiva de una cultura política donde la diferencia deja de ser legítima y se convierte en motivo de sospecha. Toda democracia sana necesita exactamente lo contrario. Necesita ciudadanos capaces de convivir con quien piensa distinto.

Necesita instituciones que protejan a las minorías. Necesita gobiernos que entiendan que ganar una elección no equivale a convertirse en propietarios de la nación. Porque ninguna mayoría es permanente. Todas las mayorías son transitorias. Todas.

Y precisamente por ello las democracias se construyen sobre límites al poder y sobre el reconocimiento de la dignidad de quienes piensan diferente. Cuando el objetivo de un proyecto político deja de ser persuadir y se convierte en eliminar todo aquello que no coincide con su visión del mundo, la democracia comienza a vaciarse de contenido.

Permanecen las elecciones. Permanecen los discursos. Permanecen las instituciones. Pero desaparece el pluralismo.

Sin pluralismo no existe democracia. Pronto llegará también una prueba decisiva para las instituciones electorales mexicanas. En los próximos días surgirán nuevos partidos políticos, nuevas expresiones de organización ciudadana que buscarán incorporarse a la vida pública. Entonces veremos con claridad cuál es la verdadera naturaleza de nuestras autoridades electorales.

La disyuntiva es sencilla: servir a la nación o servir al régimen. En una democracia, el pluralismo político no es un problema que deba contenerse, sino una riqueza que debe protegerse. La existencia de nuevas fuerzas políticas, nuevas ideas y nuevos proyectos de país constituye una manifestación de libertad, no una amenaza para la estabilidad institucional.

Las autoridades electorales no fueron creadas para seleccionar qué voces merecen participar y cuáles deben permanecer excluidas. Su función es garantizar reglas justas para todos, no administrar ventajas para quienes temporalmente ocupan el poder.

Por eso, cuando llegue el momento de decidir sobre el acceso de nuevas fuerzas políticas a la competencia democrática, las instituciones estarán obligadas a responder una pregunta fundamental: ¿su lealtad está con la Constitución o con quienes hoy gobiernan?

La respuesta importa porque el pluralismo no es una concesión de las mayorías. Es una condición indispensable de la democracia. Allí donde solo existe una voz, una narrativa o un proyecto político permitido, la democracia deja de ser un sistema de libertades y comienza a convertirse en un mecanismo de dominación.

Toda democracia auténtica acepta el riesgo de la competencia. Solo los regímenes autoritarios temen la aparición de nuevas alternativas. Por eso la valentía sigue siendo una virtud política indispensable. Valentía para defender principios cuando hacerlo tiene costos.

Valentía para ser congruente con la propia biografía. Valentía para decir la verdad cuando la mentira se vuelve rentable. Valentía para ejercer la crítica cuando el conformismo se convierte en regla.

Valentía para defender la libertad incluso cuando la mayoría parece celebrar su deterioro. Valentía para mantenerse de pie cuando el poder exige sumisión. Valentía para recordar que las instituciones no pertenecen a los gobiernos, sino a las y los ciudadanos.

Porque, frente al autoritarismo, la primera obligación de una persona libre no es obedecer. Es conservar la dignidad. Y la dignidad comienza cuando una persona es capaz de decir: ¡Basta!

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El autor es especialista en materia político-electoral, comunicación política e innovación.