Violencia letal: cinco preguntas clave para pacificar al país
Desde el inicio de la actual administración federal, el debate sobre seguridad pública en México ha girado alrededor de una pregunta: ¿está disminuyendo la violencia? Se trata de una interrogante fundamental, pero insuficiente para construir un diagnóstico útil para la política pública. Evaluar el comportamiento de la violencia letal únicamente a partir de la reducción reciente del homicidio doloso puede conducir a conclusiones incompletas y, en consecuencia, a decisiones mal orientadas. Para saber si México realmente avanza hacia la pacificación es necesario ampliar la discusión e incorporar cuatro dimensiones indispensables.
La primera es la perspectiva de largo plazo. Una reducción anual siempre es una buena noticia en un país que durante años ha enfrentado niveles extraordinarios de violencia. Sin embargo, resulta insuficiente si, al observar la evolución de la última década, el problema continúa siendo mayor que al inicio del periodo.
La segunda es el enfoque territorial. Los promedios nacionales ocultan profundas diferencias entre regiones, entidades y municipios, donde la violencia evoluciona de manera muy distinta.
La tercera es la magnitud del fenómeno. Que la violencia disminuya no significa necesariamente que sus niveles sean aceptables frente a estándares nacionales o internacionales.
Finalmente, están las transformaciones de la violencia. El homicidio doloso sigue siendo el principal indicador, pero ya no basta para comprender el fenómeno cuando también crecen las desapariciones, los feminicidios y otros delitos contra la vida.
Preguntas de necesario planteamiento
Incorporar estas cuatro dimensiones permite responder cinco preguntas clave para entender el comportamiento de la violencia letal: ¿La reducción reciente revierte el deterioro acumulado? ¿Qué territorios concentran hoy el problema? ¿Qué estados se han vuelto más violentos? ¿Qué expresiones de la violencia están creciendo? Por último: ¿los niveles actuales son aceptables frente a referentes internacionales? Éstas son las preguntas que busca responder el monitoreo mensual De la Violencia a la Pacificación de México Evalúa.
La respuesta es clara: México sigue siendo más violento que en 2015, aunque menos que hace un año. Entre enero y mayo de 2026, la violencia letal disminuyó 20 por ciento respecto al mismo periodo de 2025, lo que constituye la reducción más importante observada en los registros recientes.
Sin embargo, esa mejora todavía no compensa el deterioro acumulado durante la última década. Comparado con enero-mayo de 2015, cuando el Secretariado Ejecutivo comenzó a reportar víctimas, el país registra todavía 26 por ciento más violencia letal.
En otras palabras, existe una mejora reciente, pero insuficiente para afirmar que México haya regresado a niveles de violencia comparables con los del inicio de la serie.
La reducción nacional tampoco ha ocurrido de manera homogénea. Si la comparación se realiza únicamente con 2025, la mayoría de las entidades muestran mejoras. Sin embargo, cuando el análisis incorpora una perspectiva de largo plazo, el panorama cambia de forma importante. Veintiún entidades federativas presentan actualmente mayores niveles de violencia letal que en 2015.
Los casos más preocupantes son Colima, Nayarit y Quintana Roo, donde la violencia se ha incrementado de manera extraordinaria durante la última década. En contraste, Coahuila, Tlaxcala y Querétaro destacan entre los estados que han logrado reducciones sostenidas. El mensaje es claro: la disminución reciente no ha revertido el deterioro territorial acumulado.
La violencia letal tampoco se distribuye de manera uniforme en el territorio nacional. La región norte concentra simultáneamente la mayor tasa de violencia letal y el mayor número absoluto de víctimas. Entre enero y mayo de 2026 registró una tasa de 22.9 víctimas por cada 100,000 habitantes, además de 6,722 víctimas: aproximadamente una de cada cuatro registradas en el país.
Aunque existen focos de alta violencia en prácticamente todas las regiones, el norte continúa siendo el principal espacio de concentración de la violencia letal, lo que refleja la persistencia de disputas criminales asociadas con corredores estratégicos para economías ilícitas y mercados internacionales.
La respuesta también cuestiona la idea de que basta observar el homicidio doloso. Mientras este ha mostrado una reducción de largo plazo, otras expresiones de la violencia letal continúan expandiéndose. Desde 2015, los otros delitos contra la vida aumentaron 173 por ciento, las personas desaparecidas y no localizadas crecieron 132 por ciento y los feminicidios aumentaron 53 por ciento.
Más preocupante aún resulta la expansión territorial de las desapariciones. Este fenómeno se incrementó en 26 entidades federativas, convirtiéndose en el componente de la violencia letal que más se ha extendido por el país. Ello sugiere que reducir el homicidio doloso no implica necesariamente disminuir todas las formas de violencia letal y que las políticas públicas requieren respuestas diferenciadas para cada una de ellas.
La respuesta es no. Aun considerando la reducción reciente, México mantiene niveles de homicidio doloso elevados frente a referentes internacionales relevantes. La tasa nacional observada entre enero y mayo de 2026 se ubica en un nivel alto frente a los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y también respecto a los 10 principales socios comerciales del país.
Además, el promedio nacional esconde realidades mucho más graves. Once entidades federativas presentan niveles clasificados como muy altos o extremos frente a esos referentes internacionales. Colima, por ejemplo, supera incluso los niveles máximos observados entre los países de la OCDE. Esto significa que, aunque la tendencia reciente sea favorable, la violencia homicida en México continúa siendo incompatible con los estándares de seguridad observados en democracias consolidadas y en buena parte de las economías con las que el país mantiene sus principales relaciones comerciales.
Reducir la discusión pública a la pregunta de si los homicidios bajaron o subieron implica perder de vista buena parte del problema. La política pública en seguridad necesita diagnósticos capaces de distinguir entre mejoras coyunturales y cambios estructurales. También debe identificar los territorios donde la violencia persiste, reconocer las formas de violencia que están creciendo y valorar si los niveles alcanzados son realmente aceptables. De este modo será posible asignar mejor los recursos, priorizar intervenciones donde más se necesitan y evaluar con mayor precisión el desempeño de las instituciones de seguridad y justicia.
En otras palabras, medir mejor la violencia es una condición indispensable para diseñar mejores políticas de pacificación.
El autor: Armando Vargas es doctor en Ciencia Política, profesor de posgrado en la UNAM y coordinador del programa de seguridad pública de México Evalúa. Redes: @BaVargash y @mexevalua
