"A propósito de García Luna... Chuy Toño también fue mencionado en juicio de El Chapo"

Con la detención de Genaro García Luna en Estados Unidos, acusado de narcotráfico y de dar protección al Cártel de Sinaloa durante el sexenio de Felipe Calderón cuando fungió como Secretario de Seguridad Pública federal, salta a la palestra que hay un ex funcionario sinaloense cuyo nombre también salió a relucir en la Corte de Nueva York.

Y es que en el juicio contra Joaquín “El Chapo” Guzmán, Jesús “El Rey” Zambada García, hermano de Ismael “El Mayo” Zambada, declaró haber entregado sobornos por 3 y 5 millones de dólares a García Luna entre 2005 y 2007 como protección a las actividades del grupo sinaloense.

Pero en ese mismo juicio, Vicente Zambada Niebla, “El Vicentillo”, hijo de “El Mayo” Zambada, declaró que en la nómina del cártel sinaloense estaba Jesús Antonio Aguilar Íñiguez, Chuy Toño, director de la Policía Ministerial del Estado entre 2011 y 2016 en el Gobierno estatal de Mario López Valdez.

Alan Feuer, reportero de The New York Times que cubrió el denominado “Juicio del Siglo”, dio a conocer que “El Vicentillo” reveló que su padre puso en el cargo policiaco a Chuy Toño, al igual que a policías locales, federales y funcionarios de la PGR.

“Dijo que su padre pagó a la Policía del Estado en Sinaloa, incluido el hombre que la dirigía, Chui Tonio (Chuy Toño), los policías locales de Sinaloa, la Policía Federal y los funcionarios de la PGR”, citaba el tuit de Feuer.

Incluso, se presentaron grabaciones de audio en las que Guzmán Loera ordenaba a Chuy Toño a realizarle mandados.

También se mostraron cartas escritas en las que supuestamente “El Chapo” tenía comunicación con el director de la PME.

Ante estos señalamientos, el ex jefe funcionario malovista jamás habló o se deslindó.

Aguilar Íñiguez fue un controvertido jefe policiaco que durante al menos dos sexenios (1999-2004 y 2011-2016) estuvo a cargo de la persecución de los delitos de fuero común en Sinaloa, al mismo tiempo en que era públicamente denunciado por presuntos vínculos con el narcotráfico y de ejercer la tortura como método sistemático para obtener confesiones ilegales a personas detenidas, para que se declararan culpables.

Encumbrado en la administración del Gobernador Juan Millán Lizárraga (1999-2004), Chuy Toño salió en septiembre de 2004 por la puerta trasera de la administración estatal cuando quedó evidenciado que su jefe de Investigaciones, Pedro Pérez, era escolta personal de Rodolfo Carrillo Fuentes, quien fue asesinado el 11 de septiembre de 2004 en conocida plaza comercial de Culiacán.

Este crimen cambió la estructura del narcotráfico en Sinaloa y el País al romperse la alianza entre Guzmán Loera-Zambada Niebla y los Carrillo Fuentes, en ese entonces considerado el clan más fuerte del narcotráfico en México.

La Procuraduría General de la República cateó varias propiedades de Aguilar Íñiguez en zonas exclusivas de Mazatlán y en Escuinapa, su tierra natal, por sus presuntos nexos con el crimen organizado.

Incluso, de 2005 a 2009, fue boletinado por esta dependencia como uno de los más buscados, hasta que ese mismo año desistió de los cargos en su contra.

Los más de seis años que se mantuvo con bajo perfil finalizaron en marzo de 2011, cuando se le vio coordinando un operativo en Guamúchil, junto con el entonces comandante de la Novena Zona Militar, Moisés Melo García, para trasladar a Culiacán a unos detenidos durante un enfrentamiento con fuerzas del orden.

Desde ahí quedó en claro que estaba de vuelta en la vida pública de la entidad, lo que incluso hizo que el propio Gobernador Mario López Valdez reconociera que lo había integrado a su gobierno, en un principio, como una especie de coordinador de seguridad pública, antes de nombrarlo de nueva cuenta director de la entonces PME.

“No se puede atacar a la delincuencia con blancas palomitas”, refirió Malova ante los cuestionamientos de porqué Aguilar Íñiguez, a pesar de sus antecedentes y presuntos vínculos, regresaba a la administración pública.

La escisión de grupos del Cártel de Sinaloa, en particular los vinculados con los Beltrán Leyva, convirtió al estado en un “baño de sangre”, cuyos epicentros fueron Mazatlán y la zona norte de la entidad.

Estos grupos antagónicos a “El Chapo” y “El Mayo” Zambada acusaban de que el Gobierno de Malova, a través de la Policía Ministerial del Estado y el Grupo Élite de la Policía Estatal Preventiva, realizaba el “trabajo sucio” para el Cártel de Sinaloa.

Y mientras esto ocurría, Aguilar Íñiguez era reconocido por agencias de Estados Unidos, al igual que ocurrió con García Luna en su momento, como un policía ejemplar en el combate a los grupos criminales.

Y a pesar de las denuncias en su contra el Gobierno de Malova jamás lo investigó, y permitió que por su servicio al Estado durante tres décadas se jubilara.