A un año de la desaparición de Ramsés y Ricardo, familiares se manifiestan en el Palacio Municipal de Culiacán
Al cumplirse un año de la desaparición forzada de los jóvenes Ramsés Bastidas Arreola y Ricardo Lechuga Verdugo, las familias se manifestaron frente al Palacio Municipal de Culiacán para exigir su localización, denunciando una red de opacidad dentro de la corporación local.
Gracia Arreola, mamá de Ramsés, y Adriana Verdugo, mamá de Ricardo, compartieron en una manifestación en el Ayuntamiento de Culiacán a las 10:00 horas, que el caso ocurrido el 28 de abril de 2025, mantiene a cinco elementos policiales en una investigación marcada por fugas, una muerte y el silencio procesal.
La reconstrucción de los hechos sitúa el origen de la tragedia en la sindicatura de Aguaruto y según el testimonio de las madres que vestían de blanco con lonas en mano, señalaron que hace un año Ramsés se encontraba sentado en una banca hablando por teléfono con su novia cuando fue abordado por agentes municipales, quienes lo ingresaron a la comisaría local.
Poco después llegó Ricardo y los oficiales revisaron su mochila y, aunque testigos difieren sobre si lo metieron a la estación o lo subieron directamente a una patrulla, ambos fueron sacados del lugar con rumbo desconocido.
Las familiares compartieron que desde entonces no existe rastro de ellos y nunca fueron presentados ante barandilla ni ninguna autoridad competente, ya que también informaron que el celular de Ricardo nunca salió del área de Aguaruto, mientras que la última ubicación del teléfono de Ramsés fue en Culiacán.
Dentro de la investigación que involucra a cinco agentes, el avance más concreto ocurrió el pasado 4 de abril con la detención de un policía municipal.
Durante la manifestación se compartió que el oficial fue capturado, presuntamente en un retén mientras vestía de civil, y ha sido vinculado a proceso por el delito de desaparición forzada.
Sin embargo, para las familias, la detención no ha traído la verdad.
A pesar de haber comparecido en cuatro audiencias, las madres dijeron que el agente se ha negado sistemáticamente a testificar.
“Le preguntan y le dan la palabra y él no más dice que no, se niega a testificar”, lamentó Adriana Verdugo.
El panorama de los otros cuatro policías involucrados complica el acceso a la justicia ya que un oficial falleció el 11 de marzo.
La familia denunció una contradicción institucional, pues mientras les informaron que los implicados estaban prófugos, el reporte del deceso indicaba que el agente salía de trabajar al momento de ser asesinado.
Los familiares también compartieron que dos elementos de seguridad están desaparecidos y la autoridad no ha esclarecido si están huyendo de la justicia o si se desconoce su paradero por otras causas.
También hay un elemento restante cuyo estatus jurídico o paradero no ha sido precisado.
Para las madres de las víctimas, la prioridad no es el castigo institucional, sino el regreso de sus hijos.
“A nosotros no nos importa qué hagan con ellos, con los policías... nosotros solo queremos a nuestros hijos”, sentenció Gracia Arreola.
