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Derechos Humanos

Acumula Fiscalía de Sinaloa 12 quejas ante la CEDH por retrasos en investigaciones

El informe anual 2024 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos documenta 12 recomendaciones dirigidas a la Fiscalía estatal por dilación e irregularidades en la integración de carpetas, con casos que datan desde 2009 hasta 2024
27/07/2025 19:52

CULIACÁN._ Durante el año 2024, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa emitió 12 recomendaciones dirigidas a la Fiscalía General del Estado por violaciones relacionadas con la falta de diligencia en la integración de carpetas de investigación.

De acuerdo con el Informe Anual de Actividades 2024 de la CEDH, en todos los casos, el organismo acreditó que existieron demoras injustificadas, omisiones o deficiencias procesales que vulneraron el derecho de acceso a la justicia de las personas denunciantes.

En la primera recomendación emitida durante el año, la CEDH documentó que la Fiscalía General del Estado de Sinaloa mantuvo inactivas por años dos carpetas relacionadas con fraude y abuso de confianza. Las denuncias habían sido presentadas desde 2019, pero no hubo avances sustanciales, lo que motivó una queja por dilación procesal.

Otra recomendación, fue emitida por una denuncia por daños y amenazas interpuesta en noviembre de 2020. Para 2023, la carpeta continuaba sin avances significativos, en estado de investigación inicial y sin atención por parte del Ministerio Público.

En el caso identificado como 6/2024, los hechos ocurrieron en 2019. La persona denunció delitos de falsificación y uso indebido de documentos, pero la autoridad tardó más de dos años en convertir la denuncia en carpeta de investigación, y omitió realizar diligencias básicas.

También se identificaron omisiones periciales. En una carpeta abierta desde agosto de 2023, las autoridades no incorporaron dictámenes clave al expediente, pese a que fueron solicitados con antelación, lo que impidió el avance de la investigación.

En otros expedientes, como los que dieron origen a las recomendaciones 14/2024 y 16/2024, se acreditaron integraciones irregulares y demoras sin justificación, además de la falta de notificaciones a las víctimas sobre el estado de sus casos. Ambos casos eran por denuncias por desaparición de un familiar.

Algo similar ocurrió en la resolución 17/2024, basada en una denuncia por desaparición fechada en febrero de 2018. Durante 2023, se advirtió que el expediente contenía documentos que no correspondían y le faltaba información fundamental.

Uno de los señalamientos también refiere negligencia en el traslado de una carpeta de investigación iniciada en otra entidad federativa. Según el informe, un expediente iniciado en 2021 ante la Fiscalía General de la República en Sonora, y turnado en 2022 a la Fiscalía de Sinaloa quien abrió formalmente una nueva carpeta hasta mayo de 2024.

En una queja presentada por una víctima de violencia familiar, se documentó que, durante varios meses, la persona no recibió respuesta ni información sobre su denuncia, a pesar de haber solicitado en diversas ocasiones conocer el avance del caso.

Uno de los expedientes que motivó la recomendación 27/2024, fue en el que se denunció la comisión de actos de tortura por parte de agentes ministeriales. Además de la agresión, la carpeta presentó retrasos desde su apertura y deficiencias en la recopilación de pruebas.

La recomendación con número 27/2024 tiene origen en hechos de 2009, cuando una persona fue detenida por secuestro y denunció actos de tortura. El expediente revela que la investigación sobre los abusos fue mal integrada y marcada por la inacción institucional.

También se resolvió una queja por negligencia médica, presentada en 2019, en la que la víctima no pudo acceder a copia certificada del expediente. La Fiscalía no realizó diligencias clave ni ofreció respuesta oportuna.

Finalmente, en la recomendación 42/2024 refiere un caso ocurrido en enero de 2022, en el que una persona fue detenida por alterar el orden público y recluida por más de 36 horas sin resolución judicial. Además, denunció agresiones físicas bajo custodia, omisión de rendición de informe y falta de audiencia.

El informe detalla que todas las recomendaciones fueron aceptadas por la Fiscalía General del Estado, aunque hasta el momento, su cumplimiento se mantiene en etapa parcial.