Acusan uso desproporcionado de la ley tras denuncia de Diputada de Morena en Sinaloa por mensajes en chat privado
La activista María Emma Zermeño López calificó como un uso excesivo del poder la denuncia presentada en su contra por la Diputada de Morena, Almendra Ernestina Negrete Sánchez, al advertir que el caso podría abrir un debate sobre los límites de la libertad de expresión cuando se trata de conversaciones privadas.
En un encuentro con medios, Zermeño López afirmó que cuando ocurrieron los hechos que derivaron en el proceso legal ni siquiera tenía relación personal con la legisladora, por lo que consideró que el conflicto surgió a partir de comentarios realizados en un entorno que, aseguró, era privado.
La activista señaló que el procedimiento judicial podría sentar un precedente delicado si se permite que conversaciones entre particulares sean utilizad as como base para sanciones legales.
“No soy un personaje ni un número dentro de un expediente. Soy una persona real con una historia, con sentimientos, forjada con esfuerzo para intentar construir una vida digna y tranquila. He dedicado años de mi vida a servir desde distintos espacios a mi comunidad, así como formarme de manera profesional en diversas áreas”, señaló.
Destacó que su interés de hacerlo público es buscando una justicia ajena al abuso de poder.
“Estoy aquí porque lo que está en juego rebasa mi nombre y mi historia, porque lo personal es político. Lo que está en juego hoy en este país es el acceso a ejercer la libertad de expresión y el abuso de poder. Las autoridades consideran genuinamente que una conversación privada puede ser arrancada de su contexto, sacada de un espacio íntimo y usada para castigar a una ciudadana”
“Lo que está en juego es que cualquier persona en México puede ser vigilada, expuesta y sancionada por hablar en confianza como se habla con cualquier amigo en un ámbito que debería estar protegido por los derechos a la privacidad. y a la libertad de expresión, consagradas en nuestra Constitución. Así como permitir el uso de testimonios y pruebas debidamente comprobadas como falsas”
Exigió a las autoridades que retomen el caso y lo analicen desde una posición de defensa de derechos humanos.
“Hoy vengo a pedir que las instituciones jurisdiccionales Recuerden que su deber no es ampliar de el poder de castigo del Estado sobre la vida privada de las personas, sino proteger los derechos humanos frente a abusos, frente a los excesos y los precedentes peligrosos”, dijo.
El caso se originó a partir de mensajes enviados en un grupo de WhatsApp donde Zermeño emitió críticas hacia la diputada. Posteriormente, capturas de pantalla de esa conversación llegaron a manos de la legisladora, quien interpuso una denuncia por presunta violencia política en razón de género ante instancias electorales.
Durante la conferencia, Zermeño también expuso algunas de las solicitudes que, según dijo, forman parte de las medidas planteadas por la parte denunciante dentro del proceso.
Entre ellas mencionó una compensación económica, disculpas públicas y la aplicación de medidas cautelares, además de otras posibles sanciones derivadas del procedimiento.
La activista señaló que enfrenta el proceso en una condición desigual frente a la legisladora, al considerar que existe una diferencia considerable en recursos políticos y económicos entre ambas partes.
Asimismo, advirtió que, en caso de confirmarse una resolución en su contra, no tendría la capacidad económica para cubrir el monto que se le exige como reparación.
Aun con ello, manifestó su expectativa de que las autoridades resuelvan el caso conforme a derecho y con apego a los principios de justicia.
Zermeño fue respaldada por activistas de derechos humanos y feministas.
“Como integrantes de esos colectivos y sociedad civil organizada, asumimos como convicción y responsabilidad alzar la voz en defensa de las causas justas y de los derechos humanos. Especialmente cuando se generan condiciones de vulnerabilidad e indefensión frente a instituciones que deben garantizar justicia pronta, completa e imparcial”, urgió Korina Cervantes, activista.
“Por ello expresamos nuestra preocupación ante una sentencia reciente de una sala regional del Tribunal Electoral que impacta de manera directa y desproporcionada a una integrante de los colectivos locales, con efectos de que trascienden lo individual y colocan sobre la mesa el debate urgente sobre la que la justicia es con perspectiva de género, sí, pero también con el debido proceso, estándares probatorios claros y proporcionalidad”.
