Advierten activistas: Precarización en FGE y Poder Judicial frena justicia para mujeres en Sinaloa

La precarización laboral dentro de instituciones como la Fiscalía General del Estado y el Supremo Tribunal de Justicia de Sinaloa dificulta la emisión de sentencias que garanticen justicia para las mujeres, advirtieron activistas.

Ana Cristina Tortolero, integrante de la colectiva Amapas del Norte, señaló que, si bien ha habido cambios en las leyes y en la forma de atender a las víctimas, los recursos y el personal siguen siendo limitados.

“Me ha tocado escuchar testimonios de agentes del Ministerio Público que comparten que, al día, reciben más de 20 casos de violencia, más de lo que pueden soportar. No reciben contención emocional, entonces, por más voluntad y preparación que exista, la manera de actuar se vuelve complicada”.

“A esto se suma que psicólogas que laboran dentro de las instituciones deben brindar hasta siete u ocho sesiones de terapia seguidas y, además, capturar toda la información en la base de datos”, explicó.

Ana Cristina atribuyó la sobrecarga laboral a la falta de personal derivada de presupuestos insuficientes.

De acuerdo con el Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa, en 2025 la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género recibió 54 millones 275 mil 728 pesos, equivalente al 5 por ciento del presupuesto total de la Fiscalía General del Estado durante ese año.

La proyección para 2026 no es muy distinta: el proyecto enviado por el Gobierno del Estado contempla mil 135 millones 367 mil 806 pesos para la FGE, y 57 millones 577 mil 274 pesos para la Fiscalía Especializada.

Por su parte, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado recibió 790 millones 505 mil 546 pesos en 2025; de ese monto, solo 2 millones 127 mil 615 pesos fueron destinados a implementar políticas institucionales de equidad y perspectiva de género.

Aunque para el siguiente año el presupuesto aumentará en 176 millones 379 mil 659 pesos, el incremento para el tema de género será únicamente de 523 mil 036 pesos.

Priscila Salas, abogada e integrante de la colectiva feminista No se Metan con Nuestras Hijas, recordó el proceso tortuoso que enfrentan las mujeres que deciden denunciar.

“Tienen que disponer de tiempo, dinero y, en muchos casos, buscar acompañamiento para orientarse y conocer sus opciones de justicia. Además, deben pedir permiso en el trabajo, ver con quién dejar a sus hijas e hijos, ajustar horarios escolares, pagar transporte y, si viven en una sindicatura, gastar más de su salario para acudir a la Fiscalía”.

Priscila, quien ha acompañado a mujeres víctimas de violencia en sus procesos legales, indicó que muchas desisten de denunciar por lo costoso, tardado y desgastante del trámite, aun cuando están decididas a buscar justicia.

También señaló que existen jueces que no respetan los protocolos para juzgar con perspectiva de género ni el interés superior de niñas, niños y adolescentes.

“Por ejemplo, responsabilizan a la mujer de una agresión sexual o hacen señalamientos sobre su vestimenta, su conducta o el tiempo que tardó en denunciar”.

Recordó el caso de una manifestación frente al Poder Judicial, luego de que un juez clasificó como delito menor un caso de violación, argumentando que la víctima denunció cuatro años después, cuando tenía 16 años, aunque la agresión ocurrió cuando tenía 12.

El Consejo Estatal de Seguridad Pública reveló que Sinaloa presenta una impunidad del 97.76 por ciento, de acuerdo con el último Estudio sobre Seguridad y Justicia, con información de 2024.

En ese periodo, Sinaloa registró 34 mil 489 carpetas de investigación, así como 3 mil 185 causas iniciadas ante el Poder Judicial, mil 948 suspensiones condicionales del proceso, mil 951 sobreseimientos, 453 sentencias condenatorias en proceso abreviado, 79 sentencias en juicio oral y 13 absolutorias.

Frente a este panorama, la activista Heidy Mares, también integrante de No se Metan con Nuestras Hijas, advirtió que las mujeres están siendo asesinadas en la vía pública, pues la crisis de violencia ha generado condiciones de impunidad que favorecen a los agresores.

“¿Cómo deciden qué carpetas investigan y cuáles dejan en el abandono? No se están investigando los homicidios dolosos de mujeres. Este periodo de violencia ha servido como tapadera para no investigar casos de violencia de género”.

“Cuando asesinan a una mujer, de inmediato se dice que tenía nexos con el narcotráfico. Muchas veces ni siquiera investigan; solo lo presuponen”.

Hasta el 30 de noviembre de 2025, la FGE registró 29 homicidios dolosos contra mujeres, cinco más que en todo 2024. Además, 65 asesinatos de mujeres fueron tipificados como feminicidios, lo que representa un aumento del 109 por ciento respecto al año anterior.

Hasta octubre de 2025, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública posicionó a Sinaloa como la segunda entidad del país con mayor tasa de víctimas de feminicidio por cada 100 mil mujeres, con 2.98 casos.