Amparo del CPC a la Ley de Obras Públicas se sobreseyó; Diputada Flora Isela Miranda celebra

CULIACÁN._ Costosos e inservibles es como la Diputada Flora Isela Miranda Leal consideró a integrantes del Comité de Participación Ciudadana, quienes interpusieron un amparo en contra de las reformas a la Ley de Obras Públicas, sin embargo, el Congreso de Sinaloa fue notificado que el amparo se sobreseyó por un Juez y no se entró al fondo del asunto.

La notificación de la sentencia corresponde al juicio de amparo 863/2020 promovido por Enrique Hubbard Urrea y el resto de integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del Estado de Sinaloa fue notificada de sobreseimiento al Congreso de Sinaloa y se informó al Pleno el 17 de junio, mismo día en que se aprobó la convocatoria para encontrar integrantes de la Comisión de Selección, que posteriormente designa a las y los miembros del CPC.

“Debemos establecer correctamente las bases para la expedición de la convocatoria para que bajo esas bases se elijan los cinco de los nueve integrantes de la Comisión de Selección, quienes tendrán la gran responsabilidad, de realizar un análisis serio y con lupa, de los perfiles de los candidatos y candidatos que aspiren a formar parte del CPC, del SEMAES, quienes deberán ser evaluados y calificados rigurosamente, para escoger a los mejores, y así evitar que el Sistema Anticorrupción en Sinaloa, sea ineficiente, disfuncional e inoperante, todo por no elegir los perfiles adecuados, como sucedió con los costosos e inservibles integrantes del Comité de Participación Ciudadana en funciones”, dijo la legisladora Miranda Leal.

La Presidenta de la Comisión de Obras Públicas del Congreso de Sinaloa consideró que el Comité de Participación Ciudadana debe velar por lograr el funcionamiento y la eficiencia del Sistema Anticorrupción del Estado de Sinaloa, y establecer los mecanismos de coordinación entre los órganos de combate a la corrupción en el estado.

“Las bases mínimas de prevención de hechos de corrupción y faltas administrativas de los servidores públicos y los particulares, la emisión de políticas públicas integrales de combate a la corrupción, la correcta fiscalización y control de los recursos públicos, establecer las directrices básicas que definan la coordinación de las autoridades competentes para la generación de políticas públicas en materia de prevención, detección, control, sanción, disuasión y combate a la corrupción, así como todo lo expresamente dispuesto en el Artículo 3 de la ya citada Ley del Sistema Anticorrupción”, apuntó la Diputada como funciones del SEMAES.

Sin embargo, abundó, el Sistema Anticorrupción en Sinaloa ha tenido dificultades o momentos críticos que no han permitido lograr sus objetivos, haciendo un señalamiento y exponiendo que se debe al ineficiente funcionamiento y operación del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción.

“Un problema o muestra de su ineficiencia, la tenemos con su negativa a dar cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 35, Fracción VI, 36 Fracción VI, Y 37 Fracción VI de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la misma, que fue aprobada por esta 63 Legislatura, y los Artículos Cuarto y Quinto Transitorios, mismos que fueron modificados mediante el decreto 512, publicado el 23 de octubre del 2020, en el Periódico Oficial El Estado de Sinaloa, preceptos normativos que fueron impugnados en juicio de amparo, promovido por Enrique Hubbard Urrea y otros integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción de Sinaloa, que por cierto, el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa resolvió en sentencia el sobreseimiento del citado juicio de garantías”, manifestó.

La legisladora Miranda Leal reiteró el llamado para que se revisen los perfiles de las personas designadas para ocupar este tipo de cargos, que funcionan como partes importantes para lograr que la entidad avance en materia de combate a la corrupción y se propicie la transparencia.

“Debemos dejar claro, que el Comité de Participación Ciudadana, al interponer amparo en contra de los artículos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, impugna las normas esenciales que buscan mayor participación ciudadana para vigilar y combatir posibles actos de corrupción”, reiteró.